Estrella Galán, eurodiputada: “El Pacto de Asilo de la UE puede convertir a Canarias en un gran centro de retención y expulsión a cielo abierto”

La eurodiputada Estrella Galán (Sumar), en Casa África, Gran Canaria.

Gara Santana

24 de noviembre de 2024 15:52 h

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El modo en que las potencias europeas están eludiendo la responsabilidad de lo que pasa en las fronteras del mundo y en el transcurso de las rutas migratorias se ha convertido en un desafío político para aquellos que una vez creyeron en el imaginario de aquellas promesas que defendía la Unión Europea en materia de derechos humanos. La ruta canaria se ha convertido en un cementerio a mar abierto que pone a competir por intereses partidistas a los diferentes grupos políticos que aún no han entendido que la migración es una situación que ha venido para quedarse de la que nadie está exenta en un mundo convulso. Pero, hay políticos que tienen lecturas de la situación que implican la integración y la no la evasión del problema, la no externalización de la gestión de la muerte, a unos metros de Europa. Estrella Galán (Madrid, 1971), es eurodiputada de Sumar y forma parte de la misión de La Izquierda que ha viajado a Canarias para conocer de primera mano la situación de las personas que migran, los mecanismos de acogida y la posible instauración de nuevas soluciones permanentes.

Un comité ha decidido observar directamente en el terreno la situación migratoria en su punto de llegada de las Islas Canarias. ¿Qué trabajo hay detrás de estos días de observación?

Llevamos una iniciativa para venir a una misión de observación teniendo en cuenta la situación migratoria que se estaba produciendo en Canarias. Canarias en estos momentos está recibiendo una presión migratoria enorme, en un momento además estratégico en Europa, que tiene que ver con la implementación del Pacto de Asilo y Migraciones que se aprobó en la anterior legislatura y que realmente tiene enormes riesgos para los países del sur y, en particular, para territorios ultraperiféricos, como es el caso de Canarias, dado que el nuevo pacto plantea o establece que los países que hacen la primera recepción de las personas que van a llegar a Europa van a ser los países que se encarguen de la aceptación o rechazo de las personas que lleguen pretendiendo entrar a la Unión Europea. Por supuesto esto fue una de las muchas críticas que desde la sociedad civil, desde los partidos más progresistas o desde mi grupo en particular, se planteaba porque entendíamos que ese pacto ponía una mirada insolidaria, porque además impedía un reparto entre los Estados miembros, dado que lo que inicialmente nació con la intención de armonizar las políticas de asilo y generar un reparto solidario entre los países en casos de presión migratoria como sucedió en 2015, finalmente acabó siendo una fórmula que permite a los países elegir entre acoger o pagar por expulsar a las personas. Con lo cual los países del norte están encantados porque muchos de ellos no van a aceptar acoger poniendo precio a la vida de las personas y pagando las cifras que se planteen para evitar acoger las cuotas que supuestamente le correspondían. ¿Qué sucede? Que España y en particular Canarias no va a tener esa opción, ni tampoco la va a tener Italia, ni tampoco la va a tener Grecia, porque somos país de entrada.

¿Qué riesgo supondría la implementación del Pacto de Asilo y Migraciones en Canarias?

Desde nuestro punto de vista es un gran riesgo convertir estas islas en un gran centro de retención y expulsión, haciendo una identificación de perfiles en función de lo que dicte la Unión Europea y desde aquí acoger o rechazar a quienes se establezcan. En estos momentos no está siendo así. En estos momentos la implementación del pacto es lo que está en juego y ahora el Estado Español tiene que optar por ser o por convertir las Islas Canarias y también España en tierra de acogida, de recepción  y derivación o en permitir que esa intencionalidad que hay con el pacto de migraciones convierta ese territorio en un gran centro de retención y expulsión a cielo abierto. Por tanto, esa fue una de las primeras inquietudes que nos hizo venir a Canarias para poner el foco en esa amenaza que nosotros que estamos cada día en la Comisión de Libertades y Derechos donde se está debatiendo la implementación del Pacto y donde estamos viendo como los grupos de derecha y ultraderecha  están insistentemente hablando de la implementación del Pacto, solo con la mirada securitaria y solo hablando de externalización de fronteras y de acuerdos con terceros países que no respetan los Derechos Humanos y también de todo lo que tiene que ver con expulsiones masivas.

¿Observan que en Canarias se pueden estar vulnerando los derechos de esos menores migrantes?

Sin lugar a dudas, en estos momentos podemos decir con claridad que Canarias hoy es una cárcel a cielo abierto para niños y niñas migrantes que viajan solos y eso es una vulneración de derechos fundamentales, de los derechos de la infancia y es altamente preocupante. Por tanto, esos fueron los dos motivos que nos llevaron a celebrar o a realizar esta misión aquí en las Islas Canarias.

¿De qué forma podría blindarse desde Europa los derechos de las personas migrantes frente al auge de la extrema derecha y su discurso de odio?

Desgraciadamente en estos momentos tenemos un parlamento con mayorías de derechas y donde la extrema derecha está teniendo mucho peso. De hecho, estamos viendo cómo estos días mismo se ha cerrado un colegio de comisarios donde vamos a tener un vicepresidente de la ultraderecha del grupo de Meloni, por tanto tenemos un ciclo político en el Parlamento con unas claras mayorías no solo antimigración, sino que son de una derecha que valora la fortificación de Europa y que está muy alejada del respeto a los derechos humanos. Con lo cual estamos en un periodo preocupante como poco, pero Europa tiene las herramientas porque a través de este Pacto de Migraciones, que para nosotros es una vulneración absoluta del Derecho Internacional, si ese despliegue se hace poniendo en el centro a las personas y basándonos en el respeto a los derechos humanos, podría tener unas consecuencias menos lesivas, no solo para los niños, las niñas y las personas migrantes, sino yo creo que también para los países periféricos o para los territorios ultraperiféricos como Canarias.

¿Cómo podrían favorecerse o aplicarse medidas de integración para la población migrante en general y para los menores en particular? 

Hay que partir de que es una situación compleja. En estos momentos hay en torno a 5.600 niños y niñas en situación de desamparo aunque están tutelados, pero en una situación muy precaria y sin que se esté abordando el trabajo con ellos de una manera digna porque el sistema de protección está desordenado, está permanentemente colapsado, no tiene capacidad operativa para atenderles bajo unas mínimas condiciones  y se está dando una acogida que casi se cubre sus necesidades básicas, pero no se les permite un desarrollo a los procesos de integración que en la Península o en otros estados miembros podría tener.  Hay que abordar tanto la dimensión cuantitativa como la cualitativa porque según estos números en estos momentos es inasumible. Había un plan de contingencia de la legislatura anterior de reparto entre las comunidades autónomas que no se llevó a cabo porque las comunidades autónomas no cumplieron con su compromiso. De hecho, nos confirmaba en el Gobierno canario que de los 300 niños y niñas que tenían que haber sido acogidos por comunidades autónomas, hasta el momento, solo se han podido reubicar a comunidades autónomas 111. Estamos hablando de una cifra absolutamente ridícula y vergonzosa. Aquí lo que está en juego es una cuestión de responsabilidad y de solidaridad con un territorio que necesita del apoyo de todos los demás, está sobre la mesa una propuesta de reforma de la ley de extranjería a través del artículo 35 con un reparto solidario obligatorio, que resolvería de forma inmediata la descongestión de las islas canarias en cuanto a la situación de las niñas y niños migrantes.

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