Si hay un hecho que demuestra el fracaso de la llamada Ley de Memoria Histórica es que hoy, cuando se cumplen diez años de su entrada en vigor, el único partido que se niega a modificarla es el que manifestó una oposición frontal y beligerante a su aprobación. El PP, que acusaba en 2007 al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de reabrir heridas y de enfrentar a los españoles con esta iniciativa legislativa, se siente ahora tan cómodo con la Ley que no ha necesitado ni derogarla.
El propio presidente Rajoy se vanagloria públicamente de la estrategia que le ha permitido convertir en papel mojado sus 22 artículos y 11 disposiciones: “Para la Ley de Memoria Histórica la asignación presupuestaria en todos nuestros presupuestos ha sido cero. La media es cero. Fue cero todos los años. Cero”.
Los juristas coinciden, no obstante, en que el problema de esta ley va más allá de la falta de voluntad política del gobierno de turno. El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, explica a eldiario.es que “la redacción era ambigua y poco clara, pero sobre todo no resolvía el problema de fondo. Ya en el preámbulo se hablaba de reconciliación, de la utilización de métodos violentos para implantar regímenes totalitarios… pero no se culminaba la argumentación. Se hablaba de reconciliación sin querer admitir que lo que se produjo en nuestro país fue un asesinato masivo. Franco, Mola y Queipo de Llano, los tres principales cabecillas de la rebelión, dijeron, hasta por escrito, que su objetivo era exterminar a los disidentes, exterminar a quienes no pensaban como ellos. Hasta que no se admita eso, hasta que no se condene firmemente lo ocurrido y no se recuperen los valores constitucionales republicanos, este país tiene un problema”.
Al analizar los datos de estos diez años se comprueba que el principal logro de la Ley ha sido conceder la nacionalidad española a los hijos y nietos del exilio. Gracias a esta medida, cerca de 340.000 descendientes de exiliados republicanos y combatientes de las Brigadas Internacionales han pasado a disponer de un pasaporte español, sin tener por ello que renunciar a la nacionalidad que ostentaran en ese momento. A partir de este único éxito, el resto de medidas se cuentan por fracasos o por tareas inconclusas.
Entre las segundas debemos incluir, en primer lugar, la erradicación de los símbolos franquistas. En los primeros años de aplicación de la Ley, todavía bajo Gobierno socialista, se retiraron más de 3.000 vestigios de la dictadura. El ritmo se ralentizó con la llegada de Rajoy a la Moncloa y pasó a depender, en buena medida, de la voluntad y el color político de ayuntamientos y comunidades autónomas.
Calles, colegios, escudos...
A día de hoy la ley no ha impedido que decenas de ciudades y pueblos conserven calles, escudos y otros monumentos dedicados a destacados miembros de la dictadura. Si nos fijamos únicamente en los nombres de los colegios públicos, según el recuento realizado por eldiario.es, todavía hay más de 80 centros educativos que homenajean a figuras destacadas, y muchas veces sanguinarias, del franquismo.
La ley es tan interpretable que se han dado en estos años situaciones tan kafkianas como que dos juzgados dicten sentencias absolutamente contradictorias: mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León permitió al pueblo de San Leonardo de Yagüe conservar su denominación en recuerdo del tristemente célebre Carnicero de Badajoz, un juzgado de Badajoz obligó al municipio de Guadiana del Caudillo a retirar de su nombre la referencia al dictador (aunque el Ayuntamiento sigue sin dar cumplimiento a la sentencia).
La bienintencionada creación del Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca también se ha quedado a medio camino. El archivo que debía reunir todos los fondos documentales relacionados con la Guerra de España y la posterior dictadura carece de los mínimos medios materiales y humanos para realizar eficazmente su trabajo. Diez años después de su creación, los investigadores no solo deben esperar más de seis meses para recibir las copias de los documentos que solicitan en Salamanca, sino que tienen que seguir peregrinando por decenas de archivos militares y civiles en los que se encuentra desperdigada la documentación relacionada con la represión franquista.
Lleno de fracasos
Martín Pallín cree que uno de los grandes puntos negros de la Ley es que haya permitido que las sentencias dictadas por los tribunales franquistas no hayan sido anuladas: “La Ley habla de ilegitimidad, no de nulidad. Es cierto que cualquier chico en la Facultad de Derecho interpretaría que una sentencia dictada por un tribunal ilegítimo es radicalmente nula, pero este país… digamos que es un poco extraño en cuanto a la interpretación de la ley”.
El magistrado emérito se extiende: “Por eso el Tribunal Supremo interpretó que no son nulas de pleno derecho. Eso choca con todo lo ocurrido en Alemania e Italia donde no se discute que las sentencias dictadas bajo los regímenes de Mussolini y de Hitler son radicalmente nulas”.
Pallín cree que, además de a Italia y Alemania, España debería mirar hacia Argentina: “Allí derogaron parlamentariamente las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida que amparaban a los golpistas y a los asesinos. En estos momentos ya hay más de 300 represores en la cárcel. Aquí no propugno unas condenas como esas porque los responsables no viven y no tendría sentido, pero sí es necesaria una ruptura clara y rotunda con la dictadura como la que se ha hecho en Argentina”.
En el debe de la ley también hay que anotar con tinta roja su absoluta ineficacia para avanzar en la apertura de las fosas comunes en que siguen yaciendo más de 100.000 demócratas asesinados por el franquismo. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), explica la raíz del problema en un artículo publicado en este diario: “La Ley hablaba de que las instituciones tenían que facilitar la búsqueda de desaparecidos, algo contrario a los derechos humanos porque en una democracia no deben facilitarse, sino que deben garantizarse”.
Este importante matiz ha hecho que la búsqueda, exhumación e identificación de las víctimas dependa principalmente de los propios familiares y de las asociaciones memorialistas. Miles de hijos de los asesinados se han ido muriendo de viejos, en estos diez años, sin ver cumplido el deseo de recuperar los restos de sus seres queridos.
“Otro de los fracasos –añade Martín Pallín– es la situación del Valle de los Caídos. No saben qué hacer con él”. Este problema, según las asociaciones memorialistas, lo creó el propio Gobierno socialista de Zapatero: “Ellos fueron los primeros en incumplir la ley –mantiene Emilio Silva–. Solo al final de la legislatura encargaron un informe sobre el Valle que presentaron poco antes de las elecciones.Estaba diseñado para dejarle la patata caliente al PP y luego poder echarle en cara que no lo llevaba a cabo”.
Sea como fuere, la realidad es que 42 años después de la muerte del dictador, su cuerpo y el del fundador del partido fascista español siguen ocupando el lugar de honor en un monumento de diseño y arquitectura fascista en el que se exalta la dictadura. Junto a Franco y a José Antonio yacen miles de combatientes franquistas y un número indeterminado de republicanos que fueron trasladados desde fosas comunes sin el conocimiento ni, obviamente, el consentimiento de sus familiares. Unos familiares a los que se les sigue negando la posibilidad de recuperar los restos de sus seres queridos.
Otro de los puntos que marcaba la Ley y que ha sido incumplido es el de crear un censo de edificaciones y obras realizadas por los prisioneros políticos. En este punto, como en otros, solo el empuje de algunas comunidades autónomas ha permitido avanzar en el reconocimiento de los cientos de miles de esclavos esclavos que explotó el franquismo. La ARMH también recuerda que el texto, en vigor desde hace diez años, ignora otros aspectos fundamentales de la dictadura como fue el papel de la Iglesia, la represión de las mujeres, el robo de bebés, el expolio de los bienes de familias republicanas o la persecución de gais y lesbianas.
Un futuro incierto
El propio PSOE, que lideró la aprobación de la ley, cree que ha llegado el momento de la autocrítica y de la reforma. Odón Elorza reconoce a eldiario.es que “el texto tenía lagunas importantes, cuestiones sin abordar. Vamos con mucho retraso y asumimos nuestra parte de responsabilidad”. Los socialistas han presentado una proposición de ley en el Congreso que va mucho más allá del texto aprobado en su día por Zapatero.
En ella sí contemplan, entre otras medidas, la nulidad de las sentencias franquistas, que sea el Estado el que asuma las exhumaciones o la creación de una Comisión de la Verdad. “Nosotros vamos en serio y no nos va a temblar el pulso a la hora de aprobar estas medidas. Otras direcciones políticas del PSOE no creyeron en la conveniencia de pisar el acelerador a fondo, nosotros sí. Ya no hay marcha atrás”, afirma Elorza.
El propio diputado socialista es consciente de que su partido tiene en este tema un importante problema de credibilidad. Unidos Podemos y ERC recuerdan que el PSOE tuvo tiempo de aplicar todas estas iniciativas cuando gobernaba y temen que el equipo que lidera Pedro Sánchez acabe reculando como ya hizo Zapatero. Lo mismo creen las asociaciones memorialistas. Emilio Silva recuerda que “poco antes de que Zapatero ganara las elecciones, su número dos, Jesús Caldera, pidió una partida de un millón de euros para hacer pruebas de ADN y así identificar a los desaparecidos de las fosas. Cuando llegaron al Gobierno se olvidaron del tema. El PSOE dice una cosa cuando está en la oposición y la contraria cuando gobierna. Preferimos que se garanticen los derechos humanos cuando se tiene el poder de firma en el Boletín Oficial del Estado”.
Como jurista, Martín Pallín no entra en esta disputa y prefiere centrarse en la filosofía que, a su juicio, debe impregnar una futura ley que pretenda paliar los defectos y cubrir las enormes lagunas de la actual: “La ley tiene que partir de una idea clara: el golpe de Estado no puede pervivir, ni ser justificado, ni comprendido, ni alabado por nadie, especialmente por ningún grupo político, sin que ello suponga caer en la ilegalidad”.