Agricultura y Asprocan mantienen sus diferencias en la medida central para controlar la producción: el rendimiento por hectárea

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, con presencia de su titular, Narvay Quintero, y la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), con asistencia, entre otros, de su presidente, Domingo Martín, se reunirán en el plazo de una semana, más o menos (tras posponerse la convocatoria prevista para este lunes en Tenerife por problemas de agenda), para intentar poner fin, pues Agricultura ya no quiere dar más tiempo a este proceso, a las cuestiones que los alejan en relación con el trámite jurídico iniciado por el Gobierno autonómico para pisar el freno en seco al crecimiento desmesurado de la oferta platanera y de camino contribuir a corregir los precios de venta en Península (por los suelos), a rebajar la pica de fruta (26 millones el año pasado) y a no tener que hablar del prorrateo inmediato, por exceso de kilos comercializados, de la ayuda directa que la Unión Europea (UE) paga a los cosecheros locales, en 0,33 euros por kilo para 420 millones de kilos de plátano al año. 

Esto último, la reducción de la ayuda directa, sería un enorme desastre para las fincas chicas y un fracaso político en la defensa de las explotaciones tradicionales, las pequeñas y medianas, casi siempre de gestión familiar. Una indicación clara de que Agricultura apuesta de verdad por este tejido empresarial agrícola y además no pretende dejarlo caer será que la Consejería opte al final por la asignación de un rendimiento por hectárea (algo que por ahora no existe en la regulación del plátano) no superior a los 60.000 kilos. Hacerlo por límites más altos, lo que pide Asprocan, con 80.000 como punto de partida, sería como no hacer nada efectivo en el control de la oferta de fruta, algo que en adelante se explica al detalle. Por ahora, el consejero de Agricultura y su equipo no se bajan del burro: solo creen en las bondades de los 60.000 kilos por hectárea.

El objetivo de esa cumbre negociadora, que sufre el reseñado retraso, es limar asperezas y poder alcanzar un acuerdo amplio sobre las medidas a introducir en la norma territorial que promueve Agricultura para meter mano o frenar de manera urgente el incremento descontrolado de la oferta de esa fruta en las islas, lo que se ha puesto de manifiesto en el año 2023 (y perdura en los meses de este 2024), con nada más y nada menos que unas 480.000 toneladas producidas y 26 millones de esos kilos inutilizados, retirados del mercado, la llamada pica). Esa cita quizá se plantee como la última oportunidad de hallar un consenso, antes de que Agricultura se decida a tramitar y aprobar de manera ágil las nuevas limitaciones.

Esa norma territorial se pretende tramitar a toda velocidad, aunque su aprobación ya cuenta con un retraso de más de dos meses (la previsión inicial de Quintero era tenerla en diciembre de 2023), para que con ella en vigor se contribuya a corregir los desfases de oferta y demanda en el casi único mercado exterior del plátano isleño, el de Península, y a la vez se proteja de forma estructural la cuantía de la ayuda directa por kilo que paga la Unión Europea (UE), a través del programa Posei (con una ficha financiera anual de 141,1 millones de euros), en sus umbrales máximos; esto es, sin la penalización que sobre todo para las explotaciones tradicionales del archipiélago pueda producir un aumento sin control de la oferta de fruta, lo que daría lugar a prorrateos en el subsidio unitario por kilo, en 0,33 euros para 420 millones de kilos al año. Ello generaría un impacto relevante en la renta de los agricultores más pequeños y vulnerables, con más costes de producción y peor rentabilidad, y una retirada paulatina y continua del negocio, con todos los impactos derivados, uno muy relevante: el deterioro del paisaje.

Asprocan, según la propuesta ya remitida por carta a Quintero, documento al que ha tenido acceso este periódico digital, defiende, como elemento diferenciador más notable respecto a lo que son las intenciones de la Consejería, al menos según lo que ese departamento recoge en su borrador de norma (lo más seguro es que se tramite vía decreto autonómico), que el rendimiento máximo por hectárea del cultivo para el cálculo de la ayuda alcance los 80.000 kilos, en vez de los 60.000 deseados por Agricultura. También se opone, en principio, a que el periodo de cálculo de la producción con derecho a ayuda se realice por periodos de cinco años, en vez de los dos actuales.

Una horquilla demasiado sospechosa

Según la superficie cultivada de platanera en 2022 en Canarias (8.630 hectáreas) y ese rendimiento promedio máximo por hectárea (que no es ni por asomo el de la mayoría de las fincas, entre 60.000-70.000 o por debajo), la producción de fruta puede alcanzar los 690 millones de kilos al año, mientras que con la media de 60.000 kilos solo se llega a un global posible de 517 millones (en 2023, 480 millones de kilos). 

En el primer caso, que es el que Asprocan defiende, para que toda la fruta pueda acceder a la ayuda directa (lo cual no deja de ser un incentivo a la producción), el subsidio comunitario real (la media percibida por toda la fruta comercializada por beneficiario) podría bajar a 0,27 euros por kilo, 0,05 euros menos que los 0,33 para los 420 millones, que es el umbral identificado como razonable para la oferta canaria y sobre el que se calculó el apoyo total a los agricultores por año, los 141,1 millones de euros que abona la UE a través de una medida específica en el programa Posei.

La fórmula de Asprocan implica que, si la producción crece hacia esa cota (algo poco probable, pero no imposible), los 141 millones de euros anuales para ayuda directa al agricultor no darían para alcanzar el nivel óptimo de 0,33 euros por kilo, sino que habría un prorrateo de esa cantidad; esto es, iría disminuyendo y en ese tránsito a los que más perjudicaría sería a los pequeños y medianos agricultores, las explotaciones familiares, que son las que tienen peor estructura de costes y la que más han contribuido (he aquí la paradoja) a la articulación de ese subsidio comunitario por su desempeño multifuncional (paisaje, tradición, asentamiento en el medio rural, patrimonio, cultura...).

Ello quiere decir que el rendimiento por hectárea planteado por Asprocan solo beneficia a las grandes explotaciones, las que quieren dejar abierta la posibilidad de crecer en oferta con percepción de la ayuda, aunque sea menor (en principio, no a través de más superficie), y además lo pueden hacer de forma más eficiente. 

Está claro que no es lo mismo 0,27 euros por kilo para una explotación muy productiva que el mismo subsidio para la tradicional (en términos absolutos ingresará más ayuda el primero al ofertar más fruta y poderla meter toda en el cálculo de la ayuda, y lo podrá hacer solo mejorando productividad en la misma extensión). A la primera finca, la capitalizada, le ayuda ese mecanismo, pues no deja fuera su fruta de más (sin hablar de otros riesgos que se asumen); a la segunda, la sigue hundiendo, pues rebaja parte importante de su ingreso, el único seguro hoy en día, que es la ayuda directa de la UE.

Si hay más kilos y todos se computan (y no sube la ficha financiera, que no lo hará, al menos por ahora), los pequeños pierden, algo que ya se notará en los pagos del subsidio de 2023. Y no será porque no se cobre lo previsto y regulado, no, que se paga en 2023 según las producciones de 2021 y 2022, sino que los kilos por los que se recibe en poco se parecen a los comercializados en 2023. Ello significa que el subsidio ingresado y dividido por todos los kilos de 2023 llevarán la ayuda por debajo de los 0,30 euros. El problema ya está a la vista. Y esto con un ejercicio pasado con precios medios percibidos por los cosecheros de ruina, nada remunerativos.

El contenido de la misiva con firma de Domingo Martín

En la carta con el adelanto de propuestas ya recibida por el consejero, se dice que, “conforme a lo comprometido en reunión del pasado día 21 de febrero, le escribo para trasladarle la valoración de todas las organizaciones de productores de plátanos (OPP) de Canarias [seis] a las diferentes medidas que fueron expuestas en ella por su parte”. Y se añade: “Sobre las medidas dirigidas a no incrementar la producción de plátano en Canarias, reiterarle el acuerdo de todas las OPP en las tres propuestas con las que iniciamos el documento que compartimos el pasado día 21 de febrero”, que son:

“1) Congelar la superficie de plátano de Canarias IGP (con indicación geográfica protegida) con derecho a ayudas del Posei a partir de esta próxima campaña.

2) Incrementar la labor de inspección de superficies de cultivo registradas y en explotación (controles de coherencia).

3) Incrementar la labor de control del volumen comercializado en mercado local, así como en la ejecución de retiradas de mercado“.

Además, en la comunicación por escrito se subraya que, “consideradas estas medidas anteriores como punto de partida, indicarle que por parte de todas las OPP existe acuerdo respecto de las siguientes propuestas que nos fueron indicadas [en la reunión del 21 de febrero]:

a) Establecimiento de un límite máximo de producción por hectárea con derecho a ayudas Posei. (…) consideramos que dicho límite tiene el objetivo de evitar posibles fraudes o malas prácticas, pero no el de perjudicar a aquellos productores que, con un desarrollo de la actividad adecuado y por circunstancias climatológicas, de zona u otras consideradas válidas, han alcanzado un rendimiento superior.

Por este motivo, entendemos que el límite a establecer se sitúa en al menos 80.000 kilogramos de producción por hectárea [Agricultura propone 60.000].

b) Aplicación del criterio según el cual las cantidades reconocidas por Agroseguro y retiradas del mercado serían válidas para mantener las cantidades de referencia de los productores, pero no para incrementarlas [esto ya existe].

Existe conformidad respecto a esta propuesta.

c) Incremento de personal para la realización de controles.

(…) Además de estas tres medidas indicadas, trasladarle:

1) Que todas las OPP están en desacuerdo con medidas de progresividad de las ayudas [todos reciben lo mismo]. La aplicación de criterios iguales de responsabilidad y compensación a todos los productores de plátano ha sido un elemento esencial en la continuidad del sector y así consideramos que debe continuar siendo.

2) Que respecto a la medida de conservación del histórico por un tiempo a aquellos productores que voluntariamente, y por un tiempo a determinar, o bien por alternativa negociada, quieran diversificar a otros cultivos en sustitución de la producción de Plátano de Canarias IGP, es una medida que las OPP están aún valorando para su consideración“.