Declaraciones poco afortunadas

Podríamos recurrir al viejo eslogan de decir que cada vez que el señor Zapata hace declaraciones “sube el pan”. Efectivamente, don Mariano Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, en recientes declaraciones a los medios ha vuelto a esgrimir sus ya recurrentes mantras referentes a la crisis energética, aclarando que esta va a perdurar al menos 10 años, hasta que se renueven los grupos de las centrales.

La argumentación así planteada nos lleva a una espiral sin fin de continuas renovaciones que no dejarán posibilidad de ningún desarrollo de un sistema descarbonizado. Efectivamente, la potencia instalada en toda Canarias asciende a 2.303 MW, de los cuales 1.586 MW tienen su vida útil vencida desde antes de 2020 (muchos de estos equipos, desde el principio de los 2000). De estos grupos, en el proceso de concurrencia competitiva, se pretenden renovar 1.170 MW, quedándonos obsoletos a partir de 2030 prácticamente el resto. De esa manera, cuando se termine de renovar esta hornada de grupos de ahora, se prolongará la emergencia energética porque habrá que comenzar a renovar los grupos que no se renovaron en la actual convocatoria.

Como hemos dicho, hay muchos grupos con la vida útil vencida, muchos que llevan más de 50 años funcionando y si la vida útil regulatoria es tan sólo de 25, se comprenderá perfectamente que, si la obsolescencia determinara la declaración de emergencia energética, hace mucho tiempo que esta se tendría que haber declarado.

Pero entonces, ¿por qué ahora entrar en la vorágine de declarar la emergencia energética como si no hubiera un mañana?  En primer lugar, porque hay que crear el clima propiciatorio en una sociedad que ya estaba concienciada en el cambio de modelo energético, dejando atrás los combustibles fósiles y transitando hacia un sistema basado en renovables, para que se admita retroceder en este sentido. En segundo lugar, porque Europa comete el grave error de considerar el gas natural como combustible verde a efectos de inversiones, con lo que todo lo que sea invertir en instalaciones de gas para generación eléctrica se podrá acoger a fondos europeos. En tercer lugar, porque las fuerzas vivas empresariales de nuestra tierra nunca han abandonado la vieja pretensión de introducir el gas natural en Canarias y ahora es el momento propicio. No en valde, el propio Zapata alude a la necesidad de reabrir el debate sobre este combustible.

Ahondando en la crisis energética, argumenta que se han tenido que establecer planes de deslastre por ese motivo, faltando categóricamente a la verdad, porque estos han existido siempre y siempre existirán, tanto en nuestros sistemas eléctricos como en el resto de los sistemas aislados del mundo.

Para explicar lo del deslastre, tenemos que recordar que siempre debe de existir un equilibrio dinámico entre la generación eléctrica y la demanda. Por ello en la actualidad existe lo que se denomina “potencia rodante”, que son máquinas que están arrancadas y acopladas, pendientes de que falle algún grupo generador de los que están funcionando, para asumir su carga. Cuando se produce una perturbación muy importante  en las centrales y la potencia rodante no es suficiente para paliarla, se comienzan a desconectar automáticamente consumos de los clientes, para intentar recobrar el equilibrio con las nuevas condiciones. A esto es a lo que se denomina deslastre, y a los automatismos que desencadenan la acción, “relés de subfrecuencia”. Estos relés de subfrecuencia llevan operando toda la vida y seguirán operando en el futuro, porque son la salvaguarda última para impedir los temidos “ceros energéticos”, de los que nuestro territorio tiene sobrado conocimiento.

Otro de los temas sobre los que se ha pronunciado el consejero es el de los “vertidos energéticos”, que consiste en que hay ocasiones en las que la generación renovable (eólica y fotovoltaica, fundamentalmente) tiene una producción por encima de la que el sistema es capaz de absorber y, por lo tanto, se obliga a parar a esas instalaciones en la parte sobrante. En este sentido se plantea la posibilidad de compensar económicamente por las perdidas a los propietarios de las instalaciones que se obligan a disminuir su producción. Independientemente de que los propietarios están en su derecho en exigir estas indemnizaciones, en una economía libre de mercado esto es una auténtica aberración. No ya tanto por el tema de la oferta y la demanda, sino porque no sólo se está violentando los derechos de los propietarios, sino también los derechos de la sociedad a no desperdiciar ni un solo MW de energía renovable, que son necesarios, como el aire que respiramos, para la lucha contra el cambio climático. Admitir que hay que compensar es admitir que tenemos un sistema eléctrico fallido, porque antes de desperdiciar cualquier generación renovable, hay que sentar las bases necesarias para que, en vez de producir el vertido, este se pueda almacenar mediante bombeos reversibles o bien generando hidrógeno verde, tan necesario para la descarbonización.

También ha hablado del proceso de concurrencia competitiva y en este sentido ha aportado datos que no son de conocimiento público, por lo que, en aras de una total trasparencia, se debería aportar toda la información de los proyectos presentados a este proceso.

Cada vez que el señor consejero hace una intervención en los medios nos queda más claro que ha sido nombrado en ese puesto para paralizar la descarbonización comenzada, para favorecer los intereses empresariales de los oligopolios fósiles de siempre y para hacer alarde del negacionismo climático, mediante sus actuaciones y declaraciones.

Podríamos recurrir al viejo eslogan de decir que cada vez que el señor Zapata hace declaraciones “sube el pan”. Efectivamente, don Mariano Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, en recientes declaraciones a los medios ha vuelto a esgrimir sus ya recurrentes mantras referentes a la crisis energética, aclarando que esta va a perdurar al menos 10 años, hasta que se renueven los grupos de las centrales.

La argumentación así planteada nos lleva a una espiral sin fin de continuas renovaciones que no dejarán posibilidad de ningún desarrollo de un sistema descarbonizado. Efectivamente, la potencia instalada en toda Canarias asciende a 2.303 MW, de los cuales 1.586 MW tienen su vida útil vencida desde antes de 2020 (muchos de estos equipos, desde el principio de los 2000). De estos grupos, en el proceso de concurrencia competitiva, se pretenden renovar 1.170 MW, quedándonos obsoletos a partir de 2030 prácticamente el resto. De esa manera, cuando se termine de renovar esta hornada de grupos de ahora, se prolongará la emergencia energética porque habrá que comenzar a renovar los grupos que no se renovaron en la actual convocatoria.