Euskadi da la orden de “incautar” 12 millones en avales de Grup La Pau, 5,5 de ellos del Institut Catalá de Finances

Finalmente, este lunes a las 00.00 horas se ha producido el cambio. Han dejado de circular ya las ambulancias con los logotipos de la empresa catalana Grup La Pau en Bizkaia y en Álava. Aunque el grueso de los vehículos siguen siendo los mismos, y sus conductores también, los vizcaínos llevan ahora una pegatina de Sanir (empresa del grupo Alsa y matriz de la nueva adjudicataria, Bizkanb) y los alaveses portaban la de Araba Anbulantziak (la marca de Ambulancias Gipuzkoa) o directamente iban sin rotulación alguna. La jornada ha trascurrido sin incidencias.

Entretanto, el Gobierno vasco ha dictado ya una orden para la “incautación” de los avales depositados por la antigua adjudicataria, que está al borde de la quiebra. Es la única manera de que haga frente a las deudas que deja, tanto con los trabajadores (salarios) como con la Administración (multas), aunque el consejero, Alberto Martínez, pareció dar a entender que la plantilla debería reclamarlo antes en los tribunales. Finalmente, las garantías ascienden a 12 millones de euros. Lo llamativo es que el principal afectado es otro organismo público, el Institut Català de Finances, adscrito a la Generalitat, y que tiene expuestos 5,5 millones más otros 0,5 de la filial Avalis.

La intención del Ejecutivo vasco, según tres resoluciones dictadas por la viceconsejera de Salud, Lorea Bilbao, es que los avalistas se hagan cargo del agujero que deja Grup La Pau, cuya situación económica define como “complicada”. Salud desestima de plano las demandas finales realizadas por la compañía, adelantadas por este periódico y consistentes en que la Administración le perdonara el pago de la nómina de noviembre hasta la fecha del relevo, la parte proporcional de la paga extraordinaria de Navidad y unos atrasos fruto de la actualización del convenio. También quería impunidad ante posibles reclamaciones futuras. De hecho, 24 horas de firmar su salida de Euskadi, intentó sin éxito lograr un “reequilibrio”, es decir, que se le aumentara el canon mensual que percibía por los contratos que gestionaba en Álava y en Bizkaia, el del servicio urgente (ambulancias amarillas) y el del programado (azules y blancas).

“Si La Pau no puede hacer frente a estas obligaciones adquiridas mediante el pago habitual, responderá mediante la garantía definitiva depositada al efecto. La Administración no puede asimir con dinero público y sin haber mediado ningún tipo de negocio jurídico las cuantiosas obligaciones económicas que suponen el abono de los conceptos salariales [adeudados]. La Administración está obligada a llevar a cabo un correcto y exhaustivo gasto del dinero público que gestiona y no puede, de manera arbitraria, asumir los gastos que le competen a un contratista por el simple hecho de que dicho contratista esté en una situación económica complicada”, argumenta la viceconsejera Bilbao.

El Gobierno vasco ha notificado ya a las entidades financieras que desea ejecutar los avales. Les ha dado diez naturales (que empezaron a contar este jueves) para que formulen alegaciones. Sumados, los avales superan los 12 millones de euros. Es bastante más que los 7-8 que públicamente había manejado el consejero, Alberto Martínez, que ya llevaba semanas avisando de que esa hucha permitirá cubrir los problemas derivados del paso de Grup La Pau por Euskadi, que ha durado cuatro años y que, como ahora también admite la Administración después de negarlo hasta julio, han estado plagados de “irregularidades”.

La entidad más afectada es el Institut Català de Finances. Ha concedido cuatro avales a Grup La Pau en estos años y ha facilitado un quinto a través de la entidad participada Avalis. Fuentes de este organismo confirman que es una entidad “pública”, adscrita a la Generalitat, y que efectivamente tienen entre sus misiones ejercer como avalistas de empresas privadas. No concretan en qué situación les deja la crisis de Grup La Pau en Euskadi porque también están “sometidos al secreto bancario, como cualquier entidad” privada, pero sí piden que no se interprete que la posible “incautación” de este depósito afectará a los presupuestos ordinarios de la Generalitat. “Nuestros presupuestos no consolidan”, puntualizan estas fuentes. Después, La Caixa y Bankia, ahora unidas en Caixabank, tienen avales constituidos por valor de 4,4 millones. Union Credit and Guarantee aportó otros 1,5 millones. La propia Grup La Pau hizo dos transferencias en “metálico” que no alcanzan los 0,1 millones y que completan ese fondo.

La Administración avisa también a Grup La Pau que no puede actuar de “mala fe” con la flota. En principio, las nuevas adjudicatarias heredan buena parte del material rodante de la anterior contratista, aunque en algunos casos su mantenimiento era escaso. El Gobierno confirma también que la cooperativa había dejado deudas en los talles donde se hacían las reparaciones de las ambulancias.