El periodista y director de Canarias Ahora Carlos Sosa ha recibido este fin de semana el Premi Llibertat d'Expressió concedido por la Unió de Periodistes Valencians. El presidente de la organización, Vicent Marco, destacó al entregarle el galardón que “realizar periodismo de investigación, comprometido con la verdad, como el que ejerce Carlos Sosa, tiene unos costes en muchos casos inasumibles”. Se refería al caso del juez corrupto Salvador Alba, encarcelado tras demostrarse que conspiró contra la magistrada Victoria Rosell, pareja de Sosa, para acabar con su entonces incipiente carrera política en Podemos. Pero también a la más reciente querella interpuesta desde prisión por Alba contra Sosa por, según el condenado, desvelar información sensible contra él, como datos personales, y por los presuntos delitos de odio y acoso. Y no solo eso, sino que ha pedido que se investigue también al periodista por “atacar la independencia judicial” mediante un artículo de opinión publicado en la revista Mongolia.
Al recoger el galardón, el periodista ha explicado cómo vivió “desde dentro” este sonado caso de lawfare, primero contra Rosell, y ahora contra él mismo, ya que Alba pide 23 años de cárcel y más de 400.000 euros de indemnización. En la querella no se han aportado pruebas de que se publicasen esos supuestos datos personales que alude el reo, porque, de hecho, nunca se publicaron. Pese a ello, y a que la propia Fiscalía avala que todas las informaciones de Canarias Ahora sobre Alba y su conspiración fueron veraces, relativas a un asunto de máxima relevancia pública y que no revelaron ningún tipo de información confidencial del exmagistrado y su familia, la querella ha sido admitida a trámite.
Sosa ha explicado en su discurso de agradecimiento todos los hechos, tal y como ocurrieron, hasta llegar a la actualidad, cuando se encuentra a la espera de saber si tendrá que ir a juicio por publicar unas informaciones sobre los delitos cometidos por este juez, que acabó en prisión.
“Mi experiencia personal y profesional es la de una cacería utilizando a la Fiscalía y a la Administración de Justicia desde el poder político, desde el Gobierno. Con la participación ineludible e imprescindible del periodismo, de determinados periodistas y determinados medios de comunicación que acostumbran a prestarse con facilidad a este tipo de operaciones”, relató Sosa. “Por supuesto”, añadió, “tengo pruebas suficientes para sostener donde sea preciso que el lawfare existe porque a esto he dedicado gran parte de los últimos ocho años de mi vida profesional. Aunque ahora me quieran meter en la cárcel y acabar con mi patrimonio por contarlo”.
“Todo comenzó en octubre de 2015, cuando Victoria Rosell decidió aceptar la oferta de ser la cabeza de lista de Podemos al Congreso de los Diputados por Las Palmas”. Por entonces, afirma, él y Rosell ya eran pareja, algo que era conocido en todos los ambientes políticos, periodísticos y judiciales. “Particularmente lo sabía el ministro José Manuel Soria López, titular de Industria, Comercio y Turismo, presidente del Partido Popular de Canarias, donde ocupó sucesivamente los cargos de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, presidente del Cabildo de Gran Canaria y vicepresidente del Gobierno de Canarias. Y ejercía el poder en todas sus dimensiones”. Soria, afirma Sosa, tenía ya un “muy abultado” historial de corrupción cuando Rajoy lo hizo ministro en diciembre de 2011.
“Alba y Soria ya se conocían bien por entonces porque el primero quería hacer carrera en el Poder Judicial (presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y vocal del Consejo General del Poder Judicial) y el respaldo del ministro y presidente del PP canario era trascendental”, explica.
Entonces, se dieron los primeros pasos de lo que acabaría siendo un sonado caso de lawfare que acabaría con el juez en la cárcel: “Soria se apoyó en 2015 en el por entonces todavía impoluto juez Alba para hacer llegar a la Fiscalía de Las Palmas un sobre —que la Fiscalía dijo falsamente que fue anónimo- conteniendo un contrato firmado por mí con el que se pretendía que se abriera una investigación de carácter pre-procesal a ver si mi pareja había incurrido en una falta disciplinaria por no apartarse de una causa con un imputado con el que mi empresa había firmado aquel contrato”. Al fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, “le costó muy poco abrir aquellas diligencias preprocesales: al fin y al cabo Victoria Rosell había sido la jueza que había imputado a su esposa, Lourdes Quesada, por delitos relacionados con la corrupción durante su paso por la Consejería de Sanidad de Canarias mientras estuvo en manos del PP de José Manuel Soria”.
Ese fiscal jefe no solo abrió unas diligencias “claramente irregulares” que luego fueron luego anuladas por el Tribunal Superior de Justicia y por el Tribunal Supremo, sino que, además, hizo público que investigaba a la candidata de Podemos al Congreso de los Diputados el mismo día que comenzaba la campaña electoral de 2015. La noticia ocupó las portadas de medios nacionales.
“Aquel fiscal jefe de Las Palmas que abrió la investigación sobre Rosell puso al frente de la misma a la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, a la que luego veremos mano a mano con el juez Alba maquinando para fabricar pruebas contra Rosell”, relata Sosa. Y además, fue después trasladado por el PP, que lo premió con un puesto en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y, a continuación, con una plaza de letrado en el Tribunal Constitucional, donde sigue ejerciendo a día de hoy.
Esta investigación no dio frutos, por lo que, a continuación, José Manuel Soria interpuso contra Victoria Rosell una querella por injurias y calumnias por manifestaciones suyas durante aquella campaña electoral. “Lo hizo en Madrid, en los juzgados ordinarios porque por entonces la magistrada estaba en excedencia y no era diputada, por lo tanto no tenía ningún tipo de aforamiento. La querella no tenía apenas recorrido, pero era la estrategia que había que iniciar para lo que vino a continuación”, explica el periodista.
Y lo que vino a continuación fue la operación puesta en marcha por Salvador Alba en el juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, del que hasta aquel momento había sido titular la propia Rosell.
Primero había que colocar a Alba en aquel juzgado como juez sustituto: “Para ello fue necesario que el presidente del Tribunal de Justicia de Canarias, por entonces Antonio Doreste (nombrado por el actual Consejo General del Poder Judicial), vulnerara el reglamento que limita a seis meses el periodo en el que un juez puede hacer sustituciones cada año. Alba lo había superado, pero daba igual: el Consejo General del Poder Judicial, el mismo que sigue ahora en funciones desde hace más de cinco años, salvó aquella excepción posteriormente con un acuerdo formal”.
Alba llegó finalmente al Juzgado y lo primero que hizo fue pedir el expediente de la causa abierta por delitos fiscales al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez: “Acto seguido impuso una fianza récord al empresario, 35 millones de euros, la más alta jamás impuesta en Canarias. Se trataba de que Ramírez pidiera agua por señas y, a través de su abogado, se aviniera a reunirse con el juez para pactar cómo salir de aquel atolladero que acabó con algunas de sus empresas, según ha declarado él estos últimos días, después de resultar absuelto”.
Pero el empresario se guardó un as en la manga y grabó su reunión con el juez. “En los audios se escucha a Alba explicándole lo que necesitaba que dijera en una declaración judicial pactada: que mantenía negocios con la empresa de mi periódico durante el tiempo en el que Victoria Rosell lo investigaba en su juzgado”. “El juez dijo al empresario que la Fiscalía también estaba en la operación, y para colmo, se escucha entrar en el despacho al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya (elegido por el actual Consejo General del Poder Judicial), que minutos después, ya a solas con el presidente de la UD Las Palmas, bendecía lo que se acababa de pactar: ”Adelante“, se le oye decir claramente”, explica Sosa.
Días después, el empresario hizo, delante de Alba y de la fiscal, la declaración pactada que le había pedido el juez. Con ella, José Manuel Soria amplió su querella contra Rosell añadiendo delitos de prevaricación y cohecho. De nuevo, los medios se hicieron eco y la noticia sobre Rosell llenó portadas.
“Como mandan los cánones de la cacería judicial o lawfare, la causa contra Victoria Rosell se abrió en el Supremo con gran ruido mediático. Al fin y al cabo era una de las incorporaciones más prometedoras de Podemos, que quedó a tan solo 9.000 votos de José Manuel Soria en la jurisdicción de Las Palmas, por delante incluso del PSOE”, abunda el periodista. Siguiendo el código ético de Podemos, Rosell dimitió y, con ello, la causa debía trasladarse de inmediato al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde por la condición de magistrada que acaba de recuperar al renunciar a su excedencia especial, iba a ser investigada y, en su caso, juzgada.
Sin embargo, relata Sosa, el juez de la Sala Segunda de la Audiencia Nacional, Manuel Marchena, no quería que “se le escapara la pieza”, por lo que envió un oficio a la Junta Electoral Central para que le informara, en el momento en el que se presentaran las candidaturas de los partidos políticos, si Victoria Rosell iba a volver a concurrir a las elecciones: “Solo cuando en mayo de 2016 publicamos la escandalosa la grabación al juez Salvador Alba y se descubrió la conspiración, Marchena soltó la causa, que se residenció en el TSJ de Canarias. Fue archivada en diciembre de aquel mismo año, sin un solo reproche penal contra Victoria Rosell, pero con un desgaste personal y público tremendo”.
Alba fue condenado por conspirar contra Rosell y dilató su entrada en prisión todo lo que pudo alegando, entre otras cosas, una enfermedad que le impedía viajar a la Península. De todo ello informó Canarias Ahora, como también de que, estando ya investigado, de baja por enfermedad y pendiente de poner una sentencia por un juicio por corrupción del PP se marchara con su familia a Maldivas; o que sus bajas por enfermedad se las firmara un pediatra o un médico de un centro al que no pertenecía; o que pidió a un juzgado de familia que lo tratara como indigente y le rebajara la pensión que estaba obligado a pagar al hijo de su primer matrimonio.
“Jamás hemos revelado en nuestro periódico ni las enfermedades que alegó para intentar librarse de la cárcel ni el nombre del colegio de su hija, como falsamente escribieron en la querella y como increíblemente la jueza ha dado por cierto”, subraya el periodista, que añade que “nos cuidamos mucho de cumplir con nuestra obligación de publicar noticias veraces y de interés público que no vulneraran los derechos de nadie, ni siquiera los del delincuente, como ha dicho reiteradamente el Ministerio Fiscal, que pide el sobreseimiento de la causa”.
¿De qué va esto?, se preguntó Sosa al recoger el premio: “Pues esto va de meter miedo, de poner límites a los periodistas, que sepamos que hay determinados asuntos en los que es mejor no meterse porque puedes acabar en el banquillo o, en el peor de los casos, en la cárcel y arruinado”.
Y añadió: “Esto va de lo mismo que se ha debatido esta última semana en España, va de un poder judicial con graves incrustaciones de corrupción que, en mi opinión, en algunos casos actúa como una auténtica mafia al servicio de poderes que no son los que emanan democráticamente de las urnas. Como dijo muy certeramente Wael Al-Dahdouh, hay que seguir trabajando con más ímpetu, más profesionalidad, más objetividad, porque creo profundamente en la importancia de nuestro cometido y en que es necesario cuidar esta profesión porque es nuestra fuente de fuerza. Frente al miedo, más periodismo”, concluyó Sosa su discurso.
La entrega de premios tuvo lugar este sábado coincidiendo con el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Junto al director de Canarias Ahora, también resultó premiado el colectivo de periodistas palestinos.