UPL reclama en San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre y Sariegos traer a León el Centro de Ciberseguridad

Instituto Nacional de Ciberseguridad Incibe.

Agencia ICAL

25 de marzo de 2025 13:22 h

Los grupos de Unión del Pueblo Leonés en los ayuntamientos de San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre y Sariegos registraron una moción que insta al Gobierno de España para que León sea la sede del Centro de Ciberseguridad en España.

Tras la presentación y aprobación de dicha moción en el Ayuntamiento de León se unen ahora los municipios del alfoz para “alzar la voz y buscar un consenso” con el apoyo de todas las fuerzas políticas para lograr la creación de un gran hub de ciberseguridad en León con mencionado centro.

Desde UPL recordaron que el 14 de enero se aprobó en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad que incluye en sus medidas la creación de un Centro o Departamento Nacional de Ciberseguridad, como único responsable de dirigir, impulsar y coordinar la ciberseguridad en España.

En este sentido, la moción registrada señala el interés mostrado por el Ayuntamiento de Málaga, que se postula como sede para dicho centro, “olvidando que el Instituto Nacional de Ciberseguridad se encuentra en León”.

La moción también recoge fechas “clave”, como enero de 2022, cuando el Gobierno anunció un plan de choque que contemplaba la creación de un plan nacional de ciberseguridad dotado de 1.000 millones de euros, por el que se preveía construir un Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración del Estado, además del anuncio en la misma fecha de la descentralización de los proyectos y organismos estatales que serían llevados a la España vaciada para crear puestos de trabajo y fijar empleo.

Por todo ello, los leonesistas consideran que “parece razonable que, estando Incibe ubicado en León, se apueste por instalar el Centro Nacional de Ciberseguridad de España en León para aprovechar las sinergias y cumplir la promesa y el objetivo del Real Decreto 209/2022 por el que se establece el procedimiento para determinar las sedes físicas de las entidades que pertenecen al sector público institucional”.

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