ENTREVISTA Ministra de Igualdad
El final de verano está siendo un periodo ajetreado para el Ministerio de Igualdad. En la última semana, el Congreso ha aprobado definitivamente una de las grandes apuestas del departamento de Irene Montero, la Ley del 'solo sí es sí', y el Consejo de Ministros ha enviado a la Cámara la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que refuerza el derecho al aborto. Montero defiende que ambas normas suponen un rotundo avance en los derechos de las mujeres y son, de alguna manera, fruto de la movilización feminista que se ha dado en los últimos años.
Por delante, otros retos: la ministra se ha marcado este año como plazo para que la Ley Trans quede también definitivamente aprobada, y en apenas semanas presentará un plan de inserción para víctimas de trata y explotación sexual, además de una campaña para abordar las masculinidades.
Una de las grandes novedades de la Ley del aborto es la regulación de la objeción de conciencia. ¿Qué pasará si en algún centro todos los profesionales se declaran objetores de conciencia?
Tienen que organizarse para cumplir la ley. Y la ley va a ser muy clara: las mujeres tienen que poder ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el centro hospitalario público más cercano a su domicilio y, por tanto, siempre tiene que haber personal disponible para ello. Igual que ya hemos hecho para la Ley de eutanasia, regulamos la objeción de conciencia, que es un derecho constitucional con el que vamos a cumplir escrupulosamente. Todo el personal sanitario se podrá declarar objetor si así lo desea, tanto en la pública como en la privada, y a partir de ahí, cada centro y cada comunidad autónoma tendrá que ver cómo organiza, porque es su competencia, los recursos para que se pueda hacer compatible el derecho a la objeción de conciencia, con el ejercicio de un derecho fundamental. Porque la interrupción voluntaria del embarazo forma parte de los derechos sexuales y reproductivos del derecho a la salud.
¿Eso podría implicar por ejemplo la contratación de más personal?
Cada comunidad autónoma y cada centro puede hacerlo como considere, pero lo que tienen que hacer es cumplir con la ley para que no pase como ahora, que hay comunidades autónomas en las que no se ha practicado ninguna interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos, según los últimos datos disponibles. Hay mujeres que se tienen que desplazar cientos de kilómetros y eso establece una barrera de clase que hay que eliminar, porque la mayoría no pueden permitirse pedir días en el trabajo, desplazarse y muchas veces hacerlo solas, que a veces puede ser su deseo, pero también pueden necesitar o desear compañía.
"Si una mujer no puede decidir sobre su proyecto de maternidad, no puede decidir sobre su proyecto de vida. Es importante que pongamos todos los esfuerzos para cumplir con la garantía del acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo
La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández (PSOE) aseguró que en su comunidad no encontraban la fórmula para hacer compatibles el derecho a la objeción de conciencia y al aborto porque todos los profesionales son objetores.
Las comunidades autónomas han tenido la oportunidad de leer el texto de la ley. Ese es parte del trabajo que hacemos con todas las normas entre primera y segunda vuelta: las entidades, organismos e instituciones tienen que hacer aportaciones y modificaciones. De hecho, hay varias comunidades que han enviado sus informes y con eso hemos seguido trabajando. Todas son muy conscientes de que hay que garantizar un derecho fundamental de todas las mujeres, como es el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Puede, incluso, faltar formación del personal sanitario, que es algo que nos decían muchas expertas y que tenemos que abordar. Es decir, la aprobación de la ley no es el final del camino. Vamos a tener que acompañar a las comunidades autónomas para su implementación. Los derechos sexuales y reproductivos son la puerta de entrada al acceso a otros muchos derechos. Porque si una mujer no puede decidir sobre su proyecto de maternidad, no puede decidir tampoco sobre su proyecto de vida. Y por tanto es importante que pongamos todos los esfuerzos, cada una y cada uno en el ámbito de nuestras competencia, para cumplir con la garantía del acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción de Embarazos (ACAI) advertía de que la sanidad pública no estaba lista para garantizar los abortos quirúrgicos. ¿Van, además, a asegurar que las mujeres puedan elegir siempre entre método quirúrgico o farmacológico?
Esta es una de las cuestiones en las que efectivamente pusieron atención ACAI y otras expertas durante la elaboración del texto. También es una de las cuestiones que más hemos hablado con el Ministerio de Sanidad, que es con quien hemos negociado el grueso de la norma. Efectivamente, tendrán que estar disponibles los dos métodos, el quirúrgico y el farmacológico. Si eso requiere trabajo de formación, habrá que abordarlo, pero las comunidades tendrán que garantizar los dos métodos en todos los centros y que las mujeres puedan elegir de forma informada.
¿Cuál es el futuro de las clínicas privadas acreditadas para interrumpir voluntariamente los embarazos?
Hay que reconocer y agradecer el trabajo que han hecho las clínicas y el personal que trabaja en ellas, que son fundamentalmente mujeres y seguramente el personal más formado que existe en nuestro país en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Ante la ausencia de la posibilidad de realizar abortos en la sanidad pública, esas clínicas han sido el sostén y las que han garantizado de facto la posibilidad de acceder a un derecho fundamental. Pero lo que corresponde cuando hablamos de un derecho fundamental es que sea la red pública la que sea la referencia. ¿Eso es incompatible con la existencia de clínicas privadas? En absoluto. De hecho, van a seguir existiendo.
Sobre las jóvenes de 16 y 17 años y la recuperación del derecho a abortar sin consentimiento familiar. ¿Tampoco será obligatorio informar a sus padres o tutores?
Lo pueden hacer si lo desean. De hecho, yo creo que en la mayoría de los casos una joven de 16 o 17 años, también una mujer mayor de edad, comparte esta decisión con sus seres queridos o con quienes consideran que pueden acompañarlas. Pero lo que el Estado reconoce es que son ellas, las mujeres de 16 a 18 años y las mujeres con discapacidad, quienes tienen la decisión, y que el Estado la respeta. Los casos más difíciles son aquellos en los que hay una oposición familiar fuerte o en los que hay una situación de violencia sexual que deriva en un embarazo no deseado. Y ahí es muy importante es que el Estado les devuelva un derecho ya reconocido que les negó el Partido Popular. Fue el PP, después de querer quitarnos a todas las mujeres el derecho a interrumpir voluntariamente nuestro embarazo y después de unas movilizaciones de un carácter seguramente sin precedentes, el que les negó la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo. La mayoría de edad sanitaria permite que una joven con 16 años pueda decidir someterse a una intervención de vida o muerte sin el consentimiento de sus padres; la excepción era el aborto.
La mayoría de edad sanitaria permite que una joven con 16 años pueda decidir someterse a una intervención de vida o muerte sin el consentimiento de sus padres; la excepción era el aborto
Llevamos tiempo hablando de la posibilidad de que el Constitucional resuelva próximamente y después de muchos años el recurso que el PP presentó a la Ley del aborto de 2010. ¿Trabajan con la hipótesis de que eso suceda o incluso de que pudiera haber un nuevo recurso a esta ley?
Esta está siendo una legislatura compleja para muchas familias y mujeres por la situación económica, social, porque hemos vivido una pandemia, las consecuencias económicas y sociales de una guerra. Normalmente en los periodos de crisis, los derechos de las mujeres son los que primero se ponen en cuestión y los primeros que sufren retrocesos. Basta ver el caso de Estados Unidos. Si el Tribunal Constitucional, que efectivamente lleva 12 años sin emitir ese informe, decide hacerlo ahora, lo estudiaremos y en base a ello el Gobierno actuará. Parte de los motivos que nos han llevado a tramitar con urgencia la ley del aborto tienen que ver precisamente con el hecho de que somos conscientes de que los derechos sexuales y reproductivos tienen que estar garantizados para todas las mujeres y vamos a seguir actuando para garantizarlo, venga lo que venga.
Otro de las puntos de la norma es la educación sexual integral, que también está en incluida en la ley de libertad sexual y que tiene que aplicarse ya este curso. Como materia transversal, es decir, sin asignatura específica y sin recursos propios asignados, ¿cómo van a garantizar que efectivamente haya contenido suficiente y adecuado?
La educación sexual es una absoluta prioridad, tanto para la prevención y la erradicación de las violencias machistas como para la garantía de todos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es fundamental desde las edades más tempranas: aprender a conocer tu propio cuerpo, que nadie puede tocarlo si no quieres, que aprendamos lo que es el deseo, las relaciones basadas en el consentimiento o que sepamos sobre infecciones de transmisión sexual. En España está habiendo un aumento bastante fuerte de las enfermedades de transmisión sexual, y entendemos que uno de los elementos fundamentales que está explicando esto es la ausencia de este tipo de educación, porque el aprendizaje de la sexualidad se da con los apoyos adecuados o sin ellos. Los datos disponibles nos dicen que hay casi un 70% de jóvenes de Secundaria que dicen que la educación sexual que han recibido no les ha sido útil y que las principales fuentes de información a las que acceden son Internet y los amigos y las amigas. La educación sexual es un derecho de los niños y de las niñas, no un debate moral, es un derecho fundamental y el Estado tiene que garantizarlo. Es una transformación estructural y en su implementación vamos a tener que hacer un acompañamiento a las comunidades autónomas, a los centros educativos, ver cuáles son los problemas y contribuir a su solución, siempre respetando también el marco competencial.
Al final, la norma no incluye como tal el término de violencia obstétrica, ¿por qué?
Eso ha sido una parte importante de las negociaciones que hemos tenido en el seno del Gobierno. La violencia obstétrica, tanto el término como su existencia, no es un invento de este Gobierno ni de este Ministerio ni de las feministas españolas, aunque hay muchas peleando por ello. Ya acumulamos dos condenas de Naciones Unidas por casos de violencia obstétrica. El consenso al que hemos llegado, no obstante, nos permite entender que es necesario promover las buenas prácticas y que las instrucciones y protocolos que permiten garantizar el parto respetado lleguen a todos los paritorios y a todos los hospitales de nuestro país. Hemos acordado que exista un protocolo de actuaciones comunes para promover esas buenas prácticas y, por tanto, acabar con las que en la ley hemos denominado innecesarias o inconvenientes. Y que la mujer sea respetada siempre en sus decisiones. A mí me hubiera gustado llegar más lejos, así lo planteé al inicio. Ha sido, además, una de las principales demandas de las asociaciones feministas. Pero, no obstante, creo que en el proceso negociador hemos sido capaces también de escuchar a los sanitarios y sanitarias, y, sobre todo, de llegar a un consenso que nos permita garantizar lo fundamental.
La educación sexual implica una transformación estructural y en su implementación vamos a tener que hacer un acompañamiento a las comunidades autónomas, a los centros educativos y ver cuáles son los problemas que hay
Precisamente, una de las quejas de la abogada que ha llevado los dos casos ante las Naciones Unidas es que no se ha resarcido a la mujer que consiguió la primera condena.
La reparación es una tarea que sigue pendiente por parte de nuestro país y vamos a tener que seguir dando pasos en ese sentido. Creo que la nueva ley podría haber llegado más lejos, pero también creo que los pasos que da son determinantes para que no se vuelvan a repetir situaciones y vivencias como las que han llevado a que España tenga esas dos condenas.
Pasando a la Ley de Libertad Sexual, se ha generado una polémica en los últimos días con el tema de las penas. ¿Hasta qué punto es posible que se utilice para pedir reducciones de condena a agresores sexuales ya procesados?
Esta ley se empezó a negociar en el año 2020 y nosotras siempre fuimos muy conscientes de que cuando se producen avances en los derechos de las mujeres, el único recurso que les queda a los machistas es la propaganda y el activismo machista como el que estamos viendo en este caso para tratar de alimentar el discurso del terror sexual y asustar a las mujeres. Una de las cuestiones que más trabajamos con el Ministerio de Justicia, en este caso con Juan Carlos Campo, que era el ministro en ese momento, fue la reforma del Código Penal que implica la ley. La jurisprudencia es muy clara: cuando las penas impuestas están en los márgenes de las nuevas penas aprobadas, no cabe revisión de esas sentencias. Si hay algo que tienen claro los millones de mujeres que salieron a decir 'solo sí es sí' o 'hermana, yo sí te creo' es que este es un avance y una victoria después de muchos años de lucha. No solo eso, es una ley integral cuyo objetivo no es solo que el Código Penal sea más feminista, sino sobre todo que establezcamos los mecanismos adecuados para la atención integral y para la reparación, la prevención y la erradicación de estas violencias.
La ley prevé que en 2023 haya un centro integral abierto permanentemente con atención psicológica, jurídica, etc., en cada provincia. El ministerio ya ha repartido los fondos pero actualmente solo Madrid y Asturias cuentan con uno. ¿Va a poder cumplirse en plazo con lo establecido en la norma?
Hemos trabajado mucho con las Comunidades y somos el único país que incorporó en los fondos europeos una prioridad absoluta de las cuestiones feministas. No hemos esperado a que la ley estuviese aprobada para empezar los trabajos de preparación y construcción de esos centros de crisis. Y, efectivamente, esos fondos están ya repartidos. Hay muchas particularidades en cada comunidad, que entienden que, además de que haya un centro por provincia, tiene que haber posibilidad de que haya desplazamientos. Pienso, por ejemplo, en las realidades insulares o muy dispersas territorialmente; habrá que adaptarse a cada territorio. Pero sí, creemos que se va a poder cumplir con el compromiso de que en 2023 estén en funcionamiento.
En el último debate en el Congreso sobre las enmiendas de la ley, la diputada de la CUP Mireia Vehí le reprochaba que la norma no contemplaba ninguna medida para los hombres o para trabajar las masculinidades.
Me gustan mucho las palabras de Saramago de que la violencia contra las mujeres es un problema de los hombres y, también es una reflexión que el feminismo está haciendo mucho en los últimos años, reconociendo por supuesto que las protagonistas de la lucha feminista somos las mujeres, pero que efectivamente una sociedad feminista es una sociedad mejor para todos y que los hombres tienen un papel ahí. Es una cuestión que vamos a abordar ahora. Muy pronto vamos a presentar una primera campaña relacionada con las nuevas masculinidades. Es un debate que que todavía está por desarrollar. El movimiento feminista ha puesto encima de la mesa de muy diversas formas esta cuestión. También hay muchos hombres que llevan años peleando no solamente en contra de las violencias machistas, sino en general reflexionando sobre cuál es su papel en la lucha feminista y en la sociedad feminista que queremos construir. Desde las instituciones podemos contribuir a ese debate y con esa intención hemos preparado esta campaña para aportar al debate. Desde luego cada vez más gente, también más hombres, tienen claro que una sociedad feminista es una sociedad mejor para ellos.
Vamos a presentar una campaña relacionada con las nuevas masculinidades. El feminismo lo ha puesto encima de la mesa y desde las instituciones podemos contribuir al debate. Cada vez más hombres tienen claro que una sociedad feminista es una sociedad mejor
Este verano hemos asistido a una gran alarma con los pinchazos que muchas mujeres han sufrido en contextos de ocio. Se suma al aumento de denuncias, especialmente entre jóvenes. Hay quien cree que hay un aumento de la violencia y otros que más bien se está produciendo un aumento de la detección y las denuncias. ¿Por qué tesis se inclinan desde el Ministerio?
La última macroencuesta de violencias, del año 2019, arroja datos muy preocupantes sobre la prevalencia de las violencias sexuales en nuestro país. Hasta hace muy poquito eran una realidad muy invisibilizada y con un altísimo nivel de infradenuncia. La encuesta dice que una de cada dos mujeres en nuestro país ha sufrido en algún momento de su vida algún tipo de violencia machista y que en el caso de las violencias sexuales se denuncian uno de cada diez casos. Hemos trabajado con una premisa, y es la que nos mandata el Convenio de Estambul y una de las bases de las demandas feministas, que es que el Estado tiene que ser capaz de proteger eficazmente a las víctimas de violencia sexual sin necesidad de poner denuncia, porque esa es nuestra obligación.
Hay muchas mujeres que han vivido las violencias sexuales desde la culpa o la vergüenza y ahora saben que no, que esto es una realidad estructural y que ni como vistes, ni la calle por la que vas, ni tu actitud en el trabajo lo justifica. Gracias a la lucha del movimiento feminista, las violencias sexuales forman parte del debate público. En eso hemos dado pasos de gigante. También creo que estos avances hacen que más mujeres confíen en las instituciones, y eso puede explicar el incremento de denuncias. Pero, no obstante, comparto la reflexión de que hay un interés y un intento por parte del machismo, frente a un momento de avance en los derechos de las mujeres, de alimentar los relatos del terror sexual. Tenemos que hacer frente a eso. Hay muchos falsos mitos en torno a las violencias sexuales y uno es que la mayoría de agresiones se producen en un callejón oscuro y por parte de un desconocido. Los datos son muy claros: la mayoría se ejercen por parte de hombres conocidos por ellas, en el entorno de trabajo, en los entornos de ocio, en los entornos familiares.
Decía usted estos días que el objetivo es que la ley trans esté aprobada antes de final de año. Hay quien sugiere que en la Comisión de Igualdad del Congreso podría haber retrasos más o menos interesados para que no llegue a ser aprobada antes de acabar la legislatura. ¿Temen esa dilación?
Para que haya una dilación alguien tendría que tener interés en que la haya. Y yo creo que ahora mismo en el Parlamento hay una mayoría feminista que sabe de la urgencia de garantizar los derechos para las personas LGTBI, porque también sus derechos se ven especialmente cuestionados y atacados en momentos de crisis. Esta es una ley que sirve para decirle a todo el mundo que puede ser quien es, sin miedo, sin culpa y sin discriminación, y que haya de una vez una despatologización. También una ley que dice que a ti no te pueden dejar de alquilar un piso porque tu pareja sea otra mujer o que no te pueden echar de un bar porque seas un hombre que va con otro hombre de la mano; es una norma para que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus proyectos de vida, ante una situación de aumento del odio y las agresiones LGTBI. Es, además, una de las que más consenso social genera de toda la acción legislativa del Gobierno. Eso lo dicen hasta las encuestas que han preguntado por esta ley con la intención de que el resultado fuese el contrario. Así que creo que no habrá dilaciones, porque no hay nadie que tenga interés en dilatar la aprobación de esta ley.
Lo que sí ha habido es un cambio en el Partido Socialista desde el argumentario en 2020 que criticaba la autodeterminación de género y con una posición muy dura al apoyo total a la ley trans.
Sobre todo, hemos llegado a un acuerdo. Fue una ley enormemente difícil de negociar. Generó mucho sufrimiento entre las personas LGTBI y particularmente entre las personas trans. Muchas veces ese debate derivó, quisiéramos o no, en discursos de odio, lgtbifóbicos y en tránsfobos. Yo he llegado a pedir perdón, era mi obligación, por la demora en llegar a un acuerdo y también porque no conseguimos todo lo que nos propusimos. Desde el texto inicial que el Ministerio de Igualdad presentó al acuerdo final nos dejamos cosas por el camino, por ejemplo, en el reconocimiento de las identidades no binarias. El Estado tiene una deuda con las personas LGTBI, particularmente con las personas trans, que han estado siempre a la vanguardia de las luchas democráticas y que, sin embargo, han recibido especialmente el odio y la discriminación, muchas veces también desde la arquitectura de las instituciones, que no tenían en cuenta su realidad y que les negaban el derecho más material y fundamental de todos, que es el derecho a ser quien eres, sin estigma o vulneración de tus derechos. El acuerdo al que hemos llegado es una buena ley que preserva lo fundamental, que es la libre determinación de la identidad de género, que avanza de forma decisiva en los derechos de las personas LGTBI y que nos permite situarnos a la vanguardia del reconocimiento de los derechos LGTBI. Ahora los grupos parlamentarios pueden también plantear mejoras. Es una buena ley y la vamos a defender el conjunto del Gobierno, no me cabe ninguna duda.
No habrá dilaciones en la tramitación de la Ley Trans en el Congreso porque no hay nadie que tenga interés en dilatar su aprobación. Es una buena ley y la vamos a defender el conjunto del Gobierno
El informe del Poder Judicial mencionaba el tema de la competición deportiva como un aspecto a mejorar. Hace unas semanas, la Federación Internacional de Natación restringía la participación de nadadoras trans salvo que hayan completado su transición a los 12 años, algo muy poco común. ¿Ve algún peligro para el deporte femenino o alguna mejora posible de la norma?
Dos consideraciones. La primera, lo que la Ley Trans dice es lo mismo que están diciendo los organismos deportivos internacionales. Es muy difícil tener disenso con eso, porque estamos diciendo simplemente que tiene que haber participación sin discriminación y ajustándonos a las decisiones de los organismos deportivos internacionales. Más allá del contenido concreto de la ley, impresiona que molesten las mujeres trans deportistas solo cuando ganan, no cuando pierden, cuando además son muy pocas las que consiguen participar en la alta competición. Impresiona también que preocupe el deporte de alta competición y no la realidad que viven la mayoría de los niños, niñas y niñes en la asociación del barrio, el polideportivo municipal o la extraescolar del colegio: poder participar de una práctica deportiva sin que seas discriminado, discriminada por ello. Ese es el verdadero objetivo que debemos perseguir, que las personas trans en nuestro país puedan participar plenamente de la vida pública y social.
¿Tiene previsto acudir a algún acto de Sumar próximamente?
Eso tiene que decidirlo Yolanda Díaz. En el primer acto que hizo nos pidió expresamente que no fuéramos y cumplimos con su voluntad. Ella tiene que dar su proceso y, mientras tanto, lo que podemos asegurar desde Podemos es que trabajamos para conseguir, tanto en las municipales y las autonómicas como después en las generales, un resultado electoral que nos permita gobernar con más fuerza. Todo el mundo en nuestro país se ha dado cuenta, primero, de que era posible gobernar durante muchos años. Dijimos que el objetivo tenía que ser gobernar, porque solamente si estamos en todos los espacios, las feministas sabemos muy bien eso, solamente si estamos en todos los espacios de poder somos capaces de hacer transformaciones profundas y con la rapidez y la urgencia que nuestra sociedad necesita. Vamos a aportar el Podemos más fuerte para ser capaces de gobernar con más fuerza. Y no me cabe duda de que Yolanda es nuestra candidata.
Yolanda Díaz tiene que dar su proceso y lo que podemos asegurar desde Podemos es que trabajamos para conseguir, tanto en las municipales y las autonómicas como después en las generales, un resultado electoral que nos permita gobernar con más fuerza
¿Hay posibilidad de que Podemos se presente al margen de Sumar o de Yolanda Díaz?
Yolanda es nuestra candidata y estoy convencida de que de que llegaremos a un acuerdo y que podremos sumar, seremos aliados electorales.
¿Y qué piensa cuando oye a Yolanda Díaz decir que en Sumar no quiere a partidos porque es un movimiento ciudadano?
Respeto el proceso que está dando y no me va a encontrar nadie generando un titular o un relato de que hay diferencias o de que hay oposición. Mi opinión sobre las formaciones políticas creo que la he dicho muchas veces, yo creo que la política es la herramienta que tiene la gente que no tiene otras fuentes de poder para mejorar sus vidas, la gente que no tiene tribunas en los grandes medios de comunicación, que no tiene telefonazo con el que determinar qué viene o qué no viene en una ley, como ha pasado durante mucho tiempo en nuestro país. En las organizaciones sindicales, los movimientos sociales, los partidos políticos... siempre que las personas nos juntamos unas con otras para conquistar objetivos comunes, hay dificultades, pero son las estructuras que nos permiten avanzar en derechos y hacer conquista democráticas. Por tanto, merecen todo mi respeto sin idealizar. Los partidos, los movimientos sociales, los sindicatos... tienen también muchísimos defectos como estructuras, pero son las herramientas que tenemos para juntarnos codo con codo y pelear por nuestros derechos. Y es una de las bases también de la democracia, así lo reconoce la Constitución.
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