Era el sábado día 18 de marzo del año 1994 cuando el edificio Imperial, situado en pleno barrio de El Toscal en el centro de Santa Cruz de Tenerife, tuvo que ser desalojado. La causa no era otra que un inminente riesgo de derrumbe. A partir de ese momento se ha iniciado una batalla judicial que en gran parte acaba de culminar con la reciente emisión por parte del Tribunal Supremo (TS) de un fallo. En concreto, la sentencia viene a ratificar las anteriores que apuntan a los arquitectos Félix Sáenz Marrero y Francisco Aznar Ortiz y a la constructora como responsables de lo ocurrido.
En realidad ha pasado tanto tiempo que son ya los herederos los que deben hacer frente a una indemnización que suma 800.000 euros. Esta cifra podría haber sido mayor, pero los sucesivos fallos consideran que los vecinos también tienen gran parte de culpa en lo ocurrido. Y es que cuando descubrieron los defectos originales de construcción al poco tiempo de acabarse el inmueble no hicieron nada por arreglarlos sino que se limitaron a emprender simples parcheos.
La causa del colapso fue la mala calidad del hormigón utilizado, la deficiente impermeabilización, la construcción de un ático ilegal o que 344 pilares de los 440 existentes presentaban deficiencias. Por si fuera poco, días antes del colapso se retiró el conocido como pilar 26. Causa última, que no la única de lo ocurrido.
El abogado de la mayor parte de los afectados ha sido Andrés de la Vega Alcañiz, quien hasta ahora se puede jactar de haber ganado todos los pleitos planteados. Y además de haberlo hecho desde primera instancia. Pero no fue por casualidad que este letrado asumiera las riendas del monumental contencioso. Él mismo era propietario de una oficina en la que se encontraba su bufete.
Recuerda que las jornadas previas a la víspera del Día del Padre se comenzaron a notar signos preocupantes de que el edificio estaba a punto de colapsarse. Ruidos, grietas, puertas que se atascaban, polvaceras… todo ello dio lugar a que poco a poco los vecinos fueran abandonando el edificio. A partir de aquí comienzan a celebrarse reuniones con el Ayuntamiento y más concretamente con el propio alcalde, José Emilio García Gómez, que desde un primer momento tomó una serie de decisiones que el abogado considera como muy acertadas.
Se inician también encuentros de los técnicos con los lógicamente preocupados vecinos. En ese momento se prohíbe del todo la entrada de los propietarios a sus casas ante el riesgo de desplome. Los acuerdos iniciales pasan por contratar una empresa especializada para proceder al derribo de la totalidad del inmueble. También comienzan a celebrarse las asambleas de afectados en las que surgen las inevitables diferencias, lo que no es extraño si se tiene en cuenta el alcance de la catástrofe. Al final, un grupo de vecinos encabezado por la directiva propone a de La Vega como abogado. La incertidumbre era casi absoluta: no se sabía si se debía reconstruir el edificio en su totalidad o se aprovechaba la parte que había quedado en pie, casi exactamente la mitad.
Este letrado, por ejemplo, no podía acceder a su despacho en el que estaban guardados documentos que para él tenían una gran importancia con datos confidenciales y personales. En concreto, el resultado de sus dos primeras décadas de ejercicio de la abogacía. Las reuniones comienzan a celebrarse de forma casi diaria y de La Vega toma las primeras decisiones: analizar el suelo, los pilares, muros, así como contratar a un notario para que certifique y dé constancia de que estos elementos eran recogidos del inmueble para luego ser trasladados al Colegio de Arquitectos de Madrid con el fin de ser analizados.
Entre las conclusiones que obtuvieron es que, por ejemplo, se había mezclado de una forma absolutamente demencial la arena con el cemento. O viceversa. Por ello, los defectos se pusieron en evidencia desde el mismo momento de la construcción en 1974, a los que los vecinos no supieron o no quisieron darle la importancia que se requería. El resultado fue que con el tiempo se multiplicaron los problemas en vez de arreglarlos.
Se crearon dos sociedades para intentar solventar el conflicto, aunque más de un afectado optó por ir por libre. Pero en general el grueso de los vecinos siguió los criterios de la directiva cuyo abogado era de La Vega. El letrado resalta el estupendo trabajo desarrollado a la hora de encontrar y demostrar los vicios ocultos que son denunciables en los diez primeros años de construcción del edificio. Pero todo ello no es nada si la reclamación no se presenta en los quince que transcurren tras la conclusión del inmueble.
Y efectivamente poco después de construirse una compañía hizo un análisis que sacó a la luz a estos defectos. De la Vega estudió los plazos y efectivamente pudo presentar la reclamación dentro de aquellos tres primeros lustros. El procedimiento judicial se alargó notablemente. La primera sentencia que responsabilizó a los arquitectos y a la constructora se emitió en 2013 y en 2014 fue ratificada por la Audiencia Provincial. Pero no sería hasta hace pocas fechas cuando el TS dio su última palabra, en respuesta al recurso de los herederos de uno de los arquitectos.
La Audiencia Provincial modificó el fallo original en cuanto eliminó la posibilidad de recurrir a los intereses de demora, lo que hubiese convertido en casi inasumibles las indemnizaciones dado el tiempo transcurrido. Pero además, consideró que los vecinos fueron responsables del 29% de lo ocurrido ya que no repararon los errores detectados cuando se hizo la primera auditoría. También se les atribuye el haber retirado el pilar 26 poco antes del colapso y valoró el hecho de que siguen siendo propietarios del suelo enclavado en uno de los lugares de más valor de la ciudad. Por todo ello, de la indemnización total calculada, los magistrados restaron un diez por ciento.
Una vez que ha acabado el grueso del procedimiento judicial que determinó responsabilidades, ahora se inician los individuales para que cada uno de los afectados pueda cobrar. Y es que muchos de los que tienen que hacer frente a estas cantidades, se sospecha que están desarrollando estrategias para esconder su patrimonio.
El ‘Titanic’ de la arquitectura chicharrera
El Imperial era una especie de Titanic de la arquitectura chicharrera. Un edificio construido en 1974 en pleno centro de la ciudad que con siete alturas desde un principio adquirió carácter de emblemático. Pero lo cierto es que su estructura presentaba importantes deficiencias desde un primer momento y que éstas se fueron agravando con el tiempo.
En realidad en el último fallo judicial, el TS descarta entrar a analizar el recurso de los herederos de los arquitectos al considerar que aunque el montante total de indemnizaciones supera los 600.000 euros exigibles para que el Supremo estudie el asunto, en realidad se trata de cantidades individuales mucho menores.
Desde un primer momento los ahora condenados achacaron lo ocurrido a la desaparición del conocido como pilar 26, que había sido manipulado días antes del desplome, pero en realidad esta fue tan solo la última causa del colapso, no la principal. Mucho antes de ese momento el inmueble ya presentaba deficiencias de todo tipo, tanto en lo que se refiere a la estructura horizontal como a la vertical. Los peritos también certificaron la deficiente calidad del hormigón empleado, así como que las humedades oxidaron el hierro y reventaron este material. A todo ello hay que sumarle un uso inadecuado de algunas oficinas como almacenes o colocación de dobles atezados y pavimentos. Cada uno de los reclamantes en teoría recibirá cantidades que oscilan entre los más de 100.000 euros a los 6.000.
Curiosamente, años después de lo ocurrido, el edificio alcanzó de nuevo notoriedad justo cuando más intensa era la polémica sobre la figura del fuera de ordenación, en la que precisamente se encontraba catalogado el inmueble. Y es que en el primer Plan General de Ordenación (PGO) con el que contó la ciudad el Imperial perdía alturas, con lo cual no resultaba rentable su reconstrucción. El Ayuntamiento intentó hacer una excepción para que recuperase sus pisos originales, al menos durante un período de tiempo. Pero este plazo expiró.
Y es que la reconstrucción ha sido imposible por el elevado número de propietarios, lo que complica en gran medida que se pongan de acuerdo. “Por supuesto estamos hablando de una ruina en todos los sentidos. Tanto económica como personal”, indica el abogado. Todo ello ha dado lugar a que los vecinos hayan visto cómo se depreciaban unos pisos de casi 200 metros cuadrados cuyo valor en los momentos de bonanza económica podía llegar a alcanzar casi el medio millón de euros. Durante este tiempo han surgido intentos frustrados por parte de empresas de comprar coeficientes a los vecinos o de sacar la parcela a subasta. Pero ninguna de estas iniciativas se ha concretado finalmente.