Volcán de La Palma

Una veintena de vecinos de las dos localidades que siguen evacuadas en La Palma se saltan la prohibición y duermen en sus casas

Vecinos de los dos núcleos costeros que siguen evacuados en La Palma por la presencia de gases volcánicos nocivos, Puerto Naos y La Bombilla, accedieron a sus viviendas el pasado fin de semana, saltándose las prohibiciones y sin hacer caso a la Guardia Civil. Algunos de ellos llegaron incluso a pernoctar en las casas, a pesar del peligro que representan las emanaciones de gases tóxicos, algo que ellos cuestionan.

Equipados con medidores de gases adquiridos por cuenta propia, los vecinos se han concentrado en los accesos a los núcleos y han entrado a sus viviendas para hacer labores de mantenimiento y “22 personas han pasado la noche dentro de sus pisos”, han asegurado a los periodistas algunos de los implicados.

Una de estas personas es Aarón R., vecino de La Bombilla, que sin pedir permiso previo a las autoridades, accedió a su casa en el barrio costero con un medidor de CO2 comprado por su cuenta. Esta persona asegura que el dispositivo le avisó de gases “en aumento cuando estaba limpiando” e, incluso, abandonó la vivienda cuando sintió que su integridad física estaba en peligro.

Este vecino reconoce que la presencia de gases es real, pero sospecha de las razones de las autoridades para mantener las medidas de seguridad en Puerto Naos y La Bombilla y dice “estar cansado de que la única respuesta de políticos y científicos sea que no podemos entrar y punto”.

Otro vecino de Puerto Naos, Luis Antonio P., también admite haber accedido durante el fin de semana a su vivienda y cuestiona que el Cabildo de La Palma tenga autoridad para prohibirle entrar en su propiedad, por lo que no considera que sus acciones sean ilegales.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE que han identificado y se está denunciando a las personas que entraron a estas zonas de acceso restringido, a las que solo se puede entrar con permiso y acompañamiento y por un tiempo limitado, sin pernoctar en ningún caso. 

Protestas vecinales

La pasada semana un vecino de Puerto Naos fue detenido y posteriormente puesto en libertad con cargos por desobediencia a la autoridad después de desoír las advertencias de los agentes y acceder a su piso para pasar la noche.

En las últimas semanas han sido varias las manifestaciones y concentraciones de protesta por los protocolos que mantienen evacuados estos dos núcleos costeros de la isla, los únicos que siguen evacuados desde septiembre de 2021, cuando comenzó la erupción. Los afectados, pese al peligro que suponen los gases, piden poder regresar o, al menos, que se les dé una solución, ya que se encuentran en un limbo a la hora de recibir ayudas porque no han perdido materialmente sus casas o negocios, pero tampoco pueden acceder a ellos. Su paciencia ha llegado al límite y el pasado fin de semana amenazaron con emprender acciones legales contra el Cabildo de La Palma y las administraciones responsables ante “la negación continua y desproporcionada en el regreso de estas zonas”.

Actas de las reuniones científicas previas a la erupción

Por otro lado, este lunes, dos asociaciones de afectados por el volcán y una ciudadana a título particular han presentado escritos en los ayuntamientos del Valle de Aridane (donde tuvo lugar la erupción) para que convoquen y celebren un pleno extraordinario y urgente en el que se tome el acuerdo de pedir a las administraciones públicas supramunicipales las actas y grabaciones de los órganos científico y director del plan de emergencias volcánicas de Canarias (Pevolca), al igual que de instituciones científicas como el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el CSIC “en los que se abordara la reactivación volcánica de La Palma que desembocó en la terrible erupción del pasado año”, informa la web solidaria El Valle.

Entienden los proponentes de esta iniciativa que es necesario contar con las actas y grabaciones (cuya entrega ya fue denegada a la plataforma hace unos meses, alegando que no eran de interés público los criterios individuales de sus miembros sino el acuerdo colegiado) para “la defensa de los derechos e intereses que pudieran sernos propios tanto a ciudadanos afectados directos o no en su amplio sentido de la palabra como a las administraciones locales”, incluidas “las reclamaciones patrimoniales por daños y perjuicios ante los evidentes fallos en la gestión de la emergencia, el más grave de todos, por el riesgo que supuso para la vida de las personas, el inicio de la erupción con la población dentro de sus casas, sin evacuación preventiva, lo que además comportó la imposibilidad de sacar enseres a la población más próxima al centro eruptivo”.