Un homenaje a Pablo Grillo en plena marcha y el monitoreo con lupa al operativo de seguridad

El dedo de Rosario Gauna, directora del área de visitas de Inspección del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), dibuja un círculo sobre la pantalla de una computadora. El dedo se mueve por calles, señales y puntos sobre un mapa amplio de Google. “Ellos van a estar por acá”, dice, mientras el dedo se clava sobre la calle Mitre y la avenida Callao. “Por acá también”, dice, cuando llega a la calle Rivadavia. “Y acá, acá seguro. Estuvieron el miércoles pasado también”, cuenta, deslizando la yema sobre la avenida Entre Ríos. Del otro lado de la pantalla, a su alrededor, en las oficinas del organismo en el centro porteño, Alán Iud, secretario ejecutivo del organismo y Gustavo Palmieri, uno de los 12 comisionados elegidos por el congreso que integran, junto a otros miembros del equipo, escuchan en silencio a Rosario, mientras se colocan chalecos azules, cascos blancos y gafas de plástico para los gases.

“Quedarse acá es encerrarse”, dice la directora de visitas de inspección sobre otro punto en el mapa. Son las 13.30 del miércoles y el Comité se prepara para salir a la calle a controlar los operativos policiales de la jornada, ante la manifestación que se avecina en el Congreso, tras la violenta represión del 12 de marzo.

Ellos aún no lo saben, pero durante el primer recorrido de esta tarde los confundirán con la organización Correpi, los insultarán por pensar que son miembros de alguna fuerza de seguridad y los rechazarán el paso en varios retenes policiales, mientras repartidores de comida pasan sin problemas apenas mostrando una bolsa de comida. Nada de eso importa, sin embargo, cuando Lud, alto y desgarbado, logra hablar con el comisario a cargo del operativo de la Policía Federal. Tampoco cuando intervengan, si es necesario, en detenciones que se produzcan sin sentido o para señalar las faltas que comenten los miembros de las fuerzas de seguridad durante la jornada. El Comité, creado en 2017 por la ley 26.827, está listo. Y sale.

“En la última marcha la policía estuvo muy hostil, pocos efectivos nos informaron sobre los responsables del operativo”, describe Rosario, sobre la calle Sarandí e Hipólito Yrigoyen. Allí, apostadas en la calle, hay combis de la Policía Federal y gendarmería. Los policías aguardan sobre la vereda, mientras el equipo recorre la calle. “En nuestros informes veníamos señalando que había un uso indebido en las armas no letales de las fuerzas de seguridad”, señala Gustavo Palmieri. “Desde el gas pimienta hasta las granadas de gases”, suma el comisionado. Alán se acerca para hablar con un oficial. Le consulta sobre las camionetas. Este responde, parcamente. “Nuestro objetivo no es confrontar, sino mantener un trato cordial como un organismo de derechos humanos creado por ley”, suma Alan.

El Comité está habilitado a tomar fotos, hablar con los jefes de los operativos de todas las fuerzas e informar sobre las faltas que los efectivos pueden cometer: desde portar armas de fuego letales en manifestaciones hasta los chalecos sin identificación. Todo, luego, lo informa a los ministerios de seguridad tanto de ciudad como nacional.

“Ahora vamos a solicitar todas las denuncias que se hicieron sobre el operativo de la semana pasada e intentar velar para que avancen sus investigaciones”, retoma Rosario.

En otra esquina, sobre Combate de Los Pozos e Hipólito Yrigoyen, una valla cierra el paso de la calle. Cuatro oficiales de la Policía Federal y dos guardias de seguridad del Congreso vestidos con un traje negro custodian el paso. La idea del equipo es pasar al otro lado y controlar allí al resto de las unidades policiales. Pero ninguno de los oficiales cede el paso. Cuando les piden hablar con el jefe del operativo, ellos responden que esperen. Y esperan. Diez minutos, quince, veinte. La respuesta llega: “negativo”. No pasan.

“Tratamos de no insistir para no generar tensión. Cuando ellos entienden que venimos simplemente a mirar, suelen ser más receptivos”, retoma Alan. Un joven, con dos bolsas en las manos, llega por detrás y destraba el blindaje policial con otra palabra: “delivery”.

En la última valla de su recorrido inicial, sobre la avenida Entre Ríos y Alsina, el Comité logra hablar con el efectivo a cargo del operativo. “Queremos evitar el contacto de los manifestantes con las distintas fuerzas”, explicaron en la fuerza sobre la cantidad de calles aisladas. “En la marcha del miércoles, el operativo tuvo falencias”, detalla Alan. “Creo que eso determinó también una nueva estrategia por parte de las distintas fuerzas”, señala el secretario ejecutivo del CNPT. El equipo, ahora, vuelve a sus oficinas en la calle Paraná 341. La información de su recorrida inicial será procesada para una nueva salida más tarde. Cuando todo pueda desmadrarse.

“No recuerdo una unidad de lucha así desde lo de Cabezas”

La bandera celeste sobre la calle Venezuela 1433, en la sede de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), apenas se mueve. Sobre la pared, un retrato del fotógrafo José Luis Cabezas. Alrededor, decenas de cámaras apuntan a la bandera. “Fuerza, Pablo Grillo”, dice el telón en el medio. Son las 15.30 y los trabajadores de prensa tienen un solo objetivo: llegar hasta la calle Solís 1660, en las inmediaciones del Congreso, donde el fotógrafo Pablo Grillo recibió el impacto de una granada de gas en la cabeza el miércoles pasado, quedando gravemente herido e internado en el Hospital Ramos Mejía.

“No me imaginé nunca estar en un estado bélico dentro de la Ciudad de Buenos Aires”, dice Juan Pablo Villalobos, fotógrafo freelance. “En vez de pensar en otras cosas, como en componer una buena foto o lograr una imagen que cuenta una historia, estoy pensando en ver si me cae un balazo en la cabeza”, confiesa el fotoperiodista, quien trabajó en las revistas El Guardian y Cítrica.

La marcha empezó en la calle Venezuela y siguió por San José, acompañada por Sipreba, el sindicato de prensa de Buenos Aires. Los propios periodistas fueron claves para determinar qué pasó durante la represión en el Congreso la semana pasada, donde fue herido Grillo. El Mapa de la Policía, un proyecto colectivo integrado por organismos de derechos humanos como el Cels y Correpi que investiga el accionar policial en Capital Federal, determinó con ayuda de imágenes y videos colaborativos, como así también con la investigación de peritos forenses, que el trayecto del disparo del gendarme de apellido Guerrero impactó directamente ─y sin desvíos como aseguró la ministra Patricia Bullrich─ en la cabeza del joven fotógrafo.

“Me parece muy importante no perder la calle”, señala Martín Acosta, fotoperiodista. “No solo por las problemáticas sociales, que sabemos que son amplias, sino principalmente por el reclamo de justicia y la investigación en torno a lo que ocurrió con Pablo”, agrega Acosta, quien trabajó con José Luis Cabezas en la histórica revista Noticias. “Es una condición natural que cuando se toca a un periodista hay siempre una reacción muy positiva y bien organizada. No tengo recuerdo de una unidad de lucha desde lo de Cabezas”, admite Martín.

“Justicia por Pablo”, gritaron los trabajadores de medios durante la jornada. Al llegar al punto de la calle donde Grillo fue alcanzado por la granada de gas, se desplegó la bandera en su honor. Y se gritó por dos consignas: la pronta recuperación del colega y la renuncia de la ministra Patricia Bullrich. “¡Fuerza, Pablo!”, se gritó al unísono.

FLD/JJD