De la falta de forenses a las dificultades de acceso a una vivienda: las carencias en la atención a víctimas de violencia machista en Canarias

Falta de forenses, retrasos en los informes periciales y en las ayudas o dificultades para acceder a una vivienda. Son las principales carencias en la atención a víctimas de violencia machista en Canarias que ha detallado el último informe anual del Diputado del Común. El documento dedica un capítulo específico a la igualdad y la violencia de género y recuerda que a la condición de víctima se unen otros muchos factores de vulnerabilidad que agravan su situación y que colocan a las mujeres en un contexto de exclusión social. .

El informe señala que desde 2018 esta institución ha llevado a cabo actuaciones de oficio relacionadas tanto con la falta de personal especializado para la elaboración de informes periciales en los procedimientos judiciales como con la correcta aplicación de herramientas para la emisión de dichos informes, e igualmente ha recibido quejas a instancia de parte en este sentido.

Por ello, recomienda que se modifique la relación de puestos de trabajo (RPT) en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y en la Viceconsejería de Justicia; y de manera transitoria, “se lleve a cabo un plan de acción de forma inmediata para reforzar las actuales plantillas de los Institutos de Medicina Legal, a través del desarrollo de las medidas necesarias para incorporar especialistas médico forenses, psicólogos y trabajadores sociales en las unidades de valoración integral”.

“Especialmente preocupante es la acumulación y el retraso en la emisión de los informes periciales forenses (médicos y psicológicos) por parte de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Canarias (IMLCF) respecto de mujeres y niños inmersos en un procedimiento judicial, ello por falta de medios personales, motivo de queja en ocasiones hasta por parte de los propios operadores judiciales”, apunta el documento. 

Este capítulo de la Adjuntía de Igualdad del Diputado del Común también recoge la inexistencia de oficinas de atención a víctimas del delito. “Si bien es cierto que existe una Oficina de Asistencia Virtual a la que se puede acceder a través de la web del Gobierno de Canarias, no consta que se hayan creado las dos oficinas de ámbito provincial”, apunta el informe. Por ello, se solicitó al Gobierno regional información y respondió que en la actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT) existente no se contempla la existencia de estas oficinas ni existen perfiles profesionales que puedan desempeñar las funciones que a ellas se le atribuyen, siendo imposible su dotación y organización con los recursos personales existentes.

Ello ha llevado a que Canarias sea la única Comunidad Autónoma que aún no ha implementado su sistema de atención a víctimas a través de estas oficinas, tal y como exige la legislación vigente y que se encuentra en vigor desde el año 2015.

Demora en las ayudas y sin acceso a la vivienda

El Diputado del Común señala que son varias las quejas que se han recogido en relación con la falta de ayudas o prestaciones a víctimas de violencia, “con la demora en la tramitación de prestaciones y ante la necesidad de asistencia psicológica o de ayuda económica”. En este sentido, recuerda que son muchas las mujeres víctimas de violencia de género que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, con hijos a su cargo, y que, en ocasiones, también cuentan con algún tipo de discapacidad o se encuentran en una situación de dependencia.

“La vivienda destaca como una de las materias que motivan la interposición de queja ante esta institución, especialmente debido a problemas habitacionales o a la necesidad de vivienda de mujeres víctimas de violencia de género, así como situaciones de desamparo donde, ante la posibilidad de un desahucio inminente, no se da una solución habitacional”, señala el documento. En la mayoría de los casos se trata de titulares de familias monomarentales con menores a cargo; algunas de ellas tienen algún tipo de discapacidad reconocida, y en otros casos, alguno de los hijos/as ellas son los cuentan con alguna discapacidad“, subraya.

Lo más frecuente es que no cuenten con ingresos ni empleo, y en el caso de que lo tengan se trata de empleos precarios. La Adjuntía de Igualdad del Diputado del Común también recoge que se presentan situaciones de ocupación de viviendas, públicas o privadas de entidades financieras, sin título legal para ello; o de desahucio por falta de pago de la renta de la vivienda que tienen alquilada.

“Son diversos los expedientes en los que se presenta una situación de desamparo y respecto a las cuales las administraciones públicas, ante la posibilidad de un desahucio inminente, no han dado una solución habitacional. Pero también nos encontramos con casos en los que, a pesar de contar con un recurso alojativo temporal, se presenta una situación de desamparo, exclusión social, y carencia de recursos básicos”, destaca el informe.

Otro informe específico sobre la situación de la vivienda en Canarias elaborado por el Diputado del Común ya reflejó que “ el acceso a una vivienda digna y adecuada es uno de los grandes problemas sociales que supone la exclusión de un gran sector de la población y que se agrava especialmente para las mujeres, la juventud y las personas que viven solas”.

Además, pese a que se han desarrollado leyes que han reconocido derechos que integran la protección integral de las mujeres víctimas de violencia de género, “lo cierto es que se encuentran con dificultades específicas para acceder a una vivienda, tanto por motivos de seguridad como por causas socio-económicas. A ello hay que sumarle el hecho de que las mujeres conforman una unidad de convivencia con sus hijos e hijas a los que se les otorga la misma protección por su condición de víctimas”.  

Violencia institucional

A la Diputación del Común se suelen dirigir víctimas de violencia de género para denunciar una serie de vulneraciones relacionadas con el ámbito de la administración de justicia (esto supone un  34.28% de las quejas).A pesar de ello, el informe incide en que los datos no reflejan la realidad de las mujeres que acuden a la vía jurisdiccional, ya que son muchas las intervenciones y actuaciones que la Adjuntía de Igualdad de la Diputación del Común ha llevado a cabo en relación con el funcionamiento de la administración de justicia, pero sin que se haya llegado a formalizar una queja por no tener competencia para actuar sobre asuntos que se encuentran judicializados.

El documento incide en que las mujeres denuncian la violencia institucional que reciben por parte de los órganos judiciales, pues existen diferencias a la hora de proteger a las víctimas que dependen de los distintos criterios de valoración de los titulares de dichos órganos. También denuncian dilaciones en la tramitación de los procedimientos judiciales en las que se encuentran inmersas, especialmente en los casos en que ha de emitirse un informe pericial. Todo ello desemboca en la llamada “revictimización secundaria”, a la que se ven sometidas las mujeres víctimas de violencia de género por la falta de sensibilización y escasez de recursos. 

Otra de las cuestiones que recoge es la denuncia que ha realizado el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife sobre la disparidad de los juzgados canarios a la hora de proteger a las víctimas de violencia machista. Una queja que se trasladó al Consejo General del Poder Judicial.