Reconstrucción de La Palma

El Gobierno de Canarias prevé culminar en febrero el decreto de reconstrucción de La Palma

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este miércoles que los decretos para la reconstrucción urbanística y agrícola en La Palma tras la erupción volcánica se llevarán al Consejo de Gobierno durante el mes de febrero, tras un periodo de alegaciones abierto a los vecinos afectados.

Torres se ha desplazado a La Palma para mantener una reunión sobre el estado del plan integral de reconstrucción del Valle de Aridane junto a los consejeros de Planificación Territorial y de Agricultura, José Antonio Valbuena y Alicia Vanoostende, respectivamente, además del presidente del Cabildo palmero y los alcaldes de los municipios afectados. Al término de esa cita, el presidente de Canarias ofreció los datos actualizados de las aportaciones económicas con origen público aprobadas para La Palma como consecuencia del volcán, que ya superan los 600 millones de euros.

Según Torres, los siguientes pasos para hacer efectiva la nueva ordenación del Valle de Aridane se darán el 20 de enero, cuando se abrirá el plazo de quejas y alegaciones para que tanto los vecinos como organismos afectados puedan plantear las mejoras que consideren oportunas.

El 20 de enero se celebrará también en La Palma una nueva comisión mixta en la que están representadas todas las administraciones implicadas en la reconstrucción de la isla y a la que se desplazará el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Más de 600 millones en ayudas

El presidente Torres recordó que, hasta este martes, la ayuda pública a La Palma ha ascendido a 605 millones de euros, según informes de los servicios económicos de las administraciones implicadas. De ellos, 264 millones se han destinado a viviendas y alojamientos para los afectados. Según los últimos datos, se han entregado 258 casas, quedan 40 que se están rehabilitando en Breña Baja y que quizás puedan entregarse a las familias en febrero, lo que elevaría la cifra a 298. Según recalcó, “se trata de un esfuerzo sin precedentes”.

Torres también remarcó que un total de 531 familias reciben ayudas al alquiler del Gobierno canario, con un importe máximo mensual de 594 euros, así como que en los hoteles solo quedan dos familias unipersonales que están esperando por un piso. Cuando se resuelvan estos dos casos, todas las familias que perdieron su única vivienda contarán con una casa provisional como respuesta habitacional.

Los 30.000 euros de la Comunidad Autónoma por familia, garantizados

El jefe del Ejecutivo autonómico indicó que los 30.000 euros por familia que entregará la Comunidad Autónoma a las familias afectadas serán una realidad en el menor plazo posible, después de que resultara imposible incluir esta partida regional en el expediente de las ayudas de Estado durante 2022. Ello obligó a elaborar nuevos expedientes por cada caso según las obligaciones de la ley. Este retraso se le ha explicado mediante una carta a las familias, texto en el que se garantiza la entrega de esos fondos (incluidos en el Presupuesto regional de 2023), según recalcó el presidente, quien remarcó que la voluntad era entregarlos en 2022, pero esto lo han impedido las exigencias legales.

También se han distribuido 11,5 millones de euros regionales para enseres en estas viviendas provisionales, siempre en función de los datos con los que cuenta el departamento de Derechos Sociales, 88,9 millones para fomento del empleo en 2022 o los 107 para empresas, autónomos y sectores económicos afectados, con 25 millones para el sector primario, especialmente el platanero y pesquero.

Torres subraya la importancia del futuro decreto ley de carácter residencial y del otro agrícola, con los que se pretende coordinar todos los suelos, dónde y cómo construir, y cómo encauzar la reconstrucción de la isla. “La voluntad es acabarlos en febrero y llevarlos a su aprobación en el Parlamento de Canarias”, dijo el presidente. Según insistió, “queremos seguir trabajando con todas las administraciones, buscando los puntos en común, junto con los vecinos de todos los barrios afectados de forma paralela y con el mayor esfuerzo posible”. En este sentido, dejó claro que se sigue trabajando para que haya alternativas para los vecinos de La Bombilla y Puerto Naos, que, por los gases, aún no pueden regresar a sus domicilios.

Por su parte, el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, destacó la intensidad de la reunión y la prioridad que se le está dando a la respuesta habitacional. Zapata agradece la “rigurosidad” del Gobierno al cumplir los plazos anunciados sobre los borradores de los decretos leyes, a los que se añadirán ahora las propuesta de mejora del Cabildo y de los tres ayuntamientos, para que la reconstrucción sea lo más completa posible en el ámbito económico, industrial, agrícola, pesquero, social y turístico.

Importancia de la reunión con los vecinos del día 20 de enero

Las conclusiones extraídas este miércoles se trasladarán y consensuarán con la ciudadanía afectada por la erupción, en los encuentros vecinales que se desarrollarán a partir del próximo día 20 de enero en la isla. De esta manera, se seguirá implicando a la población palmera en este proceso de reconstrucción, tal y como ha venido sucediendo desde el primer momento a través de los talleres participativos promovidos por parte del Gobierno, explica el Ejecutivo.

Una vez se haya trabajado esta propuesta con las vecinas y vecinos implicados, se procederá a la aprobación de los textos finales por parte del Gobierno de Canarias. Estos documentos, entre otros aspectos, se centrarán en reconstruir las edificaciones y en la recuperación de la normalidad de los afectados, que podrán disponer de un nuevo marco urbanístico. Este les permitirá desarrollar los usos del suelo acorde a sus necesidades habitacionales, económicas y sociales e infraestructuras asociadas (incluyendo la actividad agrícola). En el texto se abordan los distintos tipos de viviendas afectadas, los derechos de cada propietario, tipos de ocupación y la ejecución de las instalaciones necesarias para el desarrollo de determinadas actividades económicas.

A lo largo de este proceso de reconstrucción, tras la erupción de La Palma, se tendrá en cuenta el dictamen de la comisión parlamentaria que se aprobó el pasado mes de diciembre.

El consejero de Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, ha explicado que se ha optado por separar los decretos de urbanismo y de suelo agrícola para darle mayor seguridad jurídica en caso de que haya recursos contra alguna de las leyes antes o durante su paso por el Parlamento canario.

Esta ordenación, según Valbuena, se ha llevado a cabo siguiendo los mapas de calor y de grosor de las coladas, ya que “por lo que sabemos, las zonas con espesores superiores a los 5 metros de altura van a tardar casi 10 años en enfriarse, y no todo el mundo quiere ni puede esperar ese tiempo”.

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, ha señalado que la máxima prioridad de la institución insular es buscar una solución a la emergencia habitacional, especialmente de los vecinos de los núcleos evacuados de Puerto Naos y La Bombilla, que suman 99 personas agrupadas en 58 unidades familiares residiendo en hoteles.

Según información aportada esta semana por el Cabildo, además hay 30 personas, 18 unidades de convivencia, cuya vivienda está en propiedad de familiares; un total de 58 personas, lo que representa 31 unidades de convivencia, se encuentran ocupando una vivienda de alquiler cuya cuota mensual es muy alta y tampoco pueden acogerse a la ayuda del alquiler por no tener los ingresos necesarios. Por último, 11 personas, lo que supone nueve unidades de convivencia se encuentran en otras situaciones.

Hernández Zapata ha agradecido la “rigurosidad por parte del Gobierno de Canarias a la hora de ir cumpliendo plazos en materia de planificación territorial”, y ha comentado que desde la corporación que preside se han realizado propuestas para mejorar el borrador de planificación del Valle de Aridane existente.