En Argentina, ¿hay justicia para las mujeres?

El 8 de marzo de 2023, María Isabel Speratti viajó a la ciudad de Buenos Aires para marchar por el Día Internacional de la Mujer. Marchó por las que no estaban, pero también por ella misma. Hacía dos años que María buscaba activamente que la Justicia le cambiara la carátula a su causa para que su denuncia fuera reconocida como lo que realmente era: un caso de intento de femicidio. En lugar de protección, María encontró demoras burocráticas, trámites interminables y una indiferencia que la terminó condenando a lo inevitable: un femicidio anunciado. 

María hizo todo lo que debía hacer una “buena víctima” en un caso de violencia de género. Denunció, insistió, presentó pruebas, pidió medidas de protección. Durante dos años, luchó frente a un sistema que parecía diseñado más para ignorar a mujeres como ella que para protegerlas. “Bajar los brazos jamás, jamás, jamás. La voy a luchar con toda mi fuerza. Mientras tenga vida la voy a pelear porque se haga justicia”, dijo María en un audio de WhatsApp. El 11 de marzo de 2023, María fue asesinada por Gabriel, su ex pareja. 

Su historia expone las fallas de un sistema judicial que no actúa con urgencia ni perspectiva. No es casualidad que las mujeres que buscan ayuda frente a situaciones de violencia sean muchas menos que las que lo sufren. Durante el 2024 en Argentina, el 95% de los casos asistidos por la Línea 144 fueron por violencia doméstica y en el 86% de los casos el agresor era la pareja o ex pareja. Sin embargo, son 2 de cada 10 las mujeres que atraviesan una situación de violencia y denuncian ante la justicia.

En un contexto en el que se intenta instalar que las mujeres hacen denuncias falsas para vengarse de sus maridos y, con eso, desalentarlas y amedrentarlas aún más para que no denuncien, es importante volver al principio. Denunciar implica costos para las mujeres: problemas familiares, laborales, miedo, señalamientos, ataques, decisiones adversas y revictimización institucional. Para decidir buscar ayuda, las mujeres tienen que poder creer que las instituciones estarán allí para contenerlas, asistirlas, creer en su palabra y ayudarlas a encontrar un camino. Cuando un Gobierno niega la violencia por razones de género; amenaza con señalar una denuncia como falsa; desacredita las políticas públicas implementadas para acompañar a las mujeres y encima desfinancia los espacios de atención, el impacto en la vida de las mujeres que atraviesan esa situación de crisis es enorme. Más que ignorante, nos encontramos frente a un Gobierno que es cruel con las mujeres.

¿Qué es el acceso a la justicia y cuáles son las barreras que enfrentan las mujeres víctimas de violencia de género?

“Ahora conseguí una restricción perimetral, pero, ¿qué hago con ese papelito?”. Esta es una pregunta recurrente para muchas mujeres que atraviesan una situación de violencia y van a la justicia, que refleja la confusión y desamparo que las atraviesa durante esos procesos. Para estas mujeres, el acceso a la justicia es una necesidad urgente que parece inalcanzable: es que alguien las escuche, las acompañe en la denuncia y les explique cuáles son los pasos a seguir. Es decir, un sistema que actúe con celeridad para proteger nada más ni nada menos que su vida. 

Los relatos más comunes muestran que el camino judicial suele estar lleno de obstáculos. Muchas mujeres no saben si tienen derecho a un abogado de oficio, cómo avanzar en sus denuncias o cuáles son los plazos críticos de sus casos. “Sigo teniendo dudas. En tres días termina la medida [de protección] y no sé quién me defiende, cómo sigue mi causa”, relata otra mujer entrevistada para una investigación de Equipo ELA, poniendo en evidencia la poca información que le fue brindada. Además, los procesos judiciales suelen ser largos y complejos, con un lenguaje técnico que muchas veces excluye y desorienta. “Al Juzgado fui recién hace dos semanas, y me entero de que nunca me llegó la citación para presentarme, y por eso cerraron la causa. Hubiera estado bueno que me informen cómo seguir el proceso judicial”: la burocracia te suelta la mano y te da un portazo.

Las barreras para acceder a la justicia también se evidencian cuando en la comisaría no les creen, las estigmatizan o tratan con levedad su situación. Esto genera un sistema que, lejos de garantizar derechos, refuerza desigualdades, convirtiendo a las víctimas en sobrevivientes que deben sortear un laberinto de burocracia y estigmatización. 

El problema es estructural. Falta acompañamiento en el proceso judicial, capacitación de quienes están en contacto con las víctimas, perspectiva de género en las sentencias, y medidas protectorias. La lista puede seguir.  

A pesar de contar con un marco normativo progresista y programas específicos como la Ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, las barreras persisten en múltiples niveles: desde la falta de recursos adecuados en las instituciones judiciales, hasta el uso de estereotipos de género que condicionan el accionar de operadores/as de justicia. 

Los relatos y los números son claros. Si no derribamos estas barreras, cada denuncia ignorada, cada medida que llegue tarde, se convierte en una nueva posibilidad de que el sistema judicial le falle a otra María.

Ahora, ¿cómo mejoramos el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género?

Existen iniciativas desde la sociedad civil y el sistema judicial que buscan transformar este panorama. En esta línea, el Seminario Regional sobre Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género organizado por Equipo ELA, junto con la Defensoría General de la Nación los días 20 y 21 de noviembre de 2024, reunió a actores claves de ambos sectores para compartir ideas y recomendaciones. Entre las propuestas discutidas, se destacó la importancia de la escucha activa, el acompañamiento psico-social para las víctimas y sostener los espacios que brindan atención integral a las víctimas (como los Centros de Acceso a la Justicia). Un ejemplo de estas buenas prácticas es la implementación del “Índice Crianza”, que busca visibilizar y valorar el tiempo y recursos invertidos por las mujeres en el cuidado de sus hijas e hijos, pero que no siempre es tenido en cuenta en las sentencias sobre alimentos. 

Estas medidas buscan no solo acelerar los procesos, sino también humanizarlos, asegurando que las decisiones judiciales reflejen la urgencia y gravedad de las situaciones denunciadas. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas será efectiva si el Estado sigue recortando recursos. El desmantelamiento de políticas públicas como la Línea 144 o el programa “Acompañar” afecta directamente la capacidad de respuesta ante la violencia de género. 

¿Qué está sucediendo con la Línea 144?

🚨 La violencia de género no espera. La atención tampoco debería hacerlo

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— ELA (@EquipoELA) November 28, 2024

La disminución en el acceso a servicios de atención no solo significa una barrera para quienes necesitan apoyo urgente, sino también una violación a los estándares internacionales de derechos humanos asumidos por el Estado argentino, como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW. El colapso de estos servicios fundamentales exige una respuesta inmediata y estructural para garantizar su sostenibilidad y eficacia, comenzando por la restitución de un presupuesto adecuado en línea con la magnitud de la problemática.

Un abordaje urgente

Frente a este panorama, es necesario recordar que la violencia de género no es un problema individual ni aislado, sino una cuestión estructural que requiere el compromiso sostenido del Estado en todos sus niveles. Recuperar y fortalecer los programas existentes es un imperativo legal que debe ser prioridad.

El 25 de noviembre no es solo una fecha de conmemoración sino una oportunidad para recordar que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental y un pilar para erradicar la violencia de género. Sin embargo, las recientes decisiones políticas y los retrocesos institucionales nos colocan en una encrucijada peligrosa. Si no se mejora la situación y no se implementan políticas públicas con perspectiva de género, no solo se seguirá perpetuando la discriminación. Casos como el de María (y tantas otras mujeres) continuarán siendo parte de una dolorosa estadística.

La justicia, entendida como reparación, acceso y protección, no puede seguir siendo un privilegio reservado a unas pocas. Es imprescindible que el Estado recupere su compromiso con la igualdad de género, no como un eslogan, sino como una política activa y sostenida que priorice las vidas de quienes más lo necesitan. De lo contrario, los 16 días de activismo quedarán reducidos a un recordatorio de lo que no supimos (o no quisimos) cambiar.

Agustina Correa y Manuela Kotsias Fuster son integrantes del área Jurídica de Equipo ELA.