La conservación del pinzón azul está siendo amenazada por informes “manipulados” y “celos profesionales”, según ecologistas

Turcón-Ecologistas en Acción ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la falta de respuesta del Gobierno canario ante su solicitud de información sobre el plan de recuperación del pinzón azul de Gran Canaria y, en particular, sobre las supuestas trabas puestas a la repoblación con ejemplares criados en cautividad.

Este viernes, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha tomado declaración a los dos peritos propuestos por los ecologistas para acreditar las deficiencias que denuncian, Pascual Calabuig y Alejandro Delgado, ambos partícipes del programa de recuperación de esa ave endémica de Gran Canaria, en peligro de extinción.

Los dos han coincidido en la relevancia de la información solicitada por Turcón al Ejecutivo regional, con el objeto de conocer las razones por las que han sido denegadas la liberación de los pinzones azules criados en años anteriores, las capturas de reproductores y posibilidad de seguir juntando las parejas.

Tal y como ha expuesto Calabuig, la información sobre el programa que demanda la agrupación ecologista es “necesaria”, tanto las memorias como las bases de datos, ya que se trata de “información relevante” para “conocer la evolución de lo trabajado y si era factible trabajar en ello o no”.

A juicio de Calabuig, el informe aportado por el Gobierno canario “es insuficiente para concluir nada”, en una decisión que ha afectado “gravemente” a la cría en cautividad, que el biólogo y veterinario defiende que es “la herramienta para salvar la especie”.

En base a las decisiones adoptadas por esta información que Calabuig valora de “incompleta”, parte de los huevos fértiles “se sacaban de la incubadora y se dejaban enfriar”, lo que suponía la muerte del animal.

Para este perito, “Turcón solicita una información importante” ya que las decisiones adoptadas “contradicen los criterios científico-técnicos”, con el objetivo de “ir retrasando la autorización para la captura” y, por tanto, “nos impiden hacer nuestro trabajo”.

Este veterinario del Cabildo de Gran Canaria ha defendido ante la Sala que el informe del Gobierno de Canarias está “manipulado” y que se han tomado decisiones que “no se avalan con los resultados”. Por ello, considera “necesario” contar con la información que ha llevado a tal conclusión.

Por su parte, el graduado en Ciencias Ambientales Alejandro Delgado ha señalado que la información suministrada “no es suficiente” para tomar “esta serie de decisiones y negar la cría en cautividad”.

A su juicio, “se dejaron enfriar huevos fértiles por un criterio muy dudoso” en una información que “no era transparente”.

Según agregan, la información que solicita Turcón “debe ser de dominio público porque yo diría que no es información reservada”, y hay una “necesidad” de “una base de datos”, ha añadido Delgado.

Además ha alegado que en las reuniones sobre el desarrollo del plan “no había representación del centro de cría”. La información que maneja el Gobierno de Canarias “no la ha facilitado y está manipulada”, ha señalado, ya que “no se corresponde el informe técnico con lo que vemos en publicaciones científicas y el trabajo de campo”.

Alejandro Delgado ha explicado que, desde sus 15 años de experiencia en diferentes equipos de trabajo, solo entiende la decisión adoptada bajo criterios de “envidia y celo profesional” y no en base a criterios técnicos ya que “no hay argumentos científicos ni técnicos para parar estas acciones del programa”.