Teléfono rojo

El nuevo informe de la UCO viene a conmemorar el próximo aniversario de los insólitos cinco días de 'reflexión' impostada por el jefe del Ejecutivo para amagar una renuncia que reforzara su liderazgo en el partido ante la apertura de una investigación judicial, entonces aún preliminar, sobre su círculo familiar más íntimo. Aquel episodio irregular, tan propio de su estilo –una suspensión de funciones carente de efectividad administrativa y de valor jurídico–, se saldó con una huida hacia adelante y un intento fallido de intimidar a los jueces y al periodismo, los únicos contrapoderes que Sánchez aún no ha conseguido someter a su dominio. Al menos no presumió de «salir más fuerte» del limbo sin respuestas en que se convirtió el ficticio retiro. Un año después, tanto su esposa como su hermano, y de propina el fiscal general y al menos un ministro, están al borde del banquillo y en los juzgados respectivos se acumulan cada vez más indicios de delito.

De todos esos casos, el más relevante por afectar a la cúpula central del poder es el de Begoña, que además contaba para sus actividades privadas –el famoso máster de la Complutense, adjudicado en circunstancias de legalidad dudosa– con la asistencia de una funcionaria de Moncloa. Sin perjuicio de la decisión de los tribunales y del respeto a la presunción de inocencia recién cuestionada por una vicepresidenta, la conexión privilegiada entre el grupo Globalia y la señora Gómez representa una manifiesta anomalía ética que compromete de forma muy seria la apariencia de honestidad de la Presidencia. Ahora ya no se trata sólo de enchufismo y acepción de personas en la promoción de una carrera, sino de una ayuda pública millonaria envuelta en razonables sombras de sospecha. Y todo ello en plena pandemia, mientras los españoles sufrían la restricción de movimientos y gestiones que al parecer no regía para las élites del sistema.