El Gobierno de Canarias deberá redactar ahora un plan de infraestructuras sociosanitarias (para la construcción de plazas en residencias de mayores y de personas con discapacidad) de acuerdo a los requisitos que marca un real decreto de 2008. Así lo manda un informe de fiscalización sobre la Consejería de Derechos Sociales del ejercicio pasado, en el que se recoge que “no consta” (al menos conforme a la normativa) la elaboración de un plan previo a los convenios que se firmaron en 2017 entre el Ejecutivo de Coalición Canaria y los cabildos para construir 4.460 plazas residenciales en un periodo de tres años. Unas obras de las que, al menos en 2020, se habían ejecutado tan solo un tercio de ellas y cuya construcción se ha prorrogado hasta 2024 por el actual equipo de Gobierno.
El II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias fue anunciado a finales de 2017 tras aprobarse en el Consejo de Gobierno (cuando era presidente Fernando Clavijo) y fue ratificado en enero del año siguiente con los cabildos. El Ejecutivo regional aporta 161.150.000 euros con la finalidad de dotar al Archipiélago de nuevos centros, una inversión que asciende a 256.000.000 si se suman las partidas que aportan las corporaciones insulares y que debía ejecutarse en tres años, con derecho a ser prorrogado uno más (como se acordó en 2018). Sin embargo, lo que se preveía como una solución ante uno de los principales problemas de la atención a la dependencia en Canarias (la falta de plazas en residencias) se ha enquistado y no se dispondrá de estos espacios en su totalidad hasta 2024, cuando la demanda de estos recursos ha ido en aumento. El último informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales alerta de que es necesaria la creación de 8.000 plazas.
El informe de fiscalización apunta que las cifras sobre el bajo nivel de ejecución evidencian que en el momento de la suscripción de los convenios “no se desarrolló una adecuada planificación de las actuaciones a realizar y la programación de anualidades presupuestarias asociadas a la financiación de las mismas”. Ello ha traído consigo que, al cierre de 2020, año en el que debían estar finalizadas todas las actuaciones, “en la mayoría de los casos no se ha desarrollado ni un tercio de las actuaciones y ejecución presupuestaria previstas”.
Por ello, recuerda que en “ejercicios anteriores” ya había informado de la necesidad de la aprobación de un plan, con carácter previo, que contemplara los requisitos establecidos el Decreto 27/2008, de 4 de marzo, que establece “el procedimiento de elaboración y la estructura de los programas de actuación plurianual de los entes con presupuesto limitativo”. Es pues la falta de planificación lo que ha traído como resultado “una muy deficiente ejecución en los citados convenios desde el año de su firma”, remarca el documento.
Los cabildos solicitaron no recibir ni un euro en 2020
El informe destaca que en fase de fiscalización se acreditó que en septiembre de 2020 se celebraron las comisiones bilaterales con cada uno de los ayuntamientos en las que se analizó el estado de ejecución de las obras. Entonces, se señaló que ante la crisis producida por la pandemia y como consecuencia del estado de alarma, las obras se habían ralentizado. Por este motivo, se acordó iniciar la tramitación de una tercera adenda de prórroga y modificar el convenio, de manera que en 2020 las corporaciones insulares no recibieran partidas y se trasladase ese dinero a 2022 (caso de Lanzarote o La Gomera) o 2023 (en el resto).
El documento de fiscalización apuntaba que al cerrar el año 2020, pese a que los convenios debieron estar ya concluidos, “la realidad es que solo en los cabildos de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro tiene un porcentaje de ejecución superior al 50%”. La situación no mejoró al año siguiente y, en octubre de 2021, el Gobierno de Canarias acordó iniciar la tramitación de una cuarta adenda de prórroga y modificación del convenio. De este modo, los cabildos tienen hasta 2024 para ejecutar esas obras. El de Gran Canaria anunció recientemente cómo avanzan sus planes y que en 2024 contará con 3.083 plazas residenciales.
¿Qué hará el actual Gobierno de Canarias?
Desde la Consejería de Derechos Sociales afirman a preguntas de este periódico que se está trabajando en la elaboración de un plan que permita a los cabildos seguir recibiendo las partidas consignadas en esos convenios que se firmaron con Coalición Canaria. El Gobierno entiende que sin la elaboración de este documento no se podrían seguir realizando las transferencias y por ello ha instado a cada una de las corporaciones insulares a que les faciliten un cronograma con las actuaciones que han realizado y cuánto queda por ejecutar. Este plan estará redactado en julio e incluirá unas 1.000 plazas más en pequeñas residencias, espacios que prevé el plan Canarias te cuida que se ejecutará con fondos europeos.
Desde Coalición Canaria apuntan que las competencias sobre infraestructuras sociosanitarias son de los cabildos que tenían autonomía para decidir su planificación, que se acordaban en sus plenos. La entonces consejera de Servicios Sociales, Cristina Valido defiende que todo fueron facilidades para sacar el plan adelante, admitiendo prórrogas cuando los proyectos se retrasaban ya que el Ejecutivo consideraba que era urgente empezar a construir estas obras. Esos convenios se aprobaron además con la FECAI, así como la distribución de la financiación por islas.
El plan ahora se va a redactar desde cero atendiendo a los requisitos del decreto de 2008, como manda intervención, y de acuerdo a los documentos de ejecución de obras que remitan los cabildos. El motivo es que el equipo de la Consejería no dispone de ningún plan previo a esos convenios ratificados con los cabildos. El documento deberá razonar los motivos del plan de infraestructuras, un contexto sobre la realidad de Canarias en materia de dependencia y discapacidad, en qué se justifica ese número de plazas y por qué se distribuye de ese modo en cada una de las islas.