El PP se estrella contra sus promesas de acabar con los chiringuitos creando más altos cargos en el Gobierno de Canarias

El nuevo Gobierno de Canarias (nuevo relativamente, porque el presidente, Fernando Clavijo, inicia el que es ya su segundo mandato) está formado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), segundo y tercer partido, respectivamente, con más votos en las últimas elecciones autonómicas del 28 de mayo. Esos comicios los ganó el PSOE, que aglutinó más de 239.000 sufragios, pero la aritmética imposibilitó la continuidad de la coalición con la que los socialistas habían dirigido las Islas los últimos cuatro años. El llamado pacto de las flores (formado por PSOE, Nueva Canarias, Unidas Podemos y ASG) resultó imposible de reeditar después de que Podemos (con muchos de sus votos desviados hacia Drago Verdes Canarias, del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez) perdiera su representación en la cámara regional. Ante tales números, ASG, partido fundado por el exsocialista Casimiro Curbelo, cambió su apoyo al gobierno de progresista por su apoyo al gobierno de CC y PP, con el respaldo de AHI, formación que obtuvo apenas el 1,18% de los votos de las islas (menos de 1.700) pero que con la ley electoral canaria le permite tener un escaño en el Parlamento. Y con Clavijo de regreso en la Presidencia llegaron la composición del nuevo Ejecutivo y los nombramientos. Y el resultado es un Gobierno con más altos cargos, más secretarías generales, más consejerías, más viceconsejerías y nuevos organismos de reciente creación (tres) que el Gobierno saliente. El aumento ha sido cifrado por el PSOE en un 25%, lo que, según han criticado, convierte al Ejecutivo de Clavijo en “el más caro de la historia”.

Y este aumento se produce al mismo tiempo que se inicia la bajada de impuestos prometida en campaña electoral y que, por ahora, se ha materializado en un recorte a las grandes herencias y en una matización respecto a que la bajada del IGIC, que antes del 28M se decía que sería inminente, se llevará a cabo por tramos y plazos en los próximos cuatro años. Es decir, se incrementa la estructura que financian las arcas públicas mientras se dejan de recaudar unos 40 millones de euros del impuesto a las grandes herencias (según fuentes del Ejecutivo anterior) y otros 450 millones que se dejarán de ingresar por el recorte en el IGIC.

Haciendo una comparativa entre ambos gobiernos, resulta que el de Ángel Víctor Torres (que no varió su estructura en cuatro años) tenía 10 consejerías, 20 viceconsejerías, 48 direcciones generales y 91 altos cargos. El Ejecutivo de CC y PP ha elevado todas las cifras: 12 consejerías, 30 viceconsejerías, 56 direcciones generales, 115 altos cargos y tres organismos nuevos: una Intervención General, un Comisionado para el REF y una Agencia Canaria de Investigación.

El expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que mantuvo la estructura del Gobierno con el mismo número de consejerías cuando llegó al cargo en 2019, llamó la atención tras el 28M sobre el hecho de que el Ejecutivo saliente va a dar paso a otro “con más consejerías, con más gasto público y, por tanto, contrario a aquello que se hablaba de que iban a adelgazar la administración”.

De hecho, la reducción de la administración y del gobierno ha sido un mantra en la última década, especialmente para el PP.

Acabar con “el chiringuito público”

Pese a que la estructura gubernamental en las Islas era menor con Torres que ahora con CC y PP, en el Parlamento regional se escucharon en 2020 las quejas de la entonces portavoz del PP en la cámara, Australia Navarro, que desde la tribuna de oradores abogaba por la “reducción significativa y la desaparición de un tercio de los altos cargos y la mitad de los cargos de confianza” del Gobierno. Y pedía “una reducción severa”, de hasta el 50%, de las empresas y fundaciones públicas: “Esto no puede seguir así, con un gasto público sobredimensionado que pone en peligro la inversión en políticas sociales básicas”, dijo Navarro, que ha sido designada esta misma semana senadora del PP por la comunidad autónoma.

No es una novedad que los populares reclamen cuando están en la oposición reducir el aparato de Gobierno en Canarias. También lo hizo en 2011 por boca de quien en la actualidad preside el Parlamento canario, Astrid Pérez, que aquel año defendió que había que “apostar por una gestión eficiente de los recursos públicos”. El PP proponía entonces un Gobierno canario con un máximo de ocho consejerías, además de una reducción del 30% en altos cargos, suprimiendo viceconsejerías y direcciones generales, además de reducir a la mitad las empresas públicas, fundaciones y demás entes dependientes de la Comunidad Autónoma. “Una de nuestras prioridades es reducir la estructura política y administrativa de las administraciones, así como la maraña de entes y empresas públicas que dependen de la administración autonómica con el fin de ahorrar en el gasto, pero también para lograr una mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos disponibles”, dijo entonces Astrid Pérez.

Ya en 2015, y de nuevo Australia Navarro, también propuso reducir el tamaño del Gobierno. En esta ocasión rebajó el número de consejerías a solo seis. La entonces candidata del PP a presidir las Islas pedía también la supresión de todas las entidades, empresas, fundaciones y embajadas del Ejecutivo (presidido entonces por Paulino Rivero, de CC) “que sean innecesarias, que causen pérdidas a las arcas públicas o que compitan de forma desleal en el mercado con la iniciativa privada”. Era lo que ella misma calificó de “ajuste del chiringuito público”.

El actual Ejecutivo tiene el doble de consejerías que lo planteado por la candidata del PP entonces y, ahora, junto a CC, ha aumentado el número de altos cargos y organismos públicos en un 25%. En el acuerdo de gobierno entre ambos partidos existe ahora un área denominada “simplificación administrativa”, cuya gestión está en manos de CC.

Reparto de áreas

El reparto de áreas del nuevo Ejecutivo ha quedado así: CC gestiona las políticas de autogobierno, los proyectos estratégicos, la acción exterior, la emigración, la comunicación y relaciones con los medios, la administración pública, la simplificación administrativa, la justicia y la seguridad.

También el sector primario y la soberanía alimentaria, la política territorial y el reto demográfico, la cohesión social, la movilidad, las obras públicas, sanidad, vivienda, universidades, ciencia e innovación, cultura, patrimonio histórico, políticas sociales, igualdad, juventud, infancia y familia.

El PP está a cargo de las áreas que tienen que ver con hacienda, relaciones con la UE, REF, economía, industria, empleo, autónomos, turismo, comercio, transición ecológica y energía, así como educación y formación profesional. También ostenta la Presidencia del Parlamento.

Un aumento “sin justificar”

El PSOE ha sido el primero en pedir explicaciones. Este mismo viernes, el Grupo Parlamentario Socialista registraba en el Parlamento regional una solicitud de comparecencia del Gobierno ante el pleno de la Cámara para que explique su nueva estructura orgánica. Según los cálculos de los socialistas, ahora hay un 25% más de altos cargos y consejerías, lo que se traduce en 1,5 millones de euros más al año. Por ello, concluye el partido, “se trata del Gobierno más caro de la historia de Canarias”.

Sin embargo, el coste real de este crecimiento en personal y estructura no se conoce todavía, aunque se preguntará por ello al PP y a CC en el Parlamento.

Además, el PSOE afirma no encontrar “razones de funcionalidad ni eficiencia” que justifiquen esta expansión estructural. “Lo que apreciamos”, señaló el partido en una nota, “es que carece de rigor, es caro e ineficaz, y no aportará ningún beneficio a la ciudadanía de Canarias”.