El pederasta condenado por el 'caso Gaztelueta', José María Martínez, ha aceptado por fin el proceso canónico abierto a instancias del Papa y encargado al obispo de Teruel, José Antonio Satué, y ha nombrado una nueva abogada para continuar con un procedimiento que, como adelantó elDiario.es, ya está a punto de culminar y solo depende de las sucesivas 'trampas' que los defensores de Martínez siguen poniendo.
De hecho, la próxima semana Satué recibirá a la nueva abogada y al pederasta condenado, con el fin de avanzar un proceso que ya estaba culminado, y que las sucesivas trabas puestas por la antigua defensa –defenestrada por la Signatura Apostólica– no hicieron sino posponer. “Ahora el delegado me ha citado para, según dice, retomar el proceso. Me cuesta comprender por qué —hasta donde yo sé— soy el único fiel laico del mundo al que la Iglesia juzga retroactivamente por un caso de abusos. Querría saber si voy a seguir siendo el único”, afirma Martínez en una carta enviada al Papa y que ha colgado en su blog, en la que vuelve a pedirle, por tercera vez, un encuentro personal. De nuevo, con respuesta negativa.
“Recientemente recibí una comunicación de la Secretaría de Estado Vaticana en la que se me informaba de que no podría entrevistarme con el Santo Padre y de que al terminar el proceso canónico que se me ha abierto —que desde mi punto de vista y el de muchos expertos en derecho es injusto y arbitrario—, se estudiaría esa posibilidad”, escribe José María Martínez Sanz, que deja caer que la condena ya está escrita, y que se saldará con su expulsión del Opus Dei y la obligación de una indemnización a la víctima. Algo que, en todo caso, debería abonar el colegio Gaztelueta o, en su defecto, la Obra. “Por diversos cauces que otras veces han acertado me ha llegado que se va a proponer que yo sea expulsado del Opus Dei y que Juan Cuatrecasas sea indemnizado con una elevada suma de dinero” escribe el pederasta condenado al Papa.
Pendientes del informe sobre abusos
El constante desafío de este ex profesor condenado por la Justicia a la investigación reabierta por el Papa en el seno de la Iglesia sobre el 'caso Gaztelueta ' hace aún más ruido tras la presentación del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales a menores por parte de religiosos o acaecidos en entornos vinculados a la Iglesia católica. Ángel Gabilondo destacó en la entrega de la investigación a la presidenta del Congreso que la Iglesia ocultó los abusos, y pidió además la creación de un fondo estatal para indemnizar a las víctimas. En el informe, de 777 páginas, se incluye una encuesta que revela que un 1,13% de la población ha sufrido abusos en un entorno religioso, lo que supondría unas 450.000 víctimas en todo el país, y que un 0,6%, unas 240.000 personas, han sido agredidas por parte de un sacerdote.
La Conferencia Episcopal reaccionó de forma crítica ante esas cifras, y aunque pidió perdón a las víctimas por lo recogido en la investigación, negó que las cifras fueran reales. “Duelen los abusos cometidos en la Iglesia. Sorprende también la extrapolación que se hace de los datos obtenidos en una encuesta adjunta al informe. No corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan lealmente y con entrega de su vida al servicio del Reino”, señalaron los obispos.
Sobre la propuesta de indemnizar a los afectados, la Iglesia española dijo estar a favor, pero poniendo por delante un enorme escollo: condiciona la reparación a las víctimas a que también lo haga “la comunidad educativa o las federaciones deportivas”. “Todas las víctimas son víctimas”, recalcó el portavoz de la Conferencia Episcopal, César García Magán. “Si se crea un organismo al efecto, que cuente con la participación de todos. La Iglesia está dispuesta a contribuir, pero también debería hacerlo la comunidad educativa, las federaciones deportivas....”, para que “no quepa duda que es un problema social que también ha estado en la Iglesia, y que no es una cuestión de titulares ni de números”, se escudaron.
Por otra parte, los obispos deben decidir qué hacer con su propia auditoría sobre abusos, encargada al bufete Cremades & Calvo-Sotelo. Esta no ha sido entregada aún y sobre la que hay dos posiciones encontradas: la de los partidarios de asumir el informe y tratar de consensuar con el bufete las conclusiones y recomendaciones (especialmente en cuanto a la reparación y a la responsabilidad por encubrimiento); la otra, más radical, que aboga por anular el contrato, al considerar su incumplimiento por parte del despacho, y tratar de evitar filtraciones.
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