El enfrentamiento político pone en juego otra vez la dignidad de los migrantes en Lanzarote

El enfrentamiento entre administraciones vuelve a poner en juego la dignidad de las personas migrantes que sobreviven a la ruta canaria. Al menos 416 personas han llegado a Lanzarote en los últimos tres días. Después de la primera asistencia a pie de playa, solo hay un lugar en toda la isla al que puedan ser trasladados para la filiación: una nave industrial localizada en Arrecife a pocos metros de la depuradora municipal de aguas residuales. En el interior del establecimiento no hay más que camastros, y en el pequeño patio exterior solo unos pocos baños químicos. Allí la escena es siempre la misma.

Este martes, mientras algunos jóvenes se lavaban la cara con agua embotellada ante la falta de agua corriente, otros intentaban salvaguardarse del sol utilizando cartones. Esta vez, un conflicto entre el Gobierno central y el Ayuntamiento de Arrecife es el que ha puesto en la cuerda floja la protección de los derechos humanos de los migrantes en las Islas. La corporación municipal, liderada por el Partido Popular, ha bloqueado los permisos necesarios para que entre en funcionamiento el CATE móvil instalado en la capital. El campamento cuenta con 200 plazas y fue instalado en octubre por el Ministerio del Interior.

El departamento de Fernando Grande-Marlaska recibió de la Unión Europea 13,5 millones de euros para reforzar la atención policial de los supervivientes de la ruta canaria. Parte de este presupuesto se destinó a la instalación de un campamento policial en Arrecife, a poco más de un kilómetro del Muelle de la Cebolla, el puerto de referencia de Salvamento Marítimo en la isla para desembarcar a los supervivientes de la travesía.

A pesar de esta localización estratégica, un informe de Protección Civil, solicitado por la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital, denunció que el espacio no era el más adecuado. El suelo es de picón y el CATE podría inundarse cualquier día de lluvia, como ha sucedido en otros recursos similares repartidos por el Archipiélago.

Según ha adelantado El País, fuentes de Interior calculan que para poder utilizar el recinto habrá que esperar al menos tres meses. La Delegación del Gobierno en Canarias ha explicado a este periódico que el CATE está “acabado y listo para su apertura” después de una inversión de más de 2,1 millones de euros en un terreno cedido al Ministerio del Interior por la Autoridad Portuaria, “con pleno acuerdo de ambas partes”. La apertura solo depende de la concesión de las licencias municipales para regularizar las obras acometidas y los suministros necesarios para el funcionamiento del CATE. 

“Es un trámite administrativo, responsabilidad del Ayuntamiento de Arrecife”, asevera la Delegación. “La autoridad municipal debe explicar el motivo de la demora y cuáles son los obstáculos que están retrasando la puesta en marcha de una infraestructura que podría estar ya plenamente operativa”. 

Pero la corporación municipal, con la alcaldesa Astrid Pérez al mando en un gobierno que comparte con Coalición Canaria, pone la pelota en el tejado del Gobierno de España. “No han pedido ninguna licencia, y si no lo tramitan antes de que el expediente caduque el Ayuntamiento tendrá que desmontarlo”, han declarado a esta redacción fuentes del equipo de Pérez.

Estas mismas fuentes aseguran que Interior ni siquiera cuenta con la cesión del terreno por parte de la Autoridad Portuaria, algo que ha desmentido la Delegación del Gobierno este mismo martes. “El Ayuntamiento no retrasa ni impide, solo pedimos los mismos requisitos que a cualquier otra administración o empresa”. 

La alcaldesa no ha ocultado en los últimos meses su rechazo a la apertura de este campamento en el municipio que dirige. En declaraciones públicas lo ha tildado de ilegal e indigno y ya el año pasado exigió al Estado que lo desmantelara de forma urgente.

La falta de una red estable de recursos para la gestión de las llegadas no es algo nuevo en Canarias y tampoco en Lanzarote. El cambio de rumbo de la ruta respecto a 2020 sorprendió a la isla sin espacios para la acogida. Una carencia que el Ministerio de Migraciones ha intentado compensar con la instalación de un establecimiento para este fin frente a la nave habilitada como CATE. En otras islas, la falta de previsión y de acuerdo político ha obligado a los migrantes a pernoctar en pabellones, terreros de lucha o incluso en la calle.