La actual responsable del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Vallejo, ha incorporado en la pieza separada abierta a raíz de la difusión de la conversación entre Salvador Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez la posible comisión de un delito de prevaricación por parte del magistrado, que se sumaría al de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos que aprecia el Ministerio Fiscal.
Tal y como solicitó la el Ministerio Público en su dictamen, Vallejo ha elevado la exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que es la competente para investigar si el juez cometió algún delito en el ejercicio de sus funciones al reunirse con el empresario para fabricar una declaración contra la exdiputada de Podemos Victoria Rosell.
Las penas por prevaricación en la Administración de Justicia abarcan desde la prisión hasta la inhabilitación para empleo o cargo público de seis a veinte años, mientras que el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos está penado con una multa de seis a doce meses y una suspensión del cargo por un tiempo que varía entre los dos a los cinco años.
Según se desprende de la grabación entregada por Ramírez al Juzgado, el magistrado sustituto de Rosell se reunió con el empresario, investigado por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, para preparar una declaración contra la diputada de Podemos. Esta comparecencia del empresario fue incorporada al informe que resultó clave para que el Tribunal Supremo admitiera a trámite la querella que el exministro José Manuel Soria presentó contra la jueza.
Dicha grabación sugiere que el Alba acordó con Ramírez cuál debía ser el contenido y sentido de su testimonio, con el fin de sostener las acusaciones contra Rosell y archivar la causa que afecta al empresario, en base a una supuesta nulidad de las actuaciones de la magistrada.
EL TSJC recibe las diligencias
El TSJC ha recibido este jueves del Tribunal Supremo, además, las diligencias abiertas contra Rosell a raíz de la querella que presentó contra ella Soria.
El Supremo ya había decidido previamente admitir a trámite esa querella, por observar indicios la posible comisión de delitos de retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación judicial y cohecho en los hechos que Soria atribuía a Rosell.
Sin embargo, el Alto Tribunal perdió su competencia sobre el caso el 3 de mayo, con la disolución de las Cortes Generales, y decidió remitírselo al TSJC, ya que Rosell ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial su reincorporación a los juzgados.
José Manuel Soria acusa a Rosell de haber retrasado, de manera interesada y maliciosa, la instrucción de la causa penal por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social que se seguía en su Juzgado (Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria) contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, por supuestas irregularidades en los pagos a los empleados de la compañía Seguridad Integral Canaria.
El exministro sostiene que Rosell no se apartó de la causa a pesar de tener intereses personales en ella a través de los negocios periodísticos de su pareja, Carlos Sosa, que había hecho tratos comerciales con Miguel Ángel Ramírez.
Soria, a quien representa en este caso el exfiscal general del Estado Eligio Hernández, no solo considera que Rosell incumplió su obligación de abstenerse, sino que retrasó la causa y no adoptó determinadas decisiones que podían ser perjudiciales para Ramírez, presuntamente, por el interés que tenía su pareja en el asunto.
Esa acusación de retraso de la causa contra Ramírez ya ha sido analizada en dos ocasiones -y archivada en ambas- por el Consejo General del Poder Judicial, a raíz de sendas quejas de la Fiscalía.
Sin embargo, el caso dio un giro en el propio Supremo cuando el sustituto de Rosell en el juzgado, Salvador Alba, proporcionó a la Sala de lo Penal el mencionado informe, que se emitió después del encuentro mantenido entre el juez y Ramírez. Una reunión cuya grabación ha entregado el empresario al Juzgado.