El acuerdo social

En el campo de la corrección de los desequilibrios sociales existentes cada organización debe ejercer su papel ejecutivo corrigiendo las posibles inequidades e ineficiencias detectadas, entendiendo que todo proceso de toma de decisiones tiene un innegable componente político y sabiendo que todo componente político posee un sesgo ideológico. Y en el ámbito de la economía, más, porque toda actuación está ligada intrínsecamente a una razón económica.

Bajo esta premisa, existen dos grandes redistribuidores de renta: el sistema fiscal y presupuestario, en el que se ha querido apostar por la derivación de la progresividad hacia la imposición indirecta sobre el consumo y la negociación colectiva y en el que las legítimas partes elegidas para la negociación combinan una serie de derechos sobre la población trabajadora con las cotas de competitividad necesaria de la estructura productiva.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que se debe gobernar para todas las partes. No es impartir justicia, sino que se debe hacer lo justo. Pero ¿qué es lo justo? Lo justo se ha de centrar en la corrección de las asimetrías, la asignación eficiente de los recursos junto con la estabilización de las magnitudes económicas y sociales que nos afectan.

Pues bien, para empezar con buen pie, primero debemos identificar los problemas para tomar tres posibles vertientes de resolución de conflictos. Una de las líneas de actuación es no hacer nada y dejar que las partes, según su correlación de fuerzas, solucionen los problemas. Otra es tener una actitud completamente invasiva y colocar de forma unilateral las soluciones políticas que se estimen. Y como tercera vía, está la de solicitar un papel de arbitraje continuo, de forma que se establezcan escenarios de consenso. En este caso, se debe ser lo suficientemente eficaz para corregir los desequilibrios, a la vez que provocar la desaparición de los costes de transacción.

Una vez detallados los problemas, debemos tener organizaciones que sean capaces de adoptar la representatividad necesaria con el fin de no estar continuamente cuestionando la legitimidad social de los acuerdos. Y ahí entra el papel de la responsabilidad de la sociedad, apareciendo la visión reactiva o la proactiva, asumiendo que la realidad no nos espera, sino que es cambiante de forma permanente, por lo que debemos hacer estrategias que estén en continua adaptación para corregir los desvíos. Por ello, las sociedades necesitan unos interlocutores válidos que estén legitimados para hacerse visibles. Unos interlocutores fuertes en el tiempo y en las ideas, con argumentos sólidos basados en el conocimiento, en la experiencia y en la madurez de sus propuestas. En definitiva, hacerse útiles.

Nadie es capaz de predecir el futuro con la exactitud necesaria como para hacer desaparecer los problemas adyacentes. Es un problema complejo con acercamientos poliédricos donde toda la sociedad debe participar, porque. de igual modo que le afectan los problemas, deben participar en las soluciones. Pero no por ser complicado debemos ser temerosos ni pesimistas.

Estamos preparados para afrontar esta y otras cuestiones que ahora incluso desconocemos, pero solo lo podemos hacer desde las actitudes colaborativas con la creación de un consenso en el que toda la sociedad se vea representada porque, aunque nadie es imprescindible, todas las partes son necesarias. ¿Qué necesitamos para enfrentarmos al futuro? Acuerdo social. Pero con libertad. Así que debemos no tener miedo a ser libres. No tener miedo a ejercer la libertad y no tener miedo a que el resto la ejerza, sabiendo que mis límites se sitúan donde comienzan los del resto.

*Economista

En el campo de la corrección de los desequilibrios sociales existentes cada organización debe ejercer su papel ejecutivo corrigiendo las posibles inequidades e ineficiencias detectadas, entendiendo que todo proceso de toma de decisiones tiene un innegable componente político y sabiendo que todo componente político posee un sesgo ideológico. Y en el ámbito de la economía, más, porque toda actuación está ligada intrínsecamente a una razón económica.

Bajo esta premisa, existen dos grandes redistribuidores de renta: el sistema fiscal y presupuestario, en el que se ha querido apostar por la derivación de la progresividad hacia la imposición indirecta sobre el consumo y la negociación colectiva y en el que las legítimas partes elegidas para la negociación combinan una serie de derechos sobre la población trabajadora con las cotas de competitividad necesaria de la estructura productiva.