Canarias se pone firme tras la actual crisis del plátano: Agricultura decreta normas de control para evitar los sobrantes

Ha llevado su tiempo, pero en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ya lo tienen claro, sobre todo tras la actual crisis de mercado, otra más, que aún afecta al plátano, con la consecuente ruina de precios para el agricultor y la destrucción de millones de kilos de fruta (la llamada pica) este agosto y septiembre, lo que ha hecho recordar el descalabro de todo el año 2023.

Tan claro ahora se tiene que el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, ha dicho sí, adelante, para que se proceda con la reforma del Decreto 48/2018, de 16 de abril (el que regula el reconocimiento de las organizaciones de productores -OPP- y sus asociaciones en el sector del plátano de Canarias), y, lo más importante, que esta reforma legal de ámbito autonómico se haga recogiendo de principio a fin, en toda su integridad, los cambios pedidos por la proposición no de ley (PNL) aprobada de forma unánime en la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias celebrada el 26 de julio pasado, con los apoyos de PSOE, CC, PP, ASG, VOX y AHI.

Hay que señalar que esa PNL además está respaldada de forma externa por las cuatro organizaciones profesionales agrarias con presencia en las islas: Asaga-Asaja, COAG, UPA y Palca-Unión de Uniones, aunque también es verdad que cuenta con el rechazo mayoritario (por los pelos, si este se mide en kilos comercializados de fruta por las seis OPP) de Asprocan; esto es, de cuatro organizaciones de productores de plátanos de las seis existentes. Las desmarcadas del grupo contrario a los cambios propuestos por la PNL, dos, son las tinerfeñas (solo por su origen) Coplaca y Agriten, como así mismo ha reconocido el presidente de Asprocan, Domingo Martín.

La decisión que adopta la Consejería de Agricultura tampoco cuenta con el respaldo de la consejera de Presidencia en el Ejecutivo autonómico y secretaria insular de CC en La Palma (la isla donde el plátano tiene más peso económico y social), Nieves Lady Barreto, que ha sido y es la principal valedora política de las tesis que enarbola Domingo Martín y la parte mayoritaria de Asprocan. Martín también es director gerente de la OPP Cupalma, esta entidad nacida en la Isla Bonita.

Tal y como ha reconocido la Consejería de Agricultura a este periódico digital, la publicación del nuevo decreto es cuestión de pocas semanas, pues ya están preparados los cambios legales y resta que la nueva norma se publique en el Boletín Oficial de Canarias, lo que se hará tras su paso previo por el Consejo de Gobierno, como es preceptivo.

Llegados a este punto, conviene recordar que la PNL aprobada el 26 de julio de 2024 por la Comisión de Agricultura había despejado el camino al consejero Narvay Quintero en su deseo de proceder a la reforma de aquella regulación autonómica sobre el cultivo del plátano, ahora con amplios apoyos, y en su planteamiento ampliamente reconocido de que debía actuar para controlar el incremento de la producción y sus daños directos e indirectos en la renta agrícola, aparte de las consecuencias ambientales y el derroche de recursos de producción, principalmente el agua consumida por los plátanos picados, nada menos que 26 millones de kilos en 2023, el segundo total anual más elevado, y con seis millones ya en un mes y algo de este año, en agosto y parte de septiembre.

Tras la iniciativa política de Nueva Canarias (NC), el grupo parlamentario que más empujó en esa PNL, junto con los apoyos desde fuera de las organizaciones profesionales agrarias de las islas y la amplia sintonía de ese texto con las OPP Coplaca y Agriten y la propia Consejería, se logró una petición amplísima de actuación urgente dirigida al consejero que es histórica y que ahora sí levanta el freno de mano puesto por Agricultura en relación con este asunto, por el bloqueo de Asprocan y de un sector de CC dominante en La Palma.

Las cuestiones centrales de la reforma propuesta por la PNL, las que llevará de forma íntegra el consejero en el nuevo decreto territorial, son las siguientes: el rendimiento medio por hectárea será de 65.000 kilos de plátanos (ahora no existe), con un periodo de referencia para el cálculo de la ayuda de la UE de tres años (los actuales son dos) y nueva fórmula de definición: el 50% de los kilos comercializados con derecho a ayuda sale del histórico antiguo de las explotaciones y el 50% restante será la suma del 16,6% por año del trienio de referencia.

Ese cálculo de la ayuda directa de la UE (0,33 euros por kilo y año, umbral de referencia) también es el que apoya Coplaca, pero con la salvedad de que lo prefiere a cuatro años: 50%-50%, con 12,5% por ejercicio anual, hasta completar la mitad, y el otro 50% como histórico antiguo (esta opción no salió). En cambio, Asprocan optaba por el 40% de histórico antiguo y el 20% por cada año del trienio, hasta completar el 100%. Tampoco se aprobó en la Comisión. Esto lo defendió Asprocan tras aceptar como periodo de cálculo de la ayuda los tres años, que siempre antes había apoyado los dos actuales, el que existe en estos momentos.

Las medidas de la PNL aprobada el 26 de julio pasado, las que ya abraza la Consejería de Agricultura y llevará al nuevo decreto, instaban al Gobierno autonómico, “ante la crisis actual del sector platanero local y el hundimiento de las rentas de sus productores en los últimos meses, a adoptar una serie de decisiones que contribuyan a mejorar la gestión de la ayuda [el apoyo directo al plátano que concede la UE dentro del programa Posei, con hasta 0,33 euros de ayuda por kilo comercializado para un máximo de 420.000 toneladas por año y ficha financiera de 141,1 millones de euros] y del propio mercado”, lo que implica la “reforma del diseño de la actual ayuda en el marco del programa Posei [algo ya informado a la Comisión Europea por Canarias] con las siguientes modificaciones”. 

Estos cambios son:

-Limitación de los incrementos de las cantidades de referencia asignadas a cada productor de plátano por la suma del histórico de producción, la cantidad siniestrada certificada por Agroseguro y/o la cantidad de kilos retirados del mercado [la operación conocida como pica]. Esto quiere decir que para el cálculo del histórico se suma lo que se vende al año, lo que no se vende porque se pica y lo que se destruye por riesgos meteorológicos u otros eventos que cubre la prima colectiva del plátano (Agroseguro).

-Aplicación de un rendimiento máximo en el cálculo de las cantidades de referencia de 65.000 kilos por hectárea [menor al propuesto por Asprocan, entre 70.000-80.000 kilos, e igual al inicialmente planteado por la Consejería de Agricultura]. El cálculo del rendimiento máximo se realizará con la superficie incluida en el registro de afiliados de las organizaciones de productores de plátanos (las OPP, seis en Canarias), a 31 de agosto de la campaña N-1 [la anterior a la definitivamente cerrada].

-Incremento del periodo de revisión de las cantidades de referencia [para el abono de la ayuda directa de la UE], con la ampliación del cálculo de referencia de los dos años actuales a tres [la Consejería propuso hasta cuatro en sus borradores y Asprocan siempre prefirió los dos actuales], y que la definición de los kilos sujetos a ayuda por beneficiario se haga dando el 50% al histórico antiguo de producción y el 50% restante sea repartido entre los tres años, a razón de 16,6% por ejercicio.

-Exclusión de la ayuda Posei para las plantaciones ubicadas en nuevos polígonos, parcelas y recintos, con la búsqueda de un mecanismo excepcional para que no se perjudique la incorporación de jóvenes agricultores al sector [no hay prohibición de nuevos cultivos de plátano, pero se penalizan porque no tienen derecho a la ayuda directa de la UE, lo que en la práctica los hace inviables].

-Generación de mecanismos que permitan conservar las cantidades de referencia durante siete años para aquellos productores que quieran explorar la producción de otros cultivos [si se apuesta por otra actividad y se regresa al plátano, no se pierde el derecho a la ayuda de la UE]“.

En la citada PNL, también se detallaban datos sobre la evolución del sector platanero entre los años 2011 y 2021, diez años, que “son elocuentes de la situación que se describe”:

•Superficie cultivada 2011: 9.140 hectáreas / 2021: 9.097 / 2023: 8.719.

•Producción comercializable 2011: 349.136.715 kilos / 2021: 411.731.930 / 2023: 467.256.125.

•Nº peticionarios de subvención 2011: 11.108 productores / 2021: 7.508

El subidón de oferta de fruta apta para comercializar en 2023, con un aumento de la producción hasta los 467.256.125 kilos, supuso nada menos que 118.119.410 kilos más que en 2011.

Por ello, el año 2023 se cerró con los siguientes parámetros: 467.256.125 kilos comercializados, de los cuales 26.469.204 fueron retirados del mercado [pica: sin ingreso para el agricultor, solo la ayuda de la UE, y fruta destinada a insumo alimentario del ganado, beneficencia, destrucción como residuo o proyectos por ahora fallidos de introducción en Marruecos] y a los que se añadieron 9.410.998 kilos siniestrados y reconocidos por Agroseguro.

De esa suma resulta una producción total de 476.667.123 kilos, según las estadísticas anuales de la organización Asprocan, la que integra a las seis OPP existentes en las islas (Coplaca, Cupalma, Europlátano, Agriten, Plataneros de Canarias y Llanos de Sardina).

En la exposición de motivos de la PNL se recogía que la disminución “importante” en el número de peticionarios/productores de la ayuda directa de la UE se debe, entre otros factores, a los aquí detallados: 

a) Concentración de las explotaciones en unidades de mayor tamaño, existiendo una progresiva disminución de las fincas de pequeño tamaño y un aumento de las explotaciones de dos o más hectáreas. 

b) En lo referente a la distribución por cantidad de referencia, ocurre que aquellas explotaciones con menos de 45.000 kilos/año de producción, en especial las más pequeñas, disminuyen notablemente.

c) Si se analiza la producción comercializada, se observa un aumento continuo (17,43%) en los kilos comercializados desde la campaña de 2009 hasta la actualidad.

d) Si no se toman medidas, la ayuda directa podría bajar hasta 0,27 euros por kilo, 0,05 euros menos que los 0,33 para 420 millones de kilos al año garantizados.