Vuelta a julio de 2024. El Gobierno reactivará las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre la reforma de la Ley de Extranjería con la que pretende impulsar el reparto obligatorio de menores migrantes. Después de la reunión mantenida este martes entre los ministros implicados y el presidente canario, el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que ha contactado con el Partido Popular para celebrar una reunión “cuanto antes”, a lo que la formación de Alberto Núñez Feijóo ha accedido.
“Ya le he trasladado al Partido Popular la posibilidad de sentarnos cuanto antes por parte de nuestro Ministerio, y nos ha trasladado que sí, que vamos a proceder a seguir en esas negociaciones. Así que espero que podamos avanzar en poder tener una solución a través de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería”, ha dicho Ángel Víctor Torres, después de la reunión mantenida esta mañana con el presidente canario, Fernando Clavijo (Coalición Canaria) y otros miembros del Gobierno central con competencia en migraciones e infancia. “Se ha acordado que la intención es sentarse lo antes posible con el grupo popular. Están en posición de sentarse y tienen que ver las agendas”, ha dicho el líder de Canarias.
A su paso por Madrid, Clavijo ha defendido la necesidad de que el Gobierno y el PP se sienten de nuevo para impulsar una solución ante la situación de acogida de las islas, que ya acogen a 5.300 menores migrantes. El líder canario ha insistido a los ministros correspondientes en la importancia de una reunión a tres bandas -Gobierno central, Ejecutivo canario y PP- con el objetivo de aclarar las “dos incógnitas” que a su juicio aún quedarían por resolver de las exigencias de las comunidades gobernadas por los populares para acceder a respaldar la reforma de la Ley de Extranjería.
La primera hace referencia al número de plazas mínimas que cada comunidad debe tener en su sistema de acogida, es decir, sobre qué baremo se va a determinar el 100% de plazas de acogida sobre el que se basará el sistema de reparto. La segunda apunta al detalle de la financiación de la que se va a hacer cargo el Estado: cuántas de esas plazas serán costeadas por el Gobierno central y cuántas por las autonomías. La aclaración de ambas cuestiones, sostiene Clavijo, será el objetivo del próximo encuentro entre las partes, cuya fecha aún no ha sido programada.
La decisión de reactivar las negociaciones llega en plena batalla entre el Ejecutivo central y el canario, tras la aprobación del protocolo de acogida de menores que el Consejo de Ministros pretende recurrir ante el Constitucional, para lo que este martes ha dado el primer paso con la petición de un dictamen al Consejo de Estado. En este sentido, el líder canario sigue en defensa del cuestionado protocolo, que ha sido acusado de discriminatorio por la Fiscalía, aunque ha añadido que la aplicación del nuevo procedimiento se frenaría en caso de que haya acuerdo entre el PP y el Gobierno central para impulsar la reforma de la Ley de Extranjería. “Si hay acuerdo, no se necesitaria el protocolo porque todo estaría recogido en la Ley”, ha añadido. Sin embargo, hasta que el pacto no llegue, Clavijo sigue firme en su decisión de aplicar un decreto a pesar de las múltiples advertencias de la Fiscalía, encargada de velar por los derechos de los menores en desamparo.
De las palabras del líder canario se desliza que el criticiado protocolo, que ha provocado una batalla judicial con el Gobierno central y la intervención de la Fiscalía, puede tratarse de un órdago en una negociación política en la que están en juego los derechos de niños, niñas y adolescentes: “Hemos conseguido que el Gobierno de España y el PP se sienten. Si este revuelo ha conseguido que se sienten, bienvenido sea”, ha dicho Clavijo, quien ha tachado de “ridícula” la argumentación de la Fiscalía sobre el carácter discriminatorio del protocolo aprobado por Canarias, que añade al procedimiento habitual una serie de trámites previo que se traduciría en un retraso del traslado al centro de acogida de los menores llegados a las islas en cayuco.
El presidente canario rechaza frontalmente el informe emitido por la Fiscalía Superior de Canarias, que alerta de las consecuencias que puede tener la aplicación de su protocolo en los derechos de los menores migrantes. No le preocupa, dice, que su activación pudiese generar una situación de abandono en los chavales. “Nos reafirma en el trabajo que hacemos. Solo si nos negásemos de recibir a un menor reseñado e identificado, incurriríamos en abandono”, insiste Clavijo.
El Consejo de Ministros ha dado este martes el primer paso para denunciar ante el Constitucional el nuevo protocolo de acogida de menores del Gobierno canario. El Ejecutivo ha acordado pedir al Consejo de Estado un dictamen “con carácter urgente” sobre el plan aprobado por Canarias “ante un posible conflicto de competencias”, según ha anunciado la portavoz gubernamental, Pilar Alegría. El operativo aprobado la semana pasada en Canarias añade al procedimiento habitual de acogida una serie de trámites que en la práctica retrasaría la atención de los chavales por parte del Ejecutivo autonómico, responsable de los niños y adolescentes migrantes en situación de desamparo.
El Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria y Partido Popular, anunció el pasado jueves dicho protocolo, que introduce una serie de requisitos previos a la entrada de los menores migrantes en el sistema de acogida autonómico. Entre estas exigencias, están por ejemplo la identificación individualizada de los menores, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados y la emisión de una resolución administrativa por parte del Estado, todo ello antes de que los niños puedan acceder a los centros de protección de la comunidad autónoma.
La aprobación del nuevo protocolo ha abierto aún más la brecha entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario en relación a la búsqueda de soluciones a la situación de los menores migrantes en Canarias, debido a la saturación de los recursos de acogida ligado al aumento de las llegadas de cayucos al Archipiélago. El aumento de tensión se produce después del bloqueo de la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería que permitiría impulsar un sistema obligatorio de traslado de menores a la península con el objetivo de aliviar los centros de acogida de los territorios que, como el Archipiélago, se encuentren en situación de emergencia. El Partido Popular, Junts y Vox tumbaron la medida, pero el presidente canario, Fernando Clavijo, ha colocado en el foco de sus críticas al Gobierno central, al que ha acusado de no haber negociado lo suficiente para alcanzar un apoyo parlamentario necesario para sacar adelante la normativa.
Tras la aprobación del protocolo canario, la Fiscalía Superior de Canarias ya había advertido el pasado viernes al Gobierno canario que no permitiría que menores migrantes llegados a las Islas no sean acogidos por los centros de atención. El Ministerio Público cuestionó la hipótesis en la que basa el decreto por el que pretende hacer al Estado responsable de los menores migrantes a sus costas, por la que Canarias alega que estos niños y adolescentes, aunque estén solos, no se encuentran en situación de desamparo, dado que están custodiados por agentes de la Policía Nacional a su llegada a la costa.
“Los menores extranjeros no acompañados están siempre en desamparo. No hay situación más clara de un menor en desamparo que la de nos menores extranjeros no acompañados”, zanjó la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, en un documento adelantado por El País.