Nueva Canarias-Bloque Canarista ha propuesto eliminar los vacíos legales en materia de violencia vicaria, de forma que se ponga en marcha un escudo de protección a los menores con la obligación de tener protocolos de detección de este tipo de maltrato en los centros educativos, entre otros.
Para ello se ha presentado una proposición no de ley, que será debatida por el pleno de la Cámara regional este miércoles, y cuyos detalles ha expuesto este lunes la diputada Natalia Santana, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a la periodista y superviviente de violencia vicaria Nanda Santana.
La parlamentaria ha señalado al principio de su intervención que es “inadmisible” que el Gobierno canario haya recortado los presupuestos destinados a la lucha contra la violencia machista para 2025, pese a que las islas “crecen cuatro veces más” que en el resto del Estado español en los casos de maltrato.
Además, y en coincidencia con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, NC-BC ha presentado la proposición no de ley que pretende aumentar los recursos para la violencia contra los hijos e hijas, la vicaria, que muchas veces es “invisible”.
Al respecto, ha detallado que la ley autonómica en materia de violencia de género presenta una serie de vacíos que impiden la adecuada identificación y tratamiento de la violencia vicaria, por lo que en la proposición se pide modificar esta normativa para incluir este concepto de manera clara.
Pero además, ha continuado Natalia Santana, se pretende ir “más allá” y que se estipule la obligación de impartir programas de formación en este ámbito para el personal que esté en contacto con menores, ya sea en educación, sanidad, servicios sociales, cuerpos de seguridad o jueces.
Se trata de promover asimismo un protocolo de detección de la violencia vicaria en centros educativos, que son cruciales para su identificación, y crear mecanismos de actuación rápida, un sistema de monitoreo de los casos y la creación de un observatorio especializado en este tipo de maltrato que estudie el patrón de este conducta.
Por su parte Nanda Santana, que forma parte del colectivo “Madres vivas”, ha subrayado que la ley de violencia de género protege “en la teoría”, pero en los hechos se queda “en papel mojado” porque en la práctica hay decenas de menores asesinados por sus padres en España, y miles que mantienen su vida física “pero viven una infancia llena de violencia porque son utilizados por sus progenitores para hacer daño a sus madres”.
“Es una violación flagrante, reiterada, sistemática de los derechos humanos”, ha indicado Nanda Santana, quien ha argumentado que al colectivo “Madres vivas” no le queda otra que ser valientes e insistentes hasta conseguir una infancia libre de violencia y que las instituciones reparen el daño “porque no lo están haciendo”.
“Madres vivas” pide “desgarradoramente que nos tomen en serio, que esto no sólo nos hace daño a nosotras sino a lo que más queremos, nuestros hijos e hijas, algunos de los cuales van por la vida con heridas emocionales muy profundas cuya sanación va a llevar años de tratamiento terapéutico”, ha advertido Nanda Santana.
Ha lamentado que a las madres que viven este maltrato “nos acusan de locas, manipuladoras y mentirosas, cuando creemos que el amor es la energía más potente del Universo”, mientras que un agresor “nunca puede ser un buen padre”.
Sin embargo, ha proseguido, a día de hoy hay muchos profesionales de todos los sistemas “nos siguen revictimizando y siguen siendo cómplices de los maltratadores”, lo que ocurre cuando un pediatra tiene evidencia de que hay abuso sexual en un menor y no activa el protocolo necesario o cuando una jueza, con un informe de riesgo para el menor en contacto con su padre, estipula un régimen de custodia compartida o regula un régimen de visitas.
Nanda Santana ha advertido de que hay falta de formación en esta materia, y por ello toda persona que tenga contacto con menores y sus madres debe tener formación especializada con carácter obligatorio.
También ha considerado conveniente que, si prospera la modificación legal que propugna NC-BC, vaya “más allá” y articule todo lo necesario para que la protección a los menores se ejerza realmente en todos los ámbitos, desde el sanitario y educativo al legal y el trabajo social.
La representante de “Madres vivas” ha confiado asimismo en que esta iniciativa sea apoyada por todos los grupos, incluso los que niegan la existencia de la violencia machista como estructural.