El Gobierno de Canarias sellará siete vertederos ilegales en 2016 y dejará 17 pendientes, que se cerrarán de forma progresiva hasta el año 2018, tal y como exige la Unión Europea (UE), que ha denunciado a España por no acabar con 61 vertederos ilegales en seis comunidades, entre ellas, las Islas.
Entre los vertederos que el Ejecutivo canario prevé cerrar a lo largo de este año están el de Montaña del Tesoro, al que destinará 1.680.000 euros, y el de Faro de Orchilla, con 401.000 euros, ambos en El Hierro.
En Fuerteventura el cierre de Tiscamanitas costará 300.000 euros y la segunda fase del Complejo Zurita 5 millones, mientras que el de Montaña de Amagro en Gran Canaria 300.000 euros.
Por su parte, la segunda fase del vertedero de Butihondo en Fuerteventura y también la segunda fase del de Arure en La Gomera valdrán 2.383.000 euros.
La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha informado este jueves en comisión parlamentaria, a instancias de la Agrupación Socialista Gomera, de que en el Archipiélago hay un total de 24 vertederos sin restaurar y que tienen que ser clausurados, sellados y restaurados para que la UE no imponga a España una sanción coercitiva.
La mayor parte de esos vertederos surgieron de la necesidad de dar solución al tratamiento de residuos cuando no había en Canarias complejos ambientales, ha recordado Nieves Lady Barreto, quien ha informado de que a partir de los años 90 se han invertido 160 millones para complejos ambientales y puntos limpios.
“Estamos poniéndole prisa a esta asunto, pero necesitamos la colaboración de ayuntamientos”, ha aseverado la consejera, quien se ha quejado de la dificultad de sellar algunos vertederos ya que no se ceden los suelos en los que se encuentran.
Si se soluciona la cesión de estos suelos, el Gobierno intentará cerrar a lo largo de este año “algún otro” vertedero ilegal, ha agregado Nieves Lady Barreto.
Del año 2006 al año 2011 se cerraron seis vertederos, de 2011 a 2014 otros dos más, en 2015 ninguno y este año se prevé el sellado de otros siete, por lo que quedarían 17 pendientes.
La Comisión Europea anunció el año pasado su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la persistencia de vertederos ilegales en Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia.
Según la normativa comunitaria en materia de residuos, los estados miembros están obligados a recuperar los residuos o a eliminarlos, de forma que no pongan en peligro la salud humana ni el medio ambiente, y han de prohibir por tanto su abandono, vertido o eliminación incontrolada.
La CE abrió el procedimiento contra España en marzo de 2007 tras haber detectado una serie de “vertederos ilegales” y emitió en octubre de 2008 un dictamen motivado, segundo paso de ese procedimiento comunitario de infracción.
España prometió cerrar esos vertederos antes de finales de 2011, sin embargo, en vista de que a mediados de 2015 España seguía sin iniciar la mayor parte de las obras necesarias para el sellado de 61 de esos vertederos, la Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE con objeto de forzarla a acelerar el proceso.