El Ministerio de Sanidad acaba de adjudicar el servicio del número 016 para atender a mujeres víctimas de violencia machista durante el próximo año. ¿La empresa adjudicataria? Qualytel Teleservices, la compañía que hasta ahora ostentaba el servicio y que dispone de un historial laboral poco limpio.
A finales del año pasado, CCOO denunció que Qualytel había despedido a trabajadoras embarazadas; por otro lado, la Inspección de Trabajo multó a la compañía en 2012 por echar a personas con discapacidad. Sin embargo, la empresa ha vuelto a obtener la máxima puntuación en el concurso de licitación, y no porque fuera la oferta más barata sino porque obtuvo la mayor puntuación en los “criterios que dependen de un juicio de valor”.
Cinco empresas concurrieron a la licitación que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (que depende del Ministerio de Sanidad) abrió en diciembre. Dos de ellas fueron excluidas del procedimiento por no cumplir los requisitos establecidos en una cláusula del pliego de condiciones sobre cómo presentar la documentación necesaria. Así pues, la mesa de contratación valoró las ofertas de las otras tres compañías: Qualytel, Sertel y Atento.
Ha sido Qualytel la empresa que más puntuación ha conseguido (85,36 puntos sobre 100), seguida de Sertel (80,63 puntos) y de Atento (77,25). De los cien puntos totales que podían conseguirse, 38 eran por criterios que dependían de un juicio de valor y 62, en función de la oferta económica.
En la oferta económica, Qualytel ha sido la peor parada: sólo consigue 59,11 puntos frente a los 62 (el máximo) de Atento y los 61,38 de Sertel. Pero en los criterios que dependen de un juicio de valoración (como estructura del servicio o recursos humanos), Qualytel es la que mayor puntuación tiene (26,25 puntos), seguida de Sertel (19,25) y de Atento (15,25).
Según el anuncio de adjudicación, la oferta más baja presentada fue de 752.066,12 euros y la más cara, de 796.281,28 euros, que correspondía a Qualytel. Sin embargo, en el expediente de adjudicación se resuelve que, una vez vistas la puntuación y los motivos de ésta, se concede el servicio a Qualytel “por ser la propuesta económicamente más ventajosa”.
Fuera cual fuera la adjudicataria, las trabajadoras que prestan el servicio del 016 tienen que ser subrogadas. El contrato con la empresa es por un año, prorrogable durante otros doce meses.
Cuando se produjeron las denuncias, tanto PSOE como Izquierda Plural pidieron explicaciones a la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, en la Comisión de Igualdad del Congreso. Hernández aseguró entonces que la Delegación abriría una investigación para conocer lo sucedido y que el concurso para una nueva licitación del servicio se abriría en breve.
A la llamada de eldiario.es, la Delegación no ha querido confirmar si tal investigación se llevó a cabo y cuáles fueron sus resultados. “Nos remitimos a la empresa”, dice un portavoz. La empresa se ha limitado a decir que cumple con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y que vela “por el respeto a los derechos de los trabajadores; en especial, en una apuesta inequívoca por el empleo femenino y juvenil”.
Fuentes sindicales dicen desconocer si el Ministerio solicitó información a la empresa, aunque aseguran que nadie de la Delegación preguntó en el centro de Zaragoza (donde se produjeron los despidos). Señalan también que la precariedad laboral continúa. “Hay mucha gente con contratos de mes a mes; si así se produce un despido, es muy difícil demostrar que es porque la persona se ha puesto enferma o se ha quedado embarazada. Hay tal precariedad que cada cierto tiempo se dan situaciones complicadas”, aseguran.
Dos despidos
Qualytel es filial del grupo Arvato Bertelsmann y tiene centros de trabajo repartidos por varias ciudades españolas. Es en su centro de Madrid en el que se encuentran las trabajadoras encargadas de atender el teléfono 016. Fue en octubre cuando CCOO denunció que la empresa había despedido a al menos dos trabajadoras que estaban embarazadas en su centro de Zaragoza. La empresa readmitió a una de ellas y aseguró que se trataba de un error de la ETT que había hecho el contrato.
En el otro caso, señaló que no se trataba de un despido, porque el contrato temporal de la trabajadora finalizaba. No obstante, la empleada llevaba casi un año con un contrato que se renovaba mes a mes, y fue en su octavo mes de embarazo cuando le comunicaron que no volverían a renovárselo.
Por otro lado, la Inspección de Trabajo sancionó a Qualytel por infracción grave al incumplir la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) y despedir a trabajadores con discapacidad en 2012. Además, tanto CCOO como CGT han denunciado las condiciones de trabajo sumamente precarias de Qualytel, con una temporalidad excesiva, contratos que se renuevan mes a mes, y unas pausas de trabajo que no se respetan tal y como aparecen en el convenio colectivo.
Qualytel es, además, una de las empresas adheridas a la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género que puso en marcha el Ministerio de Sanidad.