El grupo ecologista Ben Magec ha acusado a las instituciones públicas canarias de “depredadoras del territorio” por la licencia concedida para el proyecto urbanístico Cuna del Alma, en el sur de Tenerife, donde se van a construir 420 villas de lujo, hoteles y otras infraestructuras, y más de 3.000 camas turísticas en unos 400.000 metros cuadrados de terreno.
El Ayuntamiento de Adeje, gobernado desde hace casi 40 años por el PSOE, concedió la licencia urbanística la semana pasada en “una de las últimas zonas sin masificación turística de Tenerife, el Puertito de Adeje”, ha denunciado el grupo ecologista.
La paralización de este proyecto en el Puertito de Adeje, así como de la construcción de un hotel junto a la playa de La Tejita, también en el sur de Tenerife, fue una de las reivindicaciones de los manifestantes que en abril pasado salieron a la calle en las ocho islas para protestar contra la masificación turística, pero cinco meses después ambas construcciones siguen adelante.
“A pesar de los informes negativos emitidos en 2014 y 2017, la promotora inició las obras sin contar con una evaluación de impacto ambiental”, protesta Ben Magec-Ecologistas en Acción en un comunicado.
Recuerda la organización ecologista que en 2022 los trabajos de Cuna del Alma fueron paralizados de forma cautelar debido a la amenaza de daños al hábitat, la destrucción de un yacimiento arqueológico y la presencia de la viborina triste (Echium triste), una planta endémica, protegida en peligro de extinción, que fue trasplantada “ilegalmente” para poder seguir adelante con las obras.
Ben Magec acusa a las instituciones responsables de proteger esta especie, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, conformadas por CC y PP, de “incapacidad” para cumplir su función, mientras “jugaban a pasarse la pelota de las competencias” durante meses.
Destrucción de un yacimiento arqueológico
“La promotora del proyecto, Segunda Casa Adeje SL, ha enfrentado tres expedientes sancionadores, todos archivados o caducados en la actualidad y sin ninguna consecuencia para la empresa”, señalan los ecologistas.
También recuerdan que en la pasada legislatura, la Dirección General de Patrimonio Cultural proponía una multa de 600.000 euros por la destrucción de un yacimiento arqueológico, considerada una infracción muy grave.
“La defensa de este espacio natural movilizó a la ciudadanía de Tenerife, que bloqueó el avance de las máquinas encadenándose a ellas y estableciendo un campamento en el lugar durante varios meses”, destaca Ben Magec, así como que el anterior Gobierno de Canarias ordenó la suspensión de las obras.
Pero con la llegada de Coalición Canaria y el Partido Popular al poder, el Gobierno de Canarias “ha ignorado la lucha ecologista e intenta por todos los medios, junto al Ayuntamiento de Adeje, que las obras sigan adelante”, acusan los ecologistas.
Denuncian que en menos de un año, dos expedientes han caducado y uno ha sido archivado, justo cuando “el clamor social” y las históricas movilizaciones del 20 de abril “evidenciaron la necesidad de cambiar el modelo económico y social y transitar hacia otro que sea sostenible y respetuoso tanto con el territorio como con quienes lo habitan”.
Los manifestantes salieron a la calle para exigir una moratoria contra “la especulación descontrolada”, una ecotasa o la regulación de la compra de vivienda por no residentes, pero las instituciones siguen “aprobando nuevos proyectos, permitiendo la permanencia de muchos que incumplen la legalidad y fomentando la llegada masiva de turistas”.
“El impulso del turismo masivo, el constante aumento de la oferta turística y la aprobación de macroproyectos con el respaldo de las instituciones públicas canarias perpetúan un modelo económico y territorial insostenible tanto social como medioambientalmente”, asegura Ben Magec.
La urbanización descontrolada “destruye espacios naturales en beneficio de empresas privadas”, pero, advierte Ben Magec, “la inacción de las instituciones públicas en el control de una situación que ha sobrepasado todos los límites tensiona cada vez más la vida de nuestra gente”.
Para Ben Magec, es urgente tomar medidas contra la depredación del territorio y la expulsión en muchos casos de la población, que no puede ejercer su derecho básico y constitucional a la vivienda.