El Gobierno de España ha abierto un expediente para declarar la nulidad del acta de replanteo de la concesión de la playa de Tauro a la empresa Anfi Tauro S.A., al considerar que la misma puede ser “lesiva” para el interés público.
Las obras de la playa finalizaron en diciembre de 2016, pero la misma sigue sin inaugurarse por orden judicial, debido a las irregularidades detectadas en su construcción. De declararse la nulidad del acta, el proceso podría terminar con la apertura de un nuevo concurso.
La directora general de la Oficina Española de Cambio Climático Valvanera Ulargui, informa Canarias 7, firmó la incoación del procedimiento al apreciar irregularidades en el acta de replanteo firmada el 4 de febrero de 2016 por el exjefe de la Demarcación de Costas en Canarias José María Hernández , el representante del concesionario Santiago Santana Cazorla y el director de los trabajos, Javier Gil González.
Hernández fue destituido después de que trascendiera de que había informado al Ministerio de Medio Ambiente de que las anomalías en el proyecto de Tauro habían sido resueltas de inmediato, obviando un informe de un ingeniero de su departamento que decía lo contrario.
Lo ocurrido en el enclave del sur grancanario está siendo investigado por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas tras las pesquisas iniciadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que estudia la concesión para transformar la desembocadura del barranco del municipio de Mogán. El Ministerio público pide tres años de cárcel para el exjefe de Costas de Canarias por la obra.
El caso se inició a raíz de una denuncia de la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción en la que se alegaba que Tauro está situado a escasos 300 metros de la Zona Especial Conservación (ZEC) Franja Marina de Mogán y que los sebadales presentes en esta área se han visto afectados debido al movimiento y aportación de áridos de la obra, en total 70.000 toneladas de arena rubia que han sido traídas en barco desde el Sáhara.
Ulargui punta cuatro posibles vicios en el acta de replanteo, según indica Canarias 7: los terrenos “no se corresponden con los comprometidos e identificados en el título concesional”; las inscripciones registrales presentadas por el concesionario para acreditar la titularidad de los terrenos “no se corresponden con la finca objeto de cesión, sino con una finca de mayor tamaño que los integra y sobre la que obran cargas y gravámenes”; no consta que las mencionadas fincas sean propiedad exclusiva del concesionario, “constando una participación del Ayuntamiento” y, por último, los terrenos “están afectados por ocupaciones puntuales”.