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Más de cien colectivos piden al Gobierno regional que reduzca las importaciones para apoyar al campo canario

Una PNL buscará que 10.000 profesionales puedan optar a ayudas de agricultura ecológica ante el fin del PDR.

El Diario Agrícola

Las Palmas de Gran Canaria —

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111 colectivos, 64 pequeñas y medianas empresas y autónomos y 1.200 personas a título individual han suscrito una carta enviada el pasado 21 de abril -víspera del día internacional de la Tierra- por Ben Magec-Ecologistas en Acción a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias para solicitar medidas de apoyo al sector primario de cara a “enfrentar la crisis económica y social que se avecina en los próximos meses”, entre ellas, reducir las importaciones o regular los precios de los productos.

En un comunicado, las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran asociaciones de agricultores o ganaderos, cofradías de pescadores, Greenpeace o Intersindical Canarias, reivindican que, ante la caída del sector turístico, el Gobierno de Canarias debe apostar por mejorar la seguridad alimentaria del Archipiélago y posicionar al sector primario como alternativa en la creación de empleo y “como fuente de ingresos a miles de familias”. Las organizaciones firmantes recuerdan que, actualmente, esta actividad contribuye en un “ínfimo” 1,23% al Producto Interior Bruto de las Islas, según un informe del Consejo Económico y Social (CES) de Canarias.

Por ello, reclaman a la Consejería “el refuerzo y mejora de las iniciativas de apoyo al sector primario puestas ya en marcha”, como extender el programa Ecocomedores a todos los centros educativos públicos, hospitales, residencias de mayores y centros de personas con diversidad funcional; la entrega de cestas de alimentos frescos y saludables a las personas en situación de exclusión o continuar incentivando el consumo de producto local a través de políticas responsables de compra pública y contratos directos de abastecimiento con el sector de la restauración.

También reclaman, “sin más dilación”, el cultivo de terrenos abandonados -solicitando a la Consejería que ponga  a disposición las tierras públicas o incentive a particulares para que alquilen o cedan-, planes de formación para la inserción laboral en el sector -sobre todo apostar por instruir a personas desempleadas en materia agroecológica-, y reducir las importaciones que supongan competencia a la producción local, con políticas de regulación de precios para evitar dumping o disminución de subvenciones a productos de fuera.

Otro de los elementos que destacan las organizaciones firmantes es la política de protección del suelo rústico para que aquellos de valor agrícola se destinen a su cultivo y la apuesta por la gestión de la materia orgánica para compostaje, además de fomentar el cultivo en áreas urbanas. Por otro lado, destacan la necesidad de regularizar el precio del agua y del suelo, “el más caro con diferencia respecto a la península”, que a juicio de las organizaciones firmantes “es una asignatura histórica pendiente para todos los gobiernos de Canarias”.

“En definitiva, la agricultura de policultivos, la ganadería extensiva, la pesca artesanal sostenible y la producción derivada de estas actividades deben ser alternativas en la creación de un sustento de vida en las Islas. Pero, para ello, es necesaria la dignificación del sector”, afirman en la nota.

“No únicamente poniendo en valor dicho sector en materia alimentaria y de salud, sino también dignificando el trabajo; pues es conocido que muchas personas rechazan dedicarse al sector primario debido a las precarias condiciones laborales y bajos salarios. Trabajar la tierra debería ser una alternativa viable y deseable de empleo para personas jóvenes y desempleadas”, añaden.

En la nota, las organizaciones piden a la Consejería que considere la carta en apoyo del sector primario de las islas “con rigor y seriedad” porque “estas medidas ayudarán, no sólo a mantener el poco sector primario que tenemos en las islas durante esta crisis sanitaria, sino a poder posicionarlo en el futuro donde se merece”. Para que, “con una políticas adecuadas”, las personas que se dediquen a esta actividad puedan desarrollarla “dignamente” y sea una forma de vida “viable y deseable”.

Todo ello, porque “además de poder generar miles de empleos en el Archipiélago y ser una fuente de ingresos para muchísimas familias de las Islas, es bueno para la salud de las personas, para el medioambiente y para la lucha contra los efectos del cambio climático”.

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