Los anuncios repetidos, las medias verdades y los datos que obvió Clavijo esta semana en el Parlamento

El Debate del Estado de la Nacionalidad de Canarias celebrado esta semana en el Parlamento ha estado marcado por anuncios repetidos por el presidente, Fernando Clavijo. La medida estrella en la que ha incidido es la de buscar la vía para limitar la compra de viviendas a no residentes. No obstante, se trata de una iniciativa que ya anunció hace un año, cuando dijo que había solicitado ya a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma un informe sobre la viabilidad de esta norma.
Lo hizo después de que todos los partidos que forman o apoyan al Gobierno canario (Coalición Canaria, PP, ASG y AHI) votaran en contra de una moción presentada por NC-BC que recogía precisamente la adopción de medidas para limitar la compra de viviendas a extranjeros.
Una estrategia atascada desde 2023
No es el único anuncio repetido por el presidente en sus intervenciones en el Parlamento. Otra de las medidas en las que insistió es en la puesta en marcha de la primera Estrategia Sociosanitaria de Canarias. Clavijo dio una rueda de prensa en diciembre de 2023 y dijo que la estrategia estaría lista en seis meses. Más de un año después, vuelve a anunciarla.
Lista de espera con un especialista que se incrementa
Sobre las listas de espera en Sanidad, el presidente ha recalcado el dato de que baja la espera por una intervención quirúrgica. No obstante, la espera media para una cita especializada en la sanidad pública ha pasado de 147 a 154 días.
En la serie histórica que publica el Ministerio de Sanidad desde diciembre de 2012, las Islas nunca habían alcanzado esas cifras ni en número de personas ni en demora media. En todo ese periodo, Canarias siempre ha estado entre las tres comunidades que soportan las mayores esperas. Desde junio de 2023 es la que más demora acumula.
Aumenta el limbo de la dependencia
En materia de Discapacidad, habló de la “desidia” que había cuando llegaron al Gobierno y anunció esta semana la tarjeta acreditativa de la discapacidad, una herramienta que se anunció desde 2023 y en 2024 se dijo que estaba casi lista.
En cuanto a los datos de Dependencia, remarcó que Canarias fue la comunidad con más prestaciones grabadas el pasado año. En concreto, Clavijo dijo que solo en 2024 se grabaron 12.641 solicitudes, mientras que en toda la legislatura anterior solo se incorporaron 8.216.
La cifra de “solicitudes grabadas” tal y como hace referencia Clavijo en 2025 con respecto al año anterior fue de 426 y de 2024 con respecto a 2023 fue de 12.641, pero no quiere decir que sean más personas atendidas por el sistema, sino que se han registrado esas solicitudes, lo cual se puede deber a diversos factores.
Si atendemos a los datos del IMSERSO, se puede apreciar que en a fecha 28 de febrero de 2025, Canarias cuenta con 76.187 solicitudes de dependencia y de ellas 52.503 son personas con el derecho reconocido. De ellas, 10.759 no tienen el programa de atención individualizada; es decir siguen esperando pese a tener el derecho reconocido.
El dato de referencia para medir la mejoría o no en cuanto a la dependencia es el de personas que siguen en el limbo de la dependencia y cuánto ha aumentado la lista de espera. Si atendemos al último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, se refleja que la lista de espera en Dependencia se ha disparado un 41%.

Un decreto que cuenta con amplio rechazo
También insistió Clavijo en su discurso en que se va a poner en marcha un decreto de dependencia que es demandado por la ciudadanía. Lo cierto es que cuenta con amplio rechazo social, pues los colegios de Trabajo Social, sindicatos y personal de la Consejería han sido muy críticos con el mismo.
Obvió también en su análisis de la realidad canaria las críticas que están haciendo los trabajadores y trabajadoras de todas las áreas de la Consejería de Bienestar Social, que han llegado incluso a pedir la dimisión del presidente de Canarias.
Los recortes en Igualdad
Clavijo subrayó que este Gobierno reafirma su compromiso con la igualdad. Un punto en el que obvió que se ha recortado el presupuesto en Igualdad y esto le ha valido para que la Red Feminista de Gran Canaria le haya otorgado el premio “escobilla”. La Red también recuerda que no se han puesto en marcha los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual.

La obligación de destinar el 5% del PIB a Educación
Clavijo apuntó que destinar el 5% del PIB a Educación es “una recomendación que no es vinculante ni obligatoria” y “la realidad es que a medida que la economía vaya bien y crezca el PIB es más difícil”.
En concreto, la ley canaria de 2014 expone que“ el presupuesto educativo deberá situarse progresivamente, dentro de los ocho años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, como mínimo en el 5% del producto interior bruto”.
Tanto CCOO como la Plataforma por el 5% del PIB en Educación han mostrado su rechazo a estas palabras de Clavijo en el Parlamento.
Universidades que agonizan
El presidente también incidió en que en esta legislatura tendrán especial relevancia las dos universidades públicas canarias, que cuentan con el “mayor presupuesto de la historia”. Se trata de una afirmación que contrasta con el hecho de que tanto la ULL como la ULPGC han exigido un aumento presupuestario y están pidiendo que se negocie un convenio plurianual.
Apoyo al alumnado NEAE, con contrato vencido
Clavijo habló de un nuevo contrato para el suministro del personal no docente para la atención del alumnado NEAE. Sin embargo, ese contrato está vencido desde que llegó CC y PP a este Gobierno.
Este servicio externalizado lo presta la empresa Aeromédica desde abril de 2016, aunque el contrato está vencido desde marzo de 2021 y se abona mediante los llamados expedientes de nulidad.
La vivienda, un problema atascado
En materia de vivienda, Clavijo volvió a sacar a relucir el decreto que se puso en marcha el pasado año y que lo apuesta casi todo a más construcción de vivienda. Asimismo, hizo referencia a emplear la RIC a construcción, una medida cuestionada porque puede dar lugar a más “especulación”, según advierten los expertos. De hecho, El Ministerio de Hacienda advirtió en el año 2000 que se trata de un incentivo fiscal capaz de provocar “tensiones inflacionistas” en el Archipiélago.

“Ni de izquierdas, ni de derechas, canario”
La moción de censura que su partido ha firmado en Granadilla de Abona con Vox y PP para desbancar a la socialista Jennifer Miranda, ha salido en varias ocasiones en este debate, en el que la oposición le ha recordado lo que supone abrazarse a la extrema derecha que rechaza el estado de las autonomías y que defiende discursos contrarios a los derechos de las personas migrantes, las mujeres o el colectivo LGTBI.
“Ni de izquierdas, ni de derechas, soy canario” fue la respuesta que Clavijo reiteró en varias ocasiones en las que esquivó pronunciarse sobre los pactos con Vox con quien dijo que nunca pactaría.
Reproches al Estado por la acogida de menores, pero no al PP
La migración también ha centrado parte del discurso estos días. Clavijo dijo que “nunca, en más de 40 años de democracia, se había dejado a un territorio en situación de emergencia tan solo y tan abandonado. La crisis migratoria ha marcado parte de la agenda como consecuencia de la inacción del Gobierno de España”.
Además, apuntó que “ya sea por la vía de un cambio legislativo, por una inicial derivación extraordinaria o por los tribunales Canarias va a conseguir resultados”. En este punto obvió que la fórmula por la que se apuesta es por una modificación de la Ley de Extranjería que permita dar una solución estable, un punto en el que el PP nacional se ha desmarcado, obstaculizando cualquier avance. Los populares gobiernan también en las Islas, pero para ellos no hay reproches del presidente.
Sobre el hecho de que el Tribunal Constitucional paralizara el protocolo del Gobierno canario en materia de atención a los menores migrantes, se quedó solo con la parte de que le “da la razón” en cuestiones como que “Estado y las Comunidades Autónomas están recíprocamente sometidos a un deber general de colaboración”, pero obvia que fue tumbado también por el TSJC tras la advertencia de la Fiscalía de que “la medida puede vulnerar los derechos fundamentales de los niños que llegan a las islas”.
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