Nadie recuerda un hito similar: que la Fiscalía recuse a un juez por amistad íntima con una persona investigada. Y menos que el juez en cuestión, magistrado con todos los honores, sea el presidente de una Audiencia Provincial, en este caso la de Las Palmas. Pero, al contrario de lo que pudiera parecer a primera vista, es decir, la recusación en sí misma, aceptada nada menos que por una sala de diez magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), lo verdaderamente relevante de este caso es que se ha abierto una importante brecha en la omertá instalada históricamente en la cúpula judicial canaria. Lo que el ya desaparecido y respetado abogado Pedro Limiñana llamaba recurrentemente “la mafia judicial canaria”.
Tan magno acontecimiento se lo debemos a la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos Dorado, quien en su contumaz persecución al empresario Miguel Ángel Ramirez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, se ha atrevido a hacer lo que hasta ahora nadie del mundo judicial había hecho: elevar a un tribunal una parte del contenido de la famosa grabación entre Ramírez y Salvador Alba que incluye memorables pasajes que fueron soslayados por la investigación que condujo al exmagistrado corrupto a la cárcel. Lo verdaderamente extraño es que lo haga ahora, ocho años después de aquella operación en la que ella también intervino: Ríos era la fiscal responsable de actuar en las diligencias previas 644/2014, que se tramitaban en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, del que por entonces era titular Victoria Rosell. Y su papel también fue singular y determinante en la estrategia que empleó Salvador Alba cuando fue designado para sustituir a la magistrada.
Por eso ha extrañado mucho en el foro que Evangelina Ríos haya desenterrado esa grabación que señala claramente al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas como encubridor de Salvador Alba. La fiscal tiene abiertas media docena de causas contra Miguel Ángel Ramírez en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria y no se puede permitir que ninguna de ellas se le venga abajo por el efecto dominó que pudiera producirse con respecto a las demás si una le falla.
Evangelina Ríos recusó a Emilio Moya y a su compañero en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas Carlos Vielba por “amistad íntima” con Miguel Ángel Ramírez. No quiere que ambos magistrados vuelvan a resolver asuntos relativos al empresario, a pesar de que lo han venido haciendo con naturalidad y no siempre favorablemente, delante de las mismas narices de la misma fiscal, todos estos años. Lo que puede estar ocurriendo ahora es que Ríos esté temiendo una debacle en sus causas contra él y haya aplicado la muy socorrida táctica de la huída hacia adelante.
Para acreditar esa amistad íntima que el tribunal ha visto, la fiscal ha presentado pruebas demoledoras que toda la judicatura canaria conocía desde 2016 pero que nadie se había atrevido nunca a airear formalmente.
Cuando estalló el escándalo de Alba en junio de 2016 al hacer pública elDiario.es la famosa grabación realizada por el presidente de la UD Las Palmas en el despacho del por entonces prometedor magistrado, (se presentó como candidato avalado por el Partido Popular a presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, presidente del TSJC y vocal del Consejo General del Poder Judicial) nadie podía sospechar que actuaba amparado por compañeros de toga. Fue algo más tarde, después de que la Guardia Civil encontrara la grabación completa en el dispositivo que empleó Ramírez para grabar a Alba, cuando se supo que el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas estaba al tanto de lo que se estaba cociendo. Moya entró en el despacho del juez delincuente cuando se pactaban los términos del montaje y los bendijo acto seguido cuando el empresario se lo expuso en su despacho detallándole que lo que quería Salvador Alba era “levantar por el aire a esta tía”, en referencia a Victoria Rosell. La respuesta del responsable de la Audiencia Provincial de Las Palmas fue muy elocuente: “Bueno, pues nada, adelante”.
Curiosamente esta frase que otorgaba el nihil obstat del presidente de la Audiencia a Alba para la construcción de pruebas falsas contra Rosell, la soslaya Evangelina Ríos en su escrito de recusación a Emilio Moya. A la multitudinaria Sala del Artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial constituida expresamente para evaluar este incidente, le bastaron otros comentarios que se intercambiaron el presidente de la Audiencia Provincial y el empresario, como “chacho, chacho, chacho”; “el cloquío, el cloquío” (el tono de voz que identifica a una persona), o esta afirmación de Ramírez ante el juez corrupto: “Ahí tienes a Emilio, Emilio, es un amigo mío de puta madre, ¿sabes?”. Todo ello en el contexto de la cacería que se había puesto en marcha.
La fiscal recusante también formaba parte de la operación para acabar con la carrera política y profesional de Victoria Rosell. Por eso sorprende especialmente que dispare hacia una de las piezas decisivas de aquélla. Evangelina Ríos fue clave desde la primera fase, la que se inició a instancias de José Manuel Soria con la entrega de un supuesto anónimo a la Fiscalía de Las Palmas (luego se supo que el anónimo fue Salvador Alba Mesa, portador del contrato que le había dado Soria, y por lo tanto la Fiscalía mintió en documentos oficiales) para que abriera una investigación pre-procesal de carácter disciplinario sobre la magistrada, investigación que no solo no condujo a nada (el CGPJ concluyó que los retrasos en la investigación a Ramírez eran, en todo caso, imputables a la fiscal Ríos), sino que resultó anulada por vulnerar los derechos fundamentales de Rosell.
Ríos también fue una pieza importante en la segunda fase de la cacería, cuando se prestó a participar en el interrogatorio pactado entre Alba y Ramírez en busca de pruebas falsas que involucraran a Rosell. Ella formuló más de 80 preguntas al investigado que nada tenían que ver con la causa, frente a unas pocas preguntas de Alba, que fue el único condenado por utilizar el procedimiento en contra de la magistrada Rosell y en beneficio propio y del entonces ministro José Manuel Soria, que era lo que se perseguía.
Un cerco protector
Es la primera vez que se plasma en una resolución judicial algo cercano a la participación de otro magistrado en la conspiración contra Victoria Rosell que se inició en 2015 porque durante todo el proceso contra Salvador Alba fue imposible incluso que declarara como testigo el inductor de toda la operación: el ministro de Industria y Turismo José Manuel Soria. Así las cosas, se tornaría impensable que se explicaran, no necesariamente por este orden, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a la sazón Antonio Doreste, que colocó a Alba como sustituto al frente del juzgado de Rosell a pesar de tener cubierto el cupo máximo de sustituciones de aquel año de 2015; Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, que solicitó a Alba los informes falsos con los que admitió a trámite una querella de Soria contra Rosell, a la que mantuvo en sus predios después de que la diputada renunciara a su acta y, por lo tanto, a su aforamiento, o Guillermo García-Panasco Morales, fiscal jefe de Las Palmas, que investigó a Victoria Rosell a ver si había cometido una falta disciplinaria con unas rocambolescas diligencias pre-procesales que fueron declaradas nulas por vulnerar derechos fundamentales.
Panasco tuvo la puntería de emitir un comunicado anunciando esa investigación el 3 de diciembre de 2015, tan solo 24 horas antes de que comenzara la campaña electoral en la que Victoria Rosell concurría a las elecciones generales por Podemos en la misma circunscripción, la de Las Palmas, en que lo hacía José Manuel Soria. Su comunicado jamás fue denunciado por ningún colegio de abogados, colectivo o agrupación folclórica. Muy al contrario, Panasco acabó siendo premiado con un puesto en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado -la del famoso fiscal Maza, con Gobierno del PP- y luego (ahora) con otra plaza discrecional como letrado del Tribunal Constitucional.
Emilio Moya jamás tuvo que responder por nada de lo que se sabía desde que su voz apareció en la escandalosa grabación que mandó a Alba a la cárcel. Muy al contrario, fue confirmado en 2018 como presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas -frente a dos magistradas de prestigio, una progresista y otra conservadora- por el actual Consejo General del Poder Judicial que el Partido Popular se niega a renovar. Sus vínculos con el PP de José Manuel Soria vienen de muy atrás hasta el punto de haber sido honrado con el puesto de viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias entre 2003 y 2005 a las órdenes de una consejera de ese partido.
Moya no se ha escondido estos últimos meses para convocar a los jueces y juezas de Las Palmas a concentraciones de protesta en sus puestos de trabajo contra la Ley de Amnistía promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La recusación que pesa sobre él podría acarrearle una sanción disciplinaria del mismo Consejo General del Poder Judicial que lo renovó en 2018, como le acaba de ocurrir a su homólogo de Ávila, Javier García, que ha sido suspendido en sus funciones ¡20 días! por no haberse abstenido en más de 400 asuntos en los que intervenía como procuradora su pareja. Precisamente el gran fallo argumental de la fiscal es que en estos últimos ocho años, desde que se conoció la grabación, el propio Moya alega y prueba que no es la primera vez, sino que ha dictado varias resoluciones en procesos contra Ramírez, en los que también era parte Evangelina Ríos.
Una semana después de su recusación no hay indicios de que Emilio Moya esté pensando en dimitir.