“Es una mezquindad política”: el Gobierno endurece su discurso para sostener el DNU del FMI

En la Casa Rosada la escena se repite con cada batalla legislativa: optimismo de cara al público, cautela de puertas adentro. Con el decreto que habilita a Javier Milei a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya publicado en el Boletín Oficial, la administración libertaria vuelve a enfrentar la incertidumbre política que la rodea desde el primer día de gobierno. Confían en que la Comisión Bicameral lo avalará en los próximos diez días y que la Cámara de Diputados lo aprobará. Pero nadie se anima a dar por hecho nada. “Nunca se sabe, hasta el final, los goles no se gritan antes”, admiten en el Ejecutivo sobre el respaldo de los bloques dialoguistas que ya apoyaron otros proyectos de Milei.

El decreto habilita al Gobierno a negociar un programa con el FMI que incluiría entre US$10.000 y 20.000 millones en nuevos préstamos, según deslizaron fuentes oficiales a elDiarioAR. La clave es una sola: cancelar la deuda del Tesoro con el Banco Central y acelerar la salida del cepo. En La Libertad Avanza defienden la medida como un trámite administrativo ordinario, una “herramienta legal normal, que fue usada infinidad de veces”. Pero la oposición no lo ve así. Desde Unión por la Patria ya presentaron una denuncia penal contra Milei por violar la ley de sostenibilidad de la deuda pública, que exige que cualquier nuevo acuerdo con el FMI sea aprobado por el Congreso mediante una ley, y no un decreto.

En el oficialismo no pierden la oportunidad de recordar que el préstamo que tomó Mauricio Macri (“Demuestra debilidad institucional”, dijo hoy el expresidente acerca del DNU de Milei) en 2018, por US$50.000 millones, tampoco pasó por el Congreso. Claro que aquella era otra Argentina: la ley que ahora exige el aval legislativo se sancionó después de aquel acuerdo, durante el gobierno de Alberto Fernández. Pero en Balcarce 50 entienden que la defensa no pasa por tecnicismos legales, sino por imponer un relato.

“Todos saben la importancia de cerrar un acuerdo con el FMI, la importancia que tiene para sacar Argentina adelante”, argumentan en los despachos oficiales, donde tildan de “mezquindad política” la falta de acompañamiento a la decisión del Gobierno por parte de la oposición. Las tratativas con esos sectores estarán a cargo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos y su vicejefe, Lisandro Catalán, acompañados por el asesor presidencial Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la espada política de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem.

El problema es que el decreto tiene la misma fuerza de ley que una norma sancionada por el Parlamento, pero su permanencia en el tiempo depende de la política. La oposición necesita mayoría simple en ambas cámaras para voltearlo, una tarea difícil en Diputados, pero más probable en el Senado. En la Casa Rosada especulan con un escenario intermedio: que el decreto nunca sea tratado, como ya ocurrió con cientos de DNU que quedaron firmes por el paso del tiempo sin ser votados. Pero si la oposición logra forzar el debate en ambas cámaras, el Gobierno se juega mucho más que la aprobación de un decreto: quedará en evidencia su capacidad –o su límite– para sostener una mayoría política en el Congreso.

Mientras tanto, el Fondo observa con cautela. En Washington, saben que cualquier programa económico necesita respaldo político para ser viable. El directorio del FMI aprobó el acuerdo de Macri sin aval legislativo y también convalidó el de Alberto Fernández, aun cuando Cristina Kirchner, su vice, y La Cámpora lo rechazaron. Pero el caso de Milei es distinto. La expectativa es que el nuevo programa contemple un nuevo Plan de Facilidades Extendidas con desembolsos a diez años de plazo, algo que, en la teoría, debería darle mayor estabilidad financiera al país.

A diferencia de sus predecesores, Milei tiene una ventaja que el Gobierno repite como un mantra: superávit fiscal, baja de la inflación y un alineamiento con Estados Unidos que juega a su favor. En la administración libertaria confían en el respaldo de Donald Trump y en la sintonía con Kristalina Georgieva, quien ya elogió la política económica del Presidente. “Está bastante acordado todo”, dicen en Casa Rosada. Pero falta lo más importante: la aprobación del directorio del FMI. Y en ese contexto, la señal que envíe el Congreso argentino puede ser determinante.

Milei no teme el costo político de la medida. En su entorno aseguran que “el mayor costo político es que suba la inflación, que la gente se quede sin trabajo o que suba el riesgo país”. Bajo esa lógica, el decreto no es un problema, sino una solución. “No hay ningún motivo por el cual el acuerdo con el FMI, que va a permitir sacar el cepo, dar liquidez a las empresas y bajar el riesgo país, sea rechazado”, afirman, y advierten que cualquier voto en contra respondería más a una cuestión política que económica.

Pero lo que en la Casa Rosada se percibe como sentido común no siempre se traduce en votos. Milei apuesta a que la urgencia económica y la presión del FMI terminen inclinando la balanza a su favor. Pero en el Congreso, donde la oposición se reorganiza con cada batalla, saben que el oficialismo no tiene asegurada la última palabra. Si el DNU se aprueba en Diputados, Milei lo venderá como un triunfo sobre la casta; si la oposición logra voltearlo, quedará expuesta la fragilidad política de su gobierno. En Balcarce 50, sin embargo, creen que el peor escenario no es perder una votación, sino que el Congreso le imponga su propio ritmo a la economía.

PL/JJD