El 20 de febrero es “El Día Mundial de la Justicia Social” y fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2007. En su fundamentación teórica se sostiene que “la justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera” y que constituye “el núcleo de nuestra misión global para promover el desarrollo y la dignidad humana”. Para ello, las actividades que se desarrollen con esta finalidad han de ir enfocadas,según la ONU, a la erradicación de la pobreza, a promover el pleno empleo y el trabajo decente, a la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y a la justicia social para todas las personas.
Desde la Plataforma por la Renta Básica Universal (RBU) de Córdoba, consideramos que para que haya justicia social tiene que haber una justa redistribución de los recursos, un reparto equitativo de la riqueza; un reconocimiento de las diferencias entre las personas, entre los pueblos, entre las naciones, desde la igualdad y el respeto; y todo ello, sobre la base de una participación democrática activa, que permita tomar decisiones colectivamente en beneficio de toda la sociedad. Los Estados deberían ser los garantes de que estos aspectos recogidos en la Declaración de los Derechos Humanos, Los Derechos Humanos Emergentes, en La Carta de la Tierra y en otros Pactos Internacionales, se cumplan y los desarrollemos plenamente para todas las personas.
La erradicación de la pobreza es también uno de los objetivos de la agenda 2030, que, como veremos a continuación, está muy lejos de conseguirse, si no se cambia el sistema neoliberal que perpetúa la pobreza constantemente.
El informe publicado por OPHI (Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford) en colaboración con el PNUD (Agencia de las Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza, la desigualdad y la contención del cambio climático), nos proporcionan datos que hablan por sí solos.
Según este informe de 2024 – IPM- (Índice de Pobreza Multidimensional), 1.100 millones de personas en el mundo viven en la pobreza extrema. De ellas, el 40% (455 millones) vive en “situaciones de guerra, fragilidad o escasa paz”, con lo que aumenta la gravedad de la situación. Más de la mitad son menores de 18 años, 828 millones no pueden acceder a servicios sanitarios; 886 millones carecen de vivienda; 998 millones no tienen combustible para cocinar.
En otro orden de cosas, asistimos al genocidio de Gaza, de forma televisada, dónde, además de otras armas, se ha utilizado el hambre como instrumento de guerra.
Amnistía Internacional, de acuerdo con los datos de pobreza de la ONU, nos traslada que dos tercios de la población mundial, en situación de pobreza, son mujeres y que sus condiciones de vida perpetúan este estado sine díe. Sostiene que más de 340 millones de mujeres y niñas vivirán en la pobreza en 2030; que, debido al cambio climático, casi el 25% pasará hambre o deficiencia alimentaria (236 millones de mujeres y niñas, el doble de hombres y niños -131 millones), que las mujeres en zona de conflicto tienen 7,7 veces más probabilidades de vivir en la pobreza extrema.
La pobreza en general produce exclusión y aislamiento porque las personas se tienen que enfrentar a la supervivencia con escasos recursos, con salarios por debajo del umbral de la pobreza y en muchos casos malviviendo en la calle. Las mujeres, las personas trans y todas aquellas que viven en los márgenes por su condición de clase, sexo-género, etnia, raza, etc., tienen que enfrentarse, además de a la violencia estructural del sistema, a la violencia de género y a la violencia económica; al racismo y a la xenofobia. Todos estos datos son sólo una pequeña muestra de lo que ocurre en cualquier parte del mundo, fruto de unas políticas neoliberales que privilegian los beneficios de unos pocos (milmillonarios), sin importarles las carencias y necesidades de la mayor parte de la población; o se privilegia a los hombres por el hecho de ser hombres y se excluye a las mujeres por el hecho de ser mujeres como en Afganistán.
En España, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social publicados por el EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza) el 13 de febrero de 2025 asciende al 25,8% de la población española, a 12,5 millones de personas, a 2,8 millones de niñas, niños, niñes y adolescentes, al 50,3% de las familias monoparentales, a casi un 16% de las personas jubiladas y a un 55,4% de las personas desempleadas. Y si hablamos de la población migrante, nos encontramos con que las personas que están en riesgo de pobreza o exclusión, el 31,1% son de origen europeo y el 54,1% proceden de otros países no europeos. Lo que subyace a estos datos es la dificultad de acceso a la vivienda, la pobreza energética que impide calentar suficientemente los hogares, la carencia de recursos para una alimentación sana y saludable, el acceso a internet, la eternización de los procesos de regulación migratoria, etc. Estas son algunas de las necesidades básicas.
Y mientras todo esto ocurre, las grandes empresas financieras siguen acumulando beneficios desorbitados. Oxfam publicó en su informe de febrero, 2025: “El saqueo continúa” que: “En 2024, la riqueza conjunta de los milmillonarios se incrementó en dos billones de dólares estadounidenses y surgieron 204 nuevos milmillonarios, lo cual supone un promedio de casi cuatro nuevos milmillonarios a la semana; que en 2024, la riqueza conjunta de los milmillonarios se incrementó tres veces más rápido que en 2023; que la fortuna de cada milmillonario creció, en promedio, a un ritmo de dos millones de dólares al día y, en el caso de los diez milmillonarios más ricos, a un ritmo de 100 millones de dólares al día”. En este informe se desmonta la idea, muy extendida socialmente, de que la riqueza se debe al trabajo realizado. Está comprobado que la super riqueza no se debe al mérito, sino que se transmite vía herencias o por clientelismo sometido al poder de los grandes monopolios y porque evitan el pago de impuestos o buscan las triquiñuelas legales para pagar lo menos posible en los paraísos fiscales.
Hace falta un cambio de paradigma y poner freno a esta oligarquía financiera que pretende gobernar el mundo imponiendo sus criterios económicos frente a los derechos universales ya acordados: derechos políticos, económicos, sociales, culturales, acuerdos medioambientales, etc. Hay que trabajar para conseguir un cambio social desde una perspectiva eco-feminista, que ponga el desarrollo de la vida de todas las personas y del planeta en primer lugar, y, además, en el centro de todas las políticas.
La implantación de una Renta Básica Universal podría ser, entre otras, una medida económica importante para eliminar la pobreza y restablecer la capacidad de agencia de las personas para hacer su proyecto de vida y participar activamente sintiéndose parte de la comunidad. Sería considerada como un Derecho de Ciudadanía, igual que la educación y la sanidad. Entendemos por RBU una asignación monetaria otorgada por el Estado a todas las personas residentes y de forma proporcional, también a menores de 18 años, con la finalidad de cubrir las necesidades básicas para vivir dignamente. Su cuantía estaría por encima del umbral de la pobreza y se otorgaría con independencia de disponer de otras rentas de capital o patrimonio. Su financiación es posible si se elimina el fraude fiscal, si se modifica el IRPF y otros impuestos para que haya una redistribución justa de la riqueza de los que más tienen a quienes no tienen o tienen muy poco. Sugerimos que se vean las investigaciones realizadas por economistas versados en esta materia, tales como Daniel Raventós, Lluis Torrens, Julén Bollaín, etc.
Por supuesto, esta sería una medida más, que debería ir acompañada de la ampliación y desarrollo de unos servicios públicos de calidad enfocados al cuidado de las personas y del planeta (sanidad, educación, vivienda, dependencia, servicios sociales, cuidados); y de una educación cívica para el pleno desarrollo individual, en consonancia con la vida en comunidad, el freno al consumismo y al deterioro mediambiental.
Materiales consultados:
• Publicación de EAPN España, 13 de febrero 2025: “15º Informe del Estado de la Pobreza”
• Informe de OXFAM 20 de enero 2025 “El saqueo continúa”
• Informe de Pobreza Multidimensional, OPHI y PNUD, marzo, 2024: El IPM global explora los vínculos entre pobreza multidimensional y conflicto
• Declaración, 8M de ONU mujeres, 2024, International Science Council
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