Elizabeth se quedó embarazada, perdió su trabajo y se divorció. Todo en un corto espacio de tiempo. Se vio sola con su hija pequeña y una prestación social “pésima” por aquel entonces. No le daba para pagar un alquiler que rondaba las 30.000 pesetas mensuales (180 euros), así que probó suerte con las viviendas sociales que ofertaba el Gobierno de Canarias en el II Plan de Vivienda, anunciado a finales del siglo XX.
Por su condición social fue adjudicataria de una de ellas. Y todo parecía ir según lo previsto: debido a la precariedad en la que se encontraba, el Ejecutivo regional iba a subvencionar hasta en un 90% los gastos del piso y le aseguró que el domicilio “podrá pasar a ser de su propiedad a medio plazo”, según una carta del director general de Vivienda por aquel entonces, Miguel Ángel Pulido Rodríguez. 25 años después, continúa pagando religiosamente por la casa en la que reside y ya no se cree nada. Ha perdido la esperanza.
“Nos prometieron cosas que no se han cumplido nunca”, sentencia. La empresa pública de viviendas sociales de las Islas, Visocan, es la encargada de la gestión de los inmuebles. La que cobra, administra y rehabilita los edificios. En algunos casos, como denuncia Mili, eso no ocurre. Ella sufre esclerosis múltiple y su bloque no ha sido debidamente adaptado. Algunos temen que pueda salir mal parada al igual que le pasó a Paqui, que sufrió una caída “como consecuencia del lamentable estado” en que se encuentran los apartamentos y las zonas comunes, de titularidad de Visocan. La empresa, junto con la compañía de seguro GES S.A. y la junta administradora de la comunidad, fue condenada por el Juzgado de Primera Instancia nº16 de Las Palmas de Gran Canaria a pagar 11.372 euros de indemnización.
La plataforma ciudadana Viviendas Sociales en Lucha agrupa a los más de 3.000 afectados que reclaman la titularidad de los 2.907 domicilios del II Plan de Vivienda (1992-1995) de Canarias, gestionados por Visocan. Hace unas semanas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación presentado por la asociación de su solicitud de acceso a la propiedad de las casas adjudicadas en régimen de alquiler hace 25 años. El auto decreta que se trata de una “materia atribuida a la jurisdicción civil”. Araceli Refoyo, presidenta de la sociedad, advierte de que agotarán todas las vías legales, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Víctor González, gerente de Visocan, ha afirmado a esta redacción que no hará declaraciones sobre este asunto y que todo se está resolviendo vía judicial.
Qué ocurre y por qué reclaman
El conflicto es largo y con múltiples aristas, pero se puede resumir en un par de líneas: miles de familias se convirtieron en adjudicatarias de viviendas de protección oficial en régimen especial de alquiler y recibieron palabras prometedores con respecto a la titularidad de las mismas. Todo apuntaba a que se harían con las escrituras de las casas. Pero ha pasado un cuarto de siglo y ahora lo ven más difícil que nunca. “Eso ya no va a ocurrir. No van a entregar nada, solo van a aumentar el parque público y enriquecerse por ello”, dice Elizabeth.
El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) publicó hace unos meses un informe para la consulta previa sobre el nuevo decreto que regulará las medidas de acceso a la propiedad de los domicilios sociales. La norma derogará el texto que regulaba el anterior Plan de Vivienda de Canarias (2009-2012) y enterraría las ordenanzas que jugaban, en principio, a favor de estas familias. El próximo documento espera “facilitar el acceso a la propiedad de determinadas viviendas protegidas”. Pero también lo pretendía hacer el actual. Y eso, según lo visto hasta ahora, ha quedado en papel mojado.
En 2002, Visocan envió a los beneficiarios del II Plan de Vivienda un contrato de opción de compra en favor de los arrendatarios. Una especie de “voluntad” de la empresa pública, cuyo único accionista es el Gobierno de Canarias, para calmar las aguas. Posteriormente, Miguel Ángel Pulido, en unas declaraciones recogidas por el medio La Provincia, informó que “todos los adjudicatarios que no pudieron apuntarse a la opción de compra pueden hacerlo”. Llegó a decir que las casas se podrían vender, heredar o alquilar. Que se favorecería el arraigo de las familias. Que quien quisiera ser propietario contaría con la ayuda de la Dirección General de Vivienda, la cual aportaría el 50% del coste total, con la deducción de las cuotas abonadas de alquiler y daría hasta 25 años a los futuros propietarios para abonar lo restante, como también señala un decreto firmado en 1999 por la Consejería de Obras Públicas, Viviendas y Aguas del Gobierno de Canarias.
En ese mismo texto, se detalla que “como valor de adquisición de la vivienda” se tendrá en cuenta “el calculado en el momento de la adjudicación”, inferior a los 40.000 euros. En el borrador del nuevo decreto que pretende aprobar el Gobierno de Canarias, al que ha tenido acceso este periódico, la tasación de las viviendas “no podrá superar el precio máximo legal de referencia para una vivienda protegida de nueva construcción”, lo que subiría el coste en torno a los 90.000 euros. Algunos de los afectados sostienen que no se podrían permitir tal desembolso. Otros aseveran que no habrían solicitado estas viviendas sociales de haber sabido la que se les vendría encima.
Las promesas no han cesado
En 2019, en plena campaña electoral, el expresidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), manifestó que el compromiso del Ejecutivo era claro: “La transmisión de las viviendas que constituyen sus hogares desde el momento que fueron adjudicatarios de las mismas y que vienen disfrutando en régimen de arrendamiento”. Es cierto que en los contratos de arrendamiento firmados a finales de siglo no existe ninguna cláusula de opción de compra (el enviado en 2002 nunca se llevó a efecto). Pero el propio Clavijo recuerda en un escrito que las administraciones públicas isleñas deben adoptar las medidas necesarias para que los beneficiarios de viviendas protegidas, de promoción pública en alquiler, puedan acceder a su propiedad. “A día de hoy hemos pagado el doble o el triple del valor inicial que tenían nuestras casas”, subraya Refoyo.
Aquí entra en escena la situación financiera de Visocan. Aunque en 2020 haya obtenido un superávit de ocho millones de euros, para la empresa pública se estaría “deteriorando el patrimonio empresarial (...) por la venta de un conjunto importante de viviendas”, especialmente si se hace “a un precio marcadamente inferior al de mercado”, según indica un informe económico-jurídico elaborado por la consultoría Luján Asesores en 2018 a petición de Visocan sobre la entrega de los domicilios de su titularidad.
El último análisis de la Audiencia de Cuentas sobre los años 2014, 2015 y 2016 también destaca la “difícil coyuntura económico y social” que atraviesa la compañía. Y en el borrador del nuevo decreto que está cerca de aprobar el Gobierno regional, se hace mención a esta conclusión. El Ejecutivo no está dispuesto a otorgar ninguna escritura si supone un “detrimento presupuesto o patrimonial para Visocan”, así que la estrategia parece clara: proteger la principal actividad de la sociedad, que es la gestión del arrendamiento de su parque propio.
Ese plan estaría por encima de si los inmuebles están amortizados o no. Una carta firmada en 2007 por el director gerente de Visocan por entonces, Carlos Ascanio, recuerda a los inquilinos del edificio Residencial Brisa Marina, en Telde, dentro del II Plan de Vivienda de Canarias, que las viviendas “podrán ser transmitidas a los arrendatarios (...) una vez transcurrido el plazo de cinco años en régimen de arrendamiento y amortizado, en su caso, el préstamo hipotecario correspondiente”, que en este ejemplo en concreto tiene una duración de 20 años. La lista definitiva de los adjudicatarios del edificio Residencial Brisa Marina se hizo oficial en 1997. La Audiencia de Cuentas recuerda que “algunos” de los préstamos han sido amortizados “en su totalidad”.
¿Un conflicto entre partidos?
En 2018, el Parlamento de Canarias aprobó una Proposición no de Ley en la que instó al Ejecutivo regional a entregar las escrituras de los arrendatarios de las viviendas de los Planes Canarios I y II antes de finales de 2018. Pero eso no sucedió y un año más tarde, en 2019, prosiguieron las promesas, tanto del partido que fue desbancado del Gobierno (Coalición Canaria) como de la formación que ganó las elecciones (PSOE).
Algunos afectados creen que las buenas palabras cayeron en saco roto por ser previas a unos comicios y por la bicefalia que existe en estos momentos dentro del departamento de Vivienda, con la Agrupación Socialista Gomera (ASG) gestionando Visocan y el PSOE haciendo lo mismo con el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI). Una relación que no ha salido muy bien hasta ahora por las continuas “fricciones” que existen entre el consejero de Obras, Vivienda y Transportes, Sebastián Franquis, y el líder de ASG, Casimiro Curbelo.
“Todas las personas que han visto nuestra documentación saben de lo que estamos hablando. Todos lo saben. Lo que pasa es que cuando llegas al poder, y debes compartir el poder con otro, ya no puedes hacer lo que dijiste que harías”, destaca Elizabeth. A pesar de todo, ella tiene claro que no va a desistir en su lucha. “Nos volveremos a sentar, a molestar y que la gente siga escuchando lo que decimos. Que después de cuatro años han vuelto a engañarnos”.
“Visocan no tiene ningún interés en entregar las escrituras de las viviendas públicas porque son su sustento económico”, reiteró la concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo. “Lo justo es que se les dé las escrituras de titularidad con las viviendas totalmente rehabilitadas”.
Pagar el alquiler de una vivienda social sine die
El primer alquiler que pagó Araceli Refoyo ascendía a 169,07 euros. En 2020 ya pagaba 380. El principal miedo que tienen ella y el resto de demandantes es que llegue 2027 y las viviendas dejen de estar clasificadas como domicilios de protección oficial, como así indican los contratos de arrendamiento oficializados en 1997. En ese caso, los alquileres podrían subir aún más y las subvenciones se extinguirían.
Los beneficiarios de una vivienda de protección oficial no pueden desembolsar más de un 12% de los ingresos mensuales que perciben en el arrendamiento. El resto del importe que cobra Visocan lo pone el Estado. Pero dentro de cinco años eso podría desaparecer. “En ese caso, ¿qué hacemos? ¿Echamos a la calle a esa gente? Ese es nuestro mayor miedo. Por eso seguimos batallando en los tribunales. La mayoría de las personas mayores se están muriendo y no están viendo sus escrituras en propiedad”, concluye Refoyo.