Las contradicciones de Coalición Canaria muestran el caos en la declaración de zonas tensionadas

Desde que el Ministerio de Vivienda aprobase hace poco más de un mes el índice de precios de referencia de las posibles zonas tensionadas por el mercado del alquiler, un goteo constante de municipios canarios ha acordado mover ficha para analizar qué implicaciones tendría la regulación de rentas y qué distritos (o localidad entera) serían marcados en rojo. Estos primeros pasos han estado protagonizados por criterios dispares en una misma formación, trámites que se eternizan en el tiempo, poca coordinación entre las administraciones públicas sobre quién debe hacer qué cosa y hasta desconocimiento de la norma.

Coalición Canaria (CC) ha repetido desde el Gobierno autonómico que no tiene intención de momento de aplicar la regulación de precios. Considera que el decreto de vivienda que aprobó en febrero es “más efectivo” que poner coto a los precios de los arrendamientos urbanos. Pero ese diagnóstico choca con lo que han hecho varios grupos municipales de la agrupación.

En La Orotava, Granadilla de Abona y Adeje, en estos dos últimos desde la oposición, CC ha votado a favor de iniciar los trámites para estudiar la declaración de zonas tensionadas en dichas regiones. El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, también secretario general de CC en Tenerife, alude a la “municipalidad” para justificar el contraste de estrategias en materia de vivienda entre los municipios y el Ejecutivo regional. Extiende ese argumento a los otros dos consistorios mencionados.

La película es otra en Santa Cruz de Tenerife. Allí, el grupo de Gobierno (Coalición Canaria y Partido Popular) y Vox han rechazado declarar a la capital zona tensionada, pero el alcalde, José Manuel Bermúdez, ha encargado un estudio interno para determinar si en la ciudad concurren los requisitos para obtener dicho estatus y qué consecuencias tendría sobre el mercado inmobiliario. El Cabildo de Tenerife, también por CC, PP y Vox, se ha opuesto a una moción del PSOE sobre esto mismo. La Corporación insular de Lanzarote, conformada por CC y PP, más de lo mismo.

“[Topar los precios de los alquileres] es contraproducente y produce efectos adversos. Supondría llevar al traste y dinamitar los esfuerzos de los poderes públicos que buscan incrementar la oferta de alquiler social y asequible”, defendió en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la concejala delegada de Vivienda, Ana Belén Mesa (CC). También culpa a la Ley de Vivienda estatal de que “la ocupación, con ”k“, haya pasado a ”ser un derecho“.  

La aplicación de la norma estatal en municipios gobernados o no por CC para distender los altos precios del mercado residencial frente al desdén en otras localidades administradas al mismo tiempo por la formación nacionalista simboliza la falta de un criterio uniforme sobre las zonas tensionadas dentro del partido. Pero la escasez de homogeneidad no acaba ahí. Hay más.

Que un municipio o distrito sea declarado como tal debe ir precedido de un estudio que ilustre la realidad de los arrendamientos urbanos en el área. Los resultados de esos análisis con indicadores de renta, precios y más estadísticas son los que determinarán qué lugares cumplen con los requisitos para ser declarados tensionados: por un lado, que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos de los hogares; y, por otro, que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales por encima del Índice de Precios del Consumo (IPC).

La Orotava lleva más de cinco meses con este tema encima de la mesa. La concejala de Bienestar Social, María Belén González (CC), ha asegurado que “técnicos del área (…) siguen trabajando en ello” y que “los tiempos y las dificultades” se las marcarán ellos. Junto con Santa Cruz de Tenerife, ambos municipios son los únicos que están elaborando de forma independiente este diagnóstico. Adeje y Granadilla de Abona han instado al Gobierno de Canarias a hacerlo. Las Palmas de Gran Canaria ha anunciado que también lo hará. Una portavoz de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Ejecutivo regional ha señalado a Canarias Ahora que “toda solicitud que se presente (…) debe venir motivada y acompañada de los datos en los que se sustenta esa solicitud”.

“Es lógico que antes de remitir esa solicitud, ellos mismos analicen, con datos, si se dan esas circunstancias”, explica.

Para más inri, líderes políticos municipales están teniendo problemas para comprender lo que significa ser zona tensionada. En conversación con esta redacción, Linares (CC), alcalde de La Orotava, cree que el decreto de vivienda “declara tensionada a [toda] Canarias”, cuando en realidad lo que hace es manifestar la emergencia habitacional en el Archipiélago. El concejal de Presidencia y Planificación del Territorio de Adeje, Manuel Luis Méndez (PSOE), dijo en Radio Televisión Canaria (RTVC) que declarar zonas tensionadas “no implica en ningún momento que los propietarios de viviendas tengan que acogerse a las condiciones que indica serlo”, cuando la ley sí que explicita, entre otras cosas, que el índice de referencia marca el límite de los precios en estas demarcaciones.

Este periódico ha analizado con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Vivienda qué municipios canarios y distritos de las dos capitales provinciales del Archipiélago podrían ser declarados zonas tensionadas según los dos criterios de la normativa. El procedimiento para realizar ese diagnóstico es el mismo que ha llevado a cabo Catalunya para solicitar la declaración de 140 municipios, los únicos que se han aprovechado de la medida hasta ahora.

La principal diferencia con respecto a la comunidad catalana es que esta utiliza valores del Instituto Catalán del Suelo (INCASOL) para analizar los precios del mercado residencial. Ese departamento utiliza los depósitos de fianzas de los contratos firmados en el último año para precisar el coste medio de los nuevos acuerdos. Es una buena metodología para detallar la situación actual, razona Jordi González, doctor en Sociología por la Universidad de Leeds y colaborador del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA). Pero peca de no aglutinar en una misma cifra la evolución de los costes de los últimos años. El Índice de Alquiler de Vivienda, por otro lado, emplea datos tributarios. Sin embargo, está desfasado: los últimos registros son de 2022.

De acuerdo con la investigación realizada, un total de 22 municipios canarios podrían ser declarados zonas tensionadas del mercado del alquiler por el sobreesfuerzo del 30%. Y al menos 40 tendrían que serlo por superar en más de tres puntos porcentuales el coste del alquiler frente a la evolución del IPC entre 2018 y 2022, cifrada en 14,9%. Como en algunos casos coincide, la suma real entre ambos criterios asciende a 58 localidades.

En cuanto a los distritos de las capitales provinciales, solo dos en Santa Cruz de Tenerife, ubicados en Ofra y Añaza, podrían lograr tal consideración.