El PSOE ha vuelto a retomar la ley de igualdad de trato y no discriminación. El grupo socialista en el Congreso ha registrado en solitario este jueves la norma, a pesar de que formaba parte del acuerdo del Gobierno de coalición con Unidas Podemos. El objetivo es la prevención y eliminación de todas las formas de desigualdad en España, tras varios intentos fallidos en legislaturas anteriores. Ya en 2011, el cambio de Gobierno paralizó su tramitación y lo mismo ocurrió en 2019 con la convocatoria electoral.
La ley pretende “crear un instrumento eficaz contra toda discriminación que pueda sufrir cualquier persona y que aborde todos los ámbitos desde los que esta se pueda producir, acogiendo la concepción más moderna de los derechos humanos”, sostiene el texto presentado en el Congreso, al que ha tenido acceso elDiario.es. Lo que hace es desplegar un conjunto de medidas en ámbitos sociales como la educación, la sanidad, los negocios privados, el empleo, la vivienda o los medios de comunicación. Y engloba todos los tipos de discriminación: por razón de raza, sexo, religión, discapacidad, situación socioeconómica, orientación sexual...
Entre otras cosas, prevé el diseño de una Estrategia de Igualdad de Trato y también la creación de un autoridad “independiente” que a nivel estatal “proteja y promueva” la no discriminación y vele por los fines de la norma. Se trata de un Comisionado para la Igualdad de Trato y No Discriminación, al estilo de otros que ya existen como el que se encarga de la lucha contra la pobreza. Será nombrado por el Gobierno por mandatos de cinco años no renovables.
Entre sus funciones, estará el acompañamiento a personas que han podido sufrir algún acto discriminatorio e incluso mediar en sus procesos, siempre que no sea una cuestión penal o laboral. Podrá investigar de oficio y ejercitar acciones judiciales si tiene constancia de algún hecho, además de ponerlos en conocimiento del Ministerio Fiscal. Además, se encargará de promover estudios, informes y estadísticas relativas al tema. En este último punto, la norma incorpora, además, la obligación de contar con datos, más allá de las denuncias por delitos de odio que ya se contabilizan ahora: habrá una estadística judicial que informará también del sentido de los procesos y las sentencias dictadas.
Para garantizar la igualdad de trato en la educación, la proposición de ley incluye la suspensión de cualquier forma de financiación pública a los centros que excluyan el ingreso de determinadas personas por razones discriminatorias. Deberán también evitar la “concentración en un mismo centro del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”, incluir formación del profesorado en atención educativa a la diversidad, y fomentar la inclusión de planes de estudio “contribuyendo a la valoración de las diferencias culturales, así como el reconocimiento y la difusión de la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país”.
Discriminación en la búsqueda de vivienda
Además, entre otras exigencias, el texto apuesta por abordar las situaciones de discriminación en la búsqueda de vivienda en España. Con este objetivo, busca prohibir de forma específica el rechazo de una oferta de compra o alquiler de un alojamiento por razón de raza, sexo, religión, discapacidad, etc. cuando ya se hubiese lanzado un anuncio público al respecto. Así como la imposición de condiciones discriminatorias.
Los criterios a la admisión en establecimientos y espacios abiertos al público es otros de los aspectos abordados de forma concreta por la propuesta legislativa. Para ello pretende prohibir la discriminación “en las condiciones de acceso a los locales” y la permanencia en los mismos, así como en “el uso y disfrute de los servicios que se presten”, aunque sin perjuicio de la existencia de organizaciones destinados a grupos específicos históricamente discriminados. Para asegurar la falta de un trato diferenciado en estos casos, la propuesta exige que los requisitos del derecho de admisión deberán colocarse “en un espacio visible”.
El uso de perfiles discriminatorios en los operativos policiales, como pueden ser las identificaciones en función de los rasgos étnicos o raciales, también es abordada por la normativa. “Las fuerzas y cuerpos de seguridad evitarán la utilización de perfiles discriminatorios sin una justificación objetiva”, sostiene el texto, que también incluye a los servicios de seguridad privada.
La ley, que el PSOE ha presentado como proposición de ley en el Congreso, ha sido una de las banderas defendidas por los socialistas en los últimos años y forma parte del acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos. Junto a la ley integral LGTBI y la Ley Trans que prepara el Ministerio de Igualdad, y que previsiblemente se conocerá en primer borrador este enero, conforma el paquete legislativo anunciado por los socios de coalición en materia de no discriminación.