Un juez abre diligencias contra el alcalde de Pozoblanco tras la denuncia de IU

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Pozoblanco ha abierto diligencias de investigación contra el alcalde del municipio, Santiago Cabello (PP), después de la denuncia que presentó en el mes de octubre el grupo municipal de Izquierda Unida.

“Los hechos relatados en la querella presentan, aparentemente, los caracteres de un delito de prevaricación administrativa”, señala el magistrado en un auto firmado el pasado 17 de febrero. De hecho, el juez ya ha citado en calidad de “querellado” al alcalde pozoalbense, el próximo 11 de marzo a las 12:30 de la mañana en sede judicial. En la querella también fue denunciada la exconcejala de Recursos Humanos, María Inmaculada Reyes Cuadrado, citada también el 11 de marzo para prestar declaración. Ambos deben ir acompañados de sus respectivos abogados.

En su querella, de 45 folios, IU alude a que “desde el Ayuntamiento de Pozoblanco se ha sostenido un entramado de contrataciones temporales fuera de la normativa y del reglamento de bolsa de empleo”. La abogada de IU Amanda Meyer subrayó que estas contrataciones, además de contar con el rechazo reiterado de la Secretaría General y de los informes de Intervención, “evidencian un esquema planificado para tejer una red clientelar con el propósito de favorecer al Partido Popular en la localidad”. “Estamos hablando de decisiones tomadas de manera deliberada y sostenidas en el tiempo, en las que se ha desoído cualquier advertencia técnica, y se ha puesto el aparato administrativo al servicio de intereses partidistas”, señaló.

Meyer destacó tres aspectos fundamentales de la querella: primero, la contratación temporal de personal en contra de las advertencias de la Secretaría General; segundo, el incumplimiento de los procedimientos administrativos al realizar contrataciones al margen del reglamento de bolsa, lo que constituye un grave atentado contra los principios de transparencia y legalidad; y, finalmente, el caso particular de la contratación del hijo de la secretaria del alcalde, quien fue dado de alta en la Seguridad Social y cobró varias nóminas del¡ Ayuntamiento sin que existiera una contratación formal que lo amparase.

Según Meyer, el propósito de la querella es que el juzgado investigue estos hechos y determine las responsabilidades penales que correspondan, dado el perjuicio al interés público y el impacto en la calidad democrática del municipio. Para ello, Meyer solicitó al juzgado que se oficie al Ayuntamiento para aportar toda la documentación de contratación desde el año 2020 hasta la fecha, así como que se tomen declaraciones a los funcionarios y personal del Ayuntamiento que puedan tener conocimiento de los hechos.

La Fiscalía Provincial de Córdoba archivó una denuncia del PSOE contra el alcalde de Pozoblanco por el caso del joven intruso, el de un trabajador que estuvo meses contratado sin acudir a su puesto y que era el hijo de la secretaria del regidor. El Ministerio Público reconoció que hay “irregularidades en el proceso de contratación”, pero que ello “no justifica el inicio de ninguna investigación penal puesto que no es posible hablar de una voluntad predeterminada a contratar de forma ilegal a sabiendas” por parte de Cabello.