Análisis

El portavoz de Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife se echa al monte con el ‘lawfare’ y se risca

El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Alberto Díaz-Estébanez, conoció el término lawfare (instrumentalización de la justicia contra adversarios políticos) “hace apenas dos meses”. Lo confesó este viernes en el pleno de la Corporación al abordarse la aprobación de una moción del PP contra los acuerdos entre el PSOE y Junts para la la legislatura que acaba de comenzar. Díaz-Estébanez, que respalda plenamente al alcalde, José Manuel Bermúdez, en su distanciamiento de su organización política tras su decisión de votar favorablemente a la investidura de Pedro Sánchez, se echó al monte con el anglicismo, y además de pronunciarlo como buenamente pudo, lo definió de una manera muy lejana a la aceptada por todos los manuales. Se riscó.

“El término lawfare, que por cierto, nadie conocía hasta hace apenas dos meses”, dijo, “deja bajo sospecha cualquier resolución judicial subyugándola a una comisión parlamentaria. Es decir, a partir del momento en que se admita este término, cualquier decisión judicial podrá ser revisada por una comisión de políticos, que impondrán su mayoría numérica para, no solo revisar las condenas, sino poner en solfa a los propios jueces, es decir, los jueces que no sean adeptos al régimen podrán ser revocados de su cargo. Es terrible hasta donde estamos llegando”, clamó. Así quedó para la posteridad en el vídeo oficial del pleno, del que el concejal ha extraído para su cuenta en X este preciso fragmento.

Es materialmente imposible que una comisión de parlamentaria –y Díaz-Estébanez debería saberlo porque ha formado parte de alguna de ellas en el Parlamento de Canarias, donde es diputado de CC- pueda revisar una resolución judicial, y mucho menos “revocar”, por emplear su expresión, apartar de la carrera judicial, al juez o jueza que la haya tomado.

Rechazamos de plano el concepto de “lawfare” que subyuga el poder judicial al control político, la condonación unilateral de deuda en detrimento de otras Comunidades Autónomas y, por supuesto, una Ley de Amnistía que consagra la desigualdad ante la Ley. pic.twitter.com/YnjXxQjWOi

— Jose Alberto D-E (@jadestebanez) November 25, 2023

Lo que dice literalmente el acuerdo entre el PSOE y Junts es lo siguiente: “Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

Se refiere tal acuerdo a la responsabilidad de las personas que hayan resultado investigadas o condenadas, y consecuentemente a su beneficio en una futura ley de amnistía, y no a quienes hayan aplicado la ley, haya sido o no en un caso de lawfare, que no necesitan ser amnistiadas.

Díaz-Estébanez, que forma parte de un partido que se proclama nacionalista, Coalición Canaria, coincide con el PP y con Vox en que el lawfare se inventó para dar satisfacción de Carles Puigdemont y a Junts para conseguir un resarcimiento de las penurias judiciales vividas y por vivir a raíz de los sucesos relacionados con el procés en Catalunya. Aunque se trata de un término que tiene varios siglos de existencia, su uso se generalizó a principios de este XXI, y se convirtió en muy familiar en España hace ya unos cuantos años a raíz de las acciones judiciales inventadas, y todas ellas por el momento fallidas, contra dirigentes, candidatos y candidatas de Podemos. 

Esta posición de Díaz Estébanez está en sintonía con la postura de desmarque del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), respecto al voto favorable de su partido en la investidura de Pedro Sánchez, pese a que la formación se reservó votar “no” a la Ley de Amnistía. Así se recoge en el acuerdo ratificado entre los socialistas y Coalición Canaria y que fue explicado por la diputada Cristina Valido en el Congreso.

El alcalde Bermúdez también ha tenido un discurso pintoresco para el cual ha llegado a utilizar los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento para ordenarles que exploren “vías judiciales” para tumbar la Ley de Amnistía. ''He firmado una instrucción para que, con carácter inmediato, los servicios jurídicos de este Ayuntamiento exploren cualquier vía judicial a nuestro alcance para luchar contra esta ley. Intentaremos evitar que se tramite por ser ilegal o que se aplique por ser ilegal'', dijo en una rueda de prensa.

El término lawfare no está pendiente de que se admita, como dijo en su intervención el concejal. Está mundialmente establecido y sus efectos los han sentido muchas personas y organizaciones en el mundo. Quizás le suenen especialmente dirigentes de izquierdas en Latinoamérica, como Lula da Silva y Dilma Roussef, en Brasil; Cristina Fernández, en Argentina; Evo Morales, en Bolivia, o Rafael Correa, en Ecuador. Debería saberlo Díaz-Estébanez, que presume de ser experto en comunicación.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Díaz-Estébanez apenas ejerció la profesión un par de años entre el periódico tinerfeño El Día y Televisión Española en Canarias, donde hizo las prácticas. Desde 1993 ejerce de manera ininterrumpida la profesión de político, en ocasiones como cargo electo y en otras como cargo ejecutivo cuando las urnas no le sonrieron.

Actualmente es, además de portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y concejal de Vivienda, diputado regional al correr la lista por la marcha al Congreso de los Diputados de Cristina Valido. En su historial político figura haber sido  el concejal de Hacienda del mismo consistorio que firmó la operación de Las Teresitas, el caso de corrupción que acabó con condenas a prisión a varias personas, entre ellas dos empresarios (uno de ellos ya fallecido) y el que fuera alcalde de CC Miguel Zerolo.

En su perfil de Linkedin, Díaz-Estébanez se ofrece para ejercer la docencia, “preferiblemente universitaria, en alguna materia relacionada con la comunicación” No le importa la remuneración económica, “pero sí el proyecto formativo” porque se considera “una persona inquieta y con gran capacidad de comunicación, que ha desarrollado la mayoría de su trayectoria profesional en puestos de dirección política en Administraciones Públicas, además de en medios de comunicación (sic)”. Dice el portavoz municipal que esa experiencia le ha permitido “formar equipos humanos, y en prácticamente todos ellos he tenido la responsabilidad de analizar los datos para asesorar en las decisiones estratégicas a tomar para el futuro”.