El jefe de Glovo admite a la jueza que la regularización de los 'riders' busca evitar “discusiones” con Inspección de Trabajo

El fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, ha alegado este martes ante la jueza que la regularización de las condiciones laborales de miles de riders anunciada por la empresa busca la paz social y evitar nuevas “discusiones” con la Inspección de Trabajo, aunque la ha desligado de su causa penal.

Ante la magistrada del juzgado de instrucción 31 de Barcelona ha comparecido este martes Pierre como imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores. La comparecencia se produce 24 horas después de que la compañía anunciara que contratará como empleados a sus repartidores tras un lustro de conflictos legales y laborales por su modelo de falsos autónomos.

Además de la vía penal abierta por la Fiscalía en Barcelona, en una causa pionera en España por el modelo de falsos autónomos de Glovo, la compañía tiene un horizonte de litigios derivados de su operativa laboral: la empresa Just Eat, que sí tiene a los repartidores contratados como empleados reclama a Glovo 295 millones de euros por competencia desleal, mientras que el importe en cotizaciones impagadas y multas de la Inspección de Trabajo asciende a 200 millones.

El contexto de conflictividad del modelo Glovo, calificado de abuso laboral por parte de los riders, ha marcado la comparecencia de Pierre. Según fuentes jurídicas, el directivo ha recalcado, a preguntas de su abogado, que la regularización anunciada este lunes puede parecer una “estrategia de defensa”, pero que en realidad es una coincidencia sin vinculación con la causa penal.

Pierre, han explicado las mismas fuentes, ha aducido que el cambio de modelo laboral (pendiente de concretarse y que ha levantado escepticismo en los sindicatos) busca la paz social en la empresa y zanjar las “discusiones” con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social en las que se ha visto inmersa la compañía en los últimos años.

En un comunicado, la defensa de Pierre, que ejerce el abogado Cristóbal Martell, ha indicado que el directivo ha explicado a la jueza que Glovo “jamás ha desatendido a requerimientos y resoluciones judiciales referidas a su modelo de relación con los repartidores”, y que ha ido modificando su operativa para cumplirlos.

La clave para que la jueza decida si envía o no el caso a juicio será la existencia de suficientes indicios que constaten que Glovo mantuvo su modelo laboral de falsos autónomos después de que el Tribunal Supremo lo declarara ilegal en 2020. Así lo cree la Fiscalía, que acusa al directivo de “suprimir” los derechos de los repartidores. Por el contrario, la defensa de Pierre sostiene que sí cambió su modelo de relaciones laborales con los riders, adecuándolo a las condiciones fijadas por el Supremo para mantener como autónomos a los repartidores.

Durante su comparecencia, que ha durado unos 20 minutos, Pierre no ha dado concreciones del nuevo modelo por el que la compañía pasará de tener como autónomos a contratar a los repartidores. El directivo ha contestado a las preguntas de la Fiscalía y de su defensa, pero ha ejercido su derecho a no responder al sindicato CGT, que ejerce la acusación particular.

Sí ha dado más detalles Pierre de los cambios en las condiciones de los repartidores implantadas en los últimos años para mantener como autónomos a los repartidores y adaptarlas a las resoluciones del Supremo y los juzgados de lo Social.

En su comunicado de este lunes, Glovo, propiedad del grupo alemán Delivery Hero, aseguró que había dado este paso “en el marco de su firme compromiso con España, su país de origen y principal mercado”; y que abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para guiar el cambio de modelo laboral.

Pierre ha insistido este martes ante la jueza en que mantener como autónomos a los repartidores tras el fallo del Supremo era “lícito”, han informado fuentes jurídicas. Un extremo que la Fiscalía y los sindicatos cuestionan, toda vez que alegan que una vez ordenada judicialmente la relación laboral la empresa está obligada a contratar al repartidor. En suma, que Glovo no tenía elección.