El diputado y secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, ha negado en su declaración de este jueves como investigado ante el Tribunal Supremo (TS) que agrediera a un policía durante una manifestación que tuvo lugar el 25 de enero de 2014 en La Laguna (Tenerife), enmarcando las investigaciones en su contra en “la criminalización de la protesta social”.
“Esos hechos los negué porque nunca ocurrieron”, ha dicho Rodríguez a la prensa tras declarar durante una media hora ante el juez instructor Antonio del Moral, que le investiga por presuntos delitos de atentado contra la autoridad y una falta o delito leve de lesiones por, supuestamente, haber dado una patada a un policía durante una protesta contra la llamada ley Wert.
El dirigente ha sostenido que se limitó a participar “junto a miles de canarios en una manifestación por la educación pública y contra los recortes”, aseverando que “ni siquiera estaba en ese momento” en el que se produjeron las agresiones a los agentes.
Rodríguez ha denunciado que el hecho de que este caso surja ahora “es parte de una estrategia (...) generalizada de criminalización de la protesta social”. “También a lo mejor tiene algo que ver con que sea diputado de Unidas Podemos”, ha deslizado.
En cualquier caso, ha avanzado que seguirá manifestándose. “No tengo nada de lo que arrepentirme ni nada de lo que avergonzarme, y seguiré participando en movilizaciones toda mi vida, y lo seguiré haciendo con orgullo, por mucha persecución, por mucho montaje policial, por muchos intentos de criminalización de la protesta que haya”, ha zanjado.
Declaración aplazada por la COVID-19
La causa se abrió en el Supremo a instancias del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna, que llegó en su día a dictar auto de apertura de juicio oral contra Rodríguez, pero quedó sin efecto tras la elección del mismo como diputado, con lo que pasó a ser aforado ante el Tribunal Supremo.
Del Moral ofreció a Rodríguez la posibilidad de declarar de forma voluntaria, pero este declinó la comparecencia, fijada para el 19 de octubre, remitiéndose a la declaración que había realizado ante el juez de La Laguna, por lo que el instructor tuvo que pedir un suplicatorio al Congreso para tomarle declaración.
Rodríguez estaba citado para el pasado 28 de enero, si bien Del Moral aplazó la declaración a petición de la defensa después de que esta le comunicara que el diputado canario padecía COVID-19. La comparecencia se fijó para este jueves una vez que su procuradora comunicó al juez el alta médica de su cliente.
La Fiscalía pide un año de cárcel
El Ministerio Fiscal había presentado un escrito de acusación calificando la conducta de Rodríguez de delito de atentado contra agente de la autoridad y falta de lesiones, hechos por los que solicitó la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta.
El asunto a investigar, según la Fiscalía, se remonta a 2014, cuando Rodríguez participaba en una protesta contra la LOMCE organizada coincidiendo con la visita a La Laguna del entonces ministro de Educación del Gobierno del PP, José Ignacio Wert, que iba a participar en la inauguración de la catedral tras unas obras de rehabilitación.
Conforme a los atestados, la manifestación derivó en insultos a los agentes desplegados para proteger a las autoridades y en lanzamiento de vallas y todo tipo de objetos, por lo que algunos policías resultaron agredidos.
Rodríguez, según la versión de la Fiscalía, se encontraría en un grupo de personas que habrían participado en agresiones, como pancartazos y puñetazos. Su participación exacta en estos delitos deberá ser aclarada ahora por el Supremo.
Respecto a este mismo diputado, el TS abrió una causa en 2017 por un delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos en la Laguna el 25 de diciembre de 2006 y, posteriormente, declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.