El juez Alba ordenó que Miguel Ángel Ramírez entrara a su despacho por el circuito restringido de los juzgados
El juez Salvador Alba ordenó al servicio de seguridad de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria que el empresario Miguel Ángel Ramírez, al que investigaba por un presunto fraude fiscal, accediera directamente a su despacho el pasado 16 de marzo por el circuito restringido del edificio. De esta manera evitó que el investigado, con quien se reunió ese día para fabricar una declaración contra la entonces magistrada en excedencia y diputada de Podemos Victoria Rosell, pudiese ser visto en el control de acceso y en las zonas públicas de las dependencias judiciales.
La Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias ha confirmado a este periódico que fue el propio magistrado quien autorizó y dio “instrucciones precisas” al Servicio de Vigilancia y Seguridad, primero de forma verbal y después por escrito, para que Ramírez entrara por el garaje reservado a los operadores judiciales, los testigos protegidos y aquellas personas que dispongan de una autorización expresa del presidente de la Audiencia Provincial, el Decano, el Fiscal Jefe Provincial, la Secretaría Coordinadora Provincial, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia o el titular del órgano jurisdiccional.
Esta explicación vuelve a contradecir la versión ofrecida por Alba al Tribunal Supremo. En un informe remitido al alto tribunal español el 23 de abril, el juez afirmó que la declaración que días después de esa reunión previa realizó el empresario en sede judicial sobre sus relaciones comerciales “con Carlos Sosa, pareja de Rosell, y empresas de su entorno” fue “absolutamente espontánea”. Este informe fue clave para que el Supremo admitiera a trámite la denuncia que el exministro José Manuel Soria interpuso contra la exdiputada de Podemos en relación a su actuación en la causa contra Ramírez.
En otro escrito remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 4 de mayo, un día después de abandonar el juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, del que era titular Rosell antes de pedir la excedencia, Alba admitió lo que hasta entonces había ocultado, que se reunió con Ramírez antes de su declaración. Lo hizo, según explicó, porque el investigado “se personó en dependencias judiciales” solicitando hablar con él “y manifestando que tenía datos que ponían de relieve que mantenía y había mantenido relaciones comerciales y/o empresariales con empresas del entorno de la pareja de la magistrada”.
La reunión se produjo el 16 de marzo en torno a las 14.00 horas en su despacho de la Audiencia Provincial, ubicada en la quinta planta de la torre tres, en una zona con menos trasiego que la del Juzgado de Instrucción 8 (Alba compatibilizó ambos destinos hasta el 3 de mayo). Ramírez acudió a la cita en compañía del abogado Sergio Armario en un vehículo conducido por otra persona. Un vigilante de la empresa que custodia el edificio, Seguridad Integral Canaria, propiedad del propio Ramírez, detuvo el coche en la rampa de acceso al garaje. Cuando le comunicaron que tenían concertada una reunión con Alba, el trabajador llamó al juez y les permitió el acceso. Según fuentes de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, “se indicó al servicio de seguridad que se permitiera el acceso por el circuito restringido, conforme a lo autorizado por el magistrado, exclusivamente al despacho del magistrado ordenante”.
Ramírez y Armario subieron en el ascensor hasta el despacho de Alba acompañados de un vigilante de seguridad con el número 67769 en su Tarjeta de Identificación Profesional (TIP). El conductor del vehículo se quedó en el interior del garaje junto a otro vigilante hasta la salida del empresario y el abogado, “de conformidad con las normas de funcionamiento del edificio e instrucciones del responsable de seguridad”.
“¿Habéis tenido problemas para entrar o no?”, pregunta Alba al investigado y al letrado al comienzo de la grabación difundida por eldiario.es el pasado miércoles. “No, no”, responde Ramírez antes de comenzar la conversación en la que el juez acuerda con el empresario el contenido y las formas de su declaración con la finalidad de sostener las acusaciones contra Victoria Rosell y archivar la causa abierta contra él por la supuesta nulidad de las actuaciones de la jueza. El abogado Sergio Armario esperó a Ramírez fuera del despacho hasta que finalizó la reunión y ambos volvieron a bajar directamente al garaje por el ascensor del circuito restringido acompañados por el vigilante de seguridad.
El Gobierno de Canarias explica que las normas de régimen interno de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, en su disposición quinta, regulan las distintas vías y formas de acceso al edificio y que “la entrada de público y profesionales jurídicos se hace a través del núcleo A (donde se encuentran los arcos de seguridad), salvo que el titular del órgano jurisdiccional acuerde que determinadas personas en determinados casos, a pesar de no ser testigos protegidos, puedan acceder a la Sala por el circuito restringido, dando al Servicio de Vigilancia y Seguridad las instrucciones precisas sobre la forma de acceso en cada caso, como ocurrió en este supuesto”.
