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Entrevista

Enrique Viale: “Reconocer los derechos de la naturaleza implica pensar nuevos horizontes civilizatorios”

El abogado ambientalista Enrique Viale, uno de los autores del libro

Jazmín Bazán

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Enrique Viale, abogado por la Universidad de Buenos Aires y especialista en derecho ambiental, y Alberto Acosta, conomista y político ecuatoriano, publicaron recientemente La naturaleza sí tiene derechos (aunque algunos no lo crean). Editado por Siglo XXI, el libro forma parte de la colección “Otros futuros posibles”, dirigida por Maristella Svampa.

Activistas, jueces del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza y miembros fundadores del Pacto Ecosocial del Sur, los autores presentan una obra de divulgación, que acerca al público amplio la evolución de la historia del pensamiento económico, desde los fisiócratas hasta la actualidad, para luego entrar de lleno en discusiones sobre presente y futuro. A través de ejemplos y propuestas concretas, introducen a los lectores a un paradigma novedoso: los derechos de la naturaleza.

El libro se posiciona claramente contra las visiones pesimistas y lo que los autores denominan “extractivismo intelectual”: una crítica a los “falsos ambientalismos” que evitan discutir de fondo el modelo extractivista imperante, de raigambre colonial. En su lugar, proponen un “Estado diferente”, que permita repensar los modelos productivos, la relación con el ambiente y el reconocimiento de las poblaciones originarias.

El libro no aboga por una “naturaleza intocada”, sino por la integración de distintas cosmovisiones, formas diversas de interacción con el territorio y modelos de desarrollo enfocados en el Sur global. “Se trata de pasar de la economía de la muerte a una economía de la vida”, resume Enrique Viale, en diálogo con elDiarioAR.

—¿Qué significa hablar de derechos de la naturaleza y qué implicaciones tiene?

 —Implica un cambio paradigmático fundamental que afecta teorías económicas, políticas públicas y actividades productivas. Los derechos de la naturaleza no buscan dejarla intocada, sino garantizar sus funciones vitales, su capacidad de regeneración, frente a sistemas productivos destructivos como la megaminería, el fracking y el agronegocio que la devastan. América Latina, marcada por el extractivismo, necesita replantear su modelo económico para lograr justicia ecológica y social. Este paradigma desafía el “consenso extractivista” que perpetúa la pobreza y desigualdad en la región.

 —En el libro mencionan que los derechos de la naturaleza rompen con las bases de la modernidad y proponen una “subversión epistémica”. ¿Creés que la sociedad y sus políticos están preparadas para este cambio?

 —Toda ampliación de derechos ha sido enfrentada con resistencia histórica. Desde la abolición de la esclavitud hasta el voto femenino, cada avance pareció imposible en su momento. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza enfrenta ese mismo desafío, pero es una disputa que debemos dar. Romper con el paradigma moderno que separó al ser humano de la naturaleza es esencial, al igual que cuestionar teorías económicas basadas en un crecimiento ilimitado que ignoran los límites del planeta.

 —¿Cómo se vinculan los derechos de la naturaleza con los derechos humanos?

 —Están íntimamente relacionados: cuando el extractivismo viola los derechos de la naturaleza, también atenta contra los derechos humanos de las comunidades locales, especialmente pueblos indígenas y campesinos. América Latina, donde se asesina a un defensor ambiental cada dos días, es un claro ejemplo de cómo el modelo extractivista se impone por la fuerza y reprime la resistencia.

En Argentina, aunque los asesinatos son menos comunes, hay persecución judicial contra quienes se oponen a estos proyectos. Gente común, vecinos y vecinas, enfrentan procesos legales largos y desgastantes solo por defender su territorio. Esto muestra cómo el modelo extractivista se sostiene violando derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida.

 —En el libro relacionan el capitalismo expansionista con la perpetuación del extractivismo. ¿Cómo ves esta dinámica en el contexto actual?

—El extractivismo sigue ampliando fronteras, transformando territorios en zonas de sacrificio. Desde el avance del agronegocio sobre bosques nativos en el norte argentino hasta la minería en glaciares, pasando por el offshore petrolero en el Mar Argentino, hasta la explotación del litio en salares o el monocultivo forestal sobre humedales y pastizales, el capitalismo encuentra nuevas formas de dilatar su lógica extractivista bajo distintos pretextos. Esto está ocurriendo también con la transición energética, profundizando desigualdades sociales y ambientales, y perpetuando la acumulación por desposesión.

—En el libro mencionan cómo el derecho de las corporaciones y la división internacional del trabajo, establecidos en el siglo XIX, siguen vigentes hoy. ¿Cómo se vinculan estos conceptos con el modelo extractivista actual?

 Ya en el siglo XIX, Estados Unidos le otorgó derechos casi humanos a las corporaciones privadas, y eso tuvo un efecto concreto inmediato. Lo que vemos ahora es que esos derechos siguen primando, especialmente en el Sur global, donde las empresas, muchas veces ni siquiera locales, tienen más derechos que las comunidades. Y, ni hablar, que la Naturaleza, pese a que nos sostiene y nos da la vida.

Además, la división mundial del trabajo pensada en el siglo XIX se mantiene intacta. Nuestros territorios siguen destinados a proveer materias primas para el sobreconsumo del Norte global. Este modelo impone un mandato exportador que nunca se cuestiona: extraer para exportar, sin preguntarnos para quién y para qué. Por ejemplo, el litio, que podría ser clave para nuestra transición energética, termina siendo exportado para fabricar autos eléctricos de lujo en Europa y Estados Unidos.

Esto es parte del modelo de saqueo y exclusión que domina la región. Como decimos en el libro, no puede haber justicia social sin justicia ecológica. Cambiar esta lógica es esencial para construir un modelo económico que priorice a nuestras comunidades y sus necesidades.

—Hacen mucho hincapié en la necesidad de reconocer y respetar a los pueblos originarios, y a la relación que mantienen con la naturaleza. ¿Qué se puede aprender de sus diversas cosmovisiones?

 Los derechos de la naturaleza tienen una base profundamente arraigada en las comunidades indígenas. Ellas siempre se han considerado parte de la naturaleza y han mantenido una relación basada en el respeto mutuo. En su cosmovisión, la naturaleza es un sujeto con derechos, no un objeto a explotar. Sin embargo, sus territorios son constantemente violados por el extractivismo, que los desplaza y destruye sus formas de vida. Reconocer los derechos de la naturaleza implica también garantizar los derechos de los pueblos originarios.

—¿Cómo describirías la situación de los pueblos indígenas en Argentina frente al extractivismo?

En Argentina, lamentablemente, tenemos un gobierno abiertamente enemigo de los pueblos indígenas, desde la presidencia hasta la vicepresidencia. Por ejemplo, Villaruel es una declarada enemiga acérrima. La discriminación hacia los pueblos indígenas se ha vuelto abierta, impudorosa y estatal, y esto es muy preocupante porque siempre tiene consecuencias trágicas.

Parece que ahora se puede discriminar sin ningún problema, lo cual tiene un carácter estratégico. Demonizar a los pueblos indígenas permite avanzar sobre sus territorios sin debate. Si decís que los mapuches son extorsionadores, podés justificar que avancen en Vaca Muerta sin límite alguno. Si estigmatizás a las comunidades que viven hace siglos en los salares de litio como ladrones, podés explotar esos territorios sin discusión.

—¿Qué aprendizajes ves en los liderazgos de otros países de la región frente al colapso ecológico?

Creo que estamos viendo un giro interesante en países como Brasil y Colombia. Lula, en su tercer mandato, adoptó –al menos discursivamente– la variable del cambio climático y la protección de la Amazonía en su discurso, algo que no estuvo presente en sus gobiernos anteriores. Pero Petro, en Colombia, es el mejor ejemplo de la incorporación en el debate internacional y en acciones estatales concretas de la conexión entre colapso ecológico y justicia social. Francia Márquez, su vicepresidenta, es una reconocida lideresa ambiental.

—En el texto acuden a autores como Walter Benjamin, quien hablaba de los cambios y las revoluciones como un “freno de emergencia” al capitalismo“. ¿Cómo se confrontan los avances salvajes del capital desde una perspectiva ecosocial y lo que llaman un ”Estado diferente“?

—Hay una frase que Mark Fisher atribuye a Fredric Jameson y resume bien el desafío: “Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”. En el marco del capitalismo actual, es muy difícil encontrar salidas sostenibles. Por eso, desde el Pacto Ecosocial del Sur proponemos un cambio paradigmático que incluye la creación de un Estado ecosocial. Este modelo combina justicia social con justicia ecológica, algo que el estado de bienestar progresista nunca logró implementar eficaz y sostenidamente en América Latina.

 El Estado ecosocial debe ser muy diferente: no solo implica políticas verdes como promover energías renovables, sino también cuestionar la deuda externa (que además es ilegítima), exigir la deuda ecológica histórica del norte con el sur y reformar los sistemas tributarios para que sean progresivos y responsables con el ambiente. Es un modelo que reconoce la importancia de los cuidados y exige un Estado presente: antes, durante y después de eventos climáticos extremos. Reconocer los derechos de la naturaleza implica pensar nuevos horizontes civilizatorios

—¿Cómo aborda el modelo de Estado ecosocial la minería y la energía?

—América Latina extrae el 15% del oro mundial, pero solo utiliza el 3%. Esto ilustra el absurdo del modelo extractivista actual. El Estado ecosocial que proponemos replantea interrogantes fundamentales. ¿Minería para quién y para qué? ¿Energía para quién y para qué? Mucha de la energía que se produce en algunas provincias ahora es para las propias mineras, lo cual constituye un círculo vicioso que consume más recursos de los que aporta.

Hay que establecer políticas públicas que prioricen el bienestar local, fomentar una agricultura sostenible que permita el arraigo de las poblaciones en sus territorios, y repensar cómo habitamos nuestro país.

—En el libro, ustedes critican la economía verde como una “acumulación por conservación”. ¿Cómo ven esta nueva estrategia del capitalismo?

—Lo que llamamos “colonialismo verde” o “colonialismo energético” es una nueva vuelta de tuerca del capitalismo Ahora el discurso verde justifica que los territorios del sur sigan siendo zonas de sacrificio. Por ejemplo, el litio, que dicen es “para salvar el planeta”, en realidad sirve para producir Teslas en Estados Unidos o BMW eléctricos en Europa. No hay un replanteo del consumo insostenible del norte global, solo una nueva excusa para explotar nuevamente nuestros recursos.

Para ilustrarlo: el capitalismo actual privatizó la abeja, la miel y ahora está buscando privatizar el acto de polinización de las abejas. Es decir, las funciones de la naturaleza entraron al mercado.

Esto incluye prácticas perversas como plantar pinos y eucaliptos para, supuestamente, capturar carbono, a pesar de los impactos negativos que estas especies exóticas tienen en los territorios, como el agotamiento del agua, la degradación de los suelos y la eliminación de otras formas de ocupar los territorios.

—¿Qué opinás del retiro de Argentina de la COP y del avance de políticas negacionistas en el país?

—Es un hecho gravísimo y sin precedentes. En 2019, con Pino Solanas impulsamos la Ley Nacional de Cambio Climático, que convirtió la lucha contra el cambio climático en política de Estado. Sabíamos que los negacionismos avanzaban en el mundo y nos podía tocar uno en cualquier momento. Retirarse de la COP viola esa ley y el Acuerdo de París, adoptado por Argentina también por ley. Participar en estas instancias es clave para reclamar políticas y recursos que compensen las desigualdades entre Norte y Sur, además de enfrentar el cambio climático que ya afecta directamente a nuestro país.

El gobierno actual tiene una postura negacionista comparable al terraplanismo. Estas políticas no solo traen más pobreza y desigualdad, sino que cuestan vidas. Las inundaciones en el sur de Brasil, el tornado en Bahía Blanca, las olas de calor, todo esto tiene muertos. La sequía en Argentina, consecuencia del cambio climático, causó pérdidas de miles de millones de dólares, incluso para los sectores que este gobierno dice proteger.

—¿Por qué creés que este libro puede ser clave para quienes empiezan a interesarse en el ambientalismo?

—Los derechos de la naturaleza son un lugar excelente para empezar. Este libro es muy didáctico, pensado para un público general, pero también es serio y aborda la raíz del problema: el modelo paradigmático que domina a la sociedad. No se trata solo de describir las consecuencias, sino de cuestionar las bases del sistema que generan estas crisis.

El libro invita a abrir debates, a conectar temas y a disparar curiosidad en quienes no tienen un acercamiento previo a estas cuestiones. Los derechos de la naturaleza son una herramienta para desmercantilizar la vida y enfrentar el modelo extractivista, planteando alternativas que buscan una sociedad más justa, igualitaria y en armonía con la madre Tierra.

 JB/CRM

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