Coalición Canaria remata la moción de censura que le devolvió la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife hace cuatro años

Coalición Canaria ha tardado cuatro años en rematar la operación que le permitió recuperar la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife mediante una moción de censura en 2020. Lo acaba de hacer colocando en un cargo de relumbrón y de libre designación al que fuera concejal de Urbanismo durante aquel breve periodo, entre junio de 2019 y junio de 2020, en el que fue alcaldesa la socialista Patricia Hernández gracias a un pacto con Ciudadanos y Unidas Podemos.

Juan Ramón Lazcano ha sido designado director general de Transformación Urbana Santa Cruz Verde 2030, un puesto diseñado para un perfil profesional muy parecido al suyo, lo que, unido a otras coincidencias que se han dado durante estos meses, ha llevado a la oposición a confirmar los peores presagios: que es un traje a la medida para pagarle los servicios prestados.

Y los supuestos servicios prestados por Lazcano se remontarían precisamente a las semanas previas a la moción de censura que permitió a Coalición Canaria recuperar el poder en la capital tinerfeña, cuyos fundadores y herederos habían ejercido ininterrumpidamente durante cuarenta años, primero bajo la fórmula de la UCD, luego como Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) y finalmente con sus actuales siglas.

Lazcano era concejal de Urbanismo en un pacto de su partido, Ciudadanos, con el PSOE. Pacto en el que siempre dijo que se encontraba incómodo, especialmente a partir del momento en el que la alcaldesa, Patricia Hernández, le negara reiteradamente una subida de sueldo que él consideraba necesaria para su desempeño, su nivel de vida y sus obligaciones personales.

Su incomodidad en el puesto era un secreto a voces en la Corporación, y Coalición Canaria, por lo tanto, conocía esas tiranteces. Del mismo modo que sabía que Lazcano es un hombre temeroso de la prensa y celoso guardián de su buen nombre. O mejor dicho, de su primer apellido, el que proviene de su padre, Antonio Lazcano, licenciado en Derecho, desde siempre vinculado a altos cargos de la mano de ese mismo partido: desde secretario general de la Presidencia del Gobierno a letrado del Consejo Consultivo de Canarias. Por lo tanto, no se le podía pedir que abierta y públicamente se convirtiera en un tránsfuga, que abandonara Ciudadanos para apoyar una moción de censura contra su propia alcaldesa.

La solución apareció cuando alguien estudió el proceder y la procedencia de la siguiente en la lista de Ciudadanos, Evelyn Alonso, cuyo empleo más relevante había sido el de secretaria del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias. Alonso tenía hambre de política, o mejor dicho, de lo que ella entiende como política. Había que conseguir que entrara en la Corporación y para eso era preciso que dimitiera el número dos de la lista, Juan Ramón Lazcano, porque conseguir tal propósito con la número uno, Matilde Zambudio, era un intento inútil.

¿Cómo conseguir que Lazcano dimitiera de su cargo de concejal de Urbanismo y dejara su acta de edil de la Corporación para que pudiera entrar Evelyn Alonso y consumar la traición? 

Hasta ahora se conocía el acuerdo que Coalición Canaria había alcanzado con Evelyn Alonso. Al menos lo que se firmó ante un notario de Santa Cruz de Tenerife experto en operaciones de Coalición Canaria. El partido se comprometía no sólo a dotar a la tránsfuga de un puesto destacado con el correspondiente sueldo de concejala del grupo de gobierno, sino que también se extendería tal consideración al siguiente mandato, es decir, el que comenzó en 2023. Y CC ha cumplido fielmente el acuerdo: en el mandato que arrancó con la moción de censura fue designada segunda teniente de alcaldía y concejala de seguridad, movilidad y accesibilidad y en este segundo mandato ya ha sido convenientemente degradada a la novena tenencia de alcaldía, apartándola de las tareas de seguridad, donde ya había puesto al Ayuntamiento en algunos apuros. En el partido dan por sentado que no repetirá más en una lista suya.

Pero faltaba Juan Ramón Lazcano. Es el cabo que quedó suelto en 2020, cuando se produjo la operación. Todo el mundo se preguntaba qué pudieron haberle ofrecido al arquitecto Lazcano para que dimitiera. Y hasta ahora ese misterio flotó en todas las conversaciones sobre la moción de censura, misterio alimentado por la manera que eligió el concejal para dimitir de todos sus cargos: se marchó a Cantabria, donde vivía parte de su familia, y desde allí mandó una carta al grupo de gobierno y se constituyó acto seguido en la Delegación del Gobierno en esa comunidad autónoma para formalizar su dimisión.

Ahora, cuatro años después, Lazcano regresa a la palestra: Coalición Canaria ha creado un traje a la medida para Lazcano mediante un puesto de libre designación, director general de Transformación Urbana Santa Cruz Verde 2030, por el que el arquitecto se embolsará la nada despreciable cantidad de 71.000 euros brutos  al año. Unos emolumentos que podrá complementar con los que obtenga en el ejercicio de su profesión de arquitecto porque, a pesar de no estar previsto en las condiciones del puesto de trabajo al que ha accedido, el silencio administrativo que sufrió su solicitud se lo ha propiciado.

Lazcano aceptó las condiciones del puesto de director general, y por lo tanto cargo directivo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, conocedor de las condiciones económicas que lleva aparejadas. Pero él tenía previsto que a partir del día siguiente de su designación, o para ser más precisos, dos días después de su designación, reclamaría a la Corporación la compatibilidad para ejercer también en su despacho privado de arquitecto.

Efectivamente, el 7 de agosto de 2024 se publicaba su nombramiento y el 9 de agosto de ese mismo año solicitó vía registro de entrada la compatibilidad. Los duendes que operan en las instituciones públicas aplicaron a esa solicitud el llamado silencio administrativo, lo que el interesado interpretó automáticamente como “positivo”. No es lo que opina el secretario del pleno del Ayuntamiento, que ha firmado una resolución en la que solicita a la Corporación que resuelva en sentido contrario a las pretensiones del interesado. 

Pero, además de esta particularidad tan llamativa, el puesto que Coalición Canaria ha diseñado para Lazcano tiene otra que no pasa desapercibida: su adscripción al área de Presidencia del Consistorio, en manos de ese partido, y no en las del concejal que se ocupa de todas las cuestiones estratégicas, Carlos Tarite, del Partido Popular, primer teniente de alcalde y concejal de Gobierno del Área de Planificación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos. Él es el responsable de muchos aspectos relacionados con el nuevo cargo a través de otras cuatro direcciones generales, tres de ellas dedicadas a proyectos estratégicos de sostenibilidad, movilidad y proyectos tecnológicos. 

En los primeros borradores de la convocatoria, la plaza aparecía adscrita a la concejalía del concejal popular, pero Tarife no quería asumir ese compromiso de Coalición Canaria, así que la dirección general de Lazcano se ha adscrito a la Concejalía de Presidencia y se ha encajado en el organigrama de esta manera tan llamativa:

Sospechas cuatro meses antes

En el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife era un clamor que Juan Ramón Lazcano iba a recibir un cargo de libre designación por parte del grupo de gobierno desde casi un mes antes de que se publicaran las bases de la convocatoria. El 15 de marzo de 2024, la concejala Matilde Zambudio, adscrita como independiente en el Grupo Socialista, ya estaba preguntando formalmente al gobierno municipal si los motivos por los que se había abierto al sector privado el puesto de director general de Transformación Urbana Santa Cruz Verde 2030 era para que pudiera serle adjudicado al dimitido concejal.

En abril, la misma concejala preguntó al grupo de gobierno cómo era posible que todo el Ayuntamiento conociera el nombre del destinatario del puesto “incluso antes de haber sido convocado”, y que se nombre fuera el de Juan Ramón Lazcano.

Ya con la convocatoria publicada desde el 3 de abril, a Lazcano empieza a vérsele en las oficinas municipales, concretamente en el edificio noble del Ayuntamiento, donde se encuentra la alcaldía de la ciudad. La oposición tiene al menos una reunión confirmada a finales de mayo o principios de junio entre el ya aspirante al puesto y el director general de Infraestructuras, el ingeniero superior de Montes Humberto Gutiérrez García.

Y Zambudio se lo pregunta a la concejala de Recursos Humanos el 21 de junio, a la que le requiere que informe al pleno de la Corporación cómo es posible que fuera Lazcano el primero en presentar la documentación para optar al puesto. “No tengo constancia”, fue la respuesta.

Lazcano desmiente rotundamente que haya habido reunión alguna: “Es rotundamente falso. Yo no he participado en reuniones con directivos municipales ni antes de ser nombrado ni antes de finalizar el plazo de presentación de candidaturas. Dígame usted con quién y en qué reuniones participé”, contestó inicialmente a este periódico. Interrogado por esa reunión concreta con el director general de Infraestructuras, el exconcejal de Ciudadanos lo volvió a “desmentir categóricamente” (...); “yo no he asistido a reunión alguna en esas fechas con ningún directivo del Ayuntamiento”. 

“Como usted podrá entender, después de más de cuatro años y medio de estar recibiendo continuadas calumnias e injurias, soy el primer interesado en dejar claras algunas cuestiones como las que usted me pregunta”, ha dicho el nuevo director general a este periódico. Asegura que se enteró de la convocatoria pública de empleo “cuando se publicaron las bases” en el Boletín Oficial de la Provincia, “como todos los aspirantes, supongo”.

Respecto a la posible relación de esa convocatoria y su contratación con su dimisión hace cuatro años para que prosperara la moción de censura contra Patricia Hernández, Lazcano también se mostró contundente: “No. Evidentemente No. Como usted podrá entender lo absurdo que resulta relacionar mi dimisión con una convocatoria pública de empleo que se hace cuatro años después. No tiene nada que ver con mi decisión de dimitir y entregar mi acta de concejal. Mi dimisión fue debida a desacuerdos y una incompatibilidad manifiesta con los responsables del grupo de gobierno” de entonces.

Finalmente, preguntado por su petición exitosa de compatibilizar su cargo de director general con el ejercicio privado de su profesión de arquitecto, Lazcano dijo a este periódico que “la compatibilidad la solicito porque me ampara el derecho a hacerlo, siempre y cuando dicha actividad privada sea realizada sin el menoscabo del estricto cumplimiento de mis deberes como directivo municipal, ni comprometer mi imparcialidad o dependencia. Y siempre fuera del término municipal de Santa Cruz de Tenerife. Todo ello, además, trabajando con la dedicación necesaria y debida para con este puesto de trabajo, como no puede ser de otra forma”.

Diecinueve aspirantes y un peso pesado

Juan Ramón Lazcano ganó a diez aspirantes de los diecinueve que concurrieron a la convocatoria. Nueve de ellos no llegaron a la fase final por no acreditar convenientemente las titulaciones o los méritos que alegaron. Es el caso llamativo de quien fuera concejal de Urbanismo de ese mismo Ayuntamiento, Carlos Garcinuño, del Partido Popular.

Pero lo más relevante de la selección es la competencia con un peso pesado de la arquitectura y el urbanismo de la isla de Tenerife, Joaquín Mañoso, al que el tribunal descarta por dos motivos: el primero, por considerar que sobre él pesa un “conflicto de intereses” al tener abierto en otro departamento del Consistorio un expediente por obras sin licencia, y, lo que resulta más llamativo, por su edad. Entiende el tribunal que “el puesto directivo objeto de la convocatoria tiene un carácter estratégico y que, previsiblemente, se prolongará en el tiempo durante más de una década” lo que “no podría quedar garantizado dadas las circunstancias personales del aspirante”.

Ninguna de las bases de la convocatoria incluía límite de edad.

La trayectoria profesional de Mañoso es mucho más amplia que la de Lazcano, según consta en el acuerdo de adjudicación de la plaza publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife: arquitecto con amplia experiencia en el ámbito del planeamiento y del urbanismo, con 79 proyectos de urbanización y edificación; siete de restauración de patrimonio histórico y cultural y más de ochenta de planificación territorial y urbanismo.

Lazcano, por su parte, casualmente presenta también 79 proyectos de urbanización y edificación, a los que a continuación solo suma cinco en materia de sostenibilidad y energías renovables y seis de planificación territorial y urbanismo.