El juez del Supremo avala la intervención del teléfono del fiscal general y niega que esa información vaya a filtrarse

El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha rechazado la petición de suspender cautelarmente el análisis de todos los mensajes y correos que la Guardia Civil intervino en su despacho a finales del mes de octubre. El magistrado instructor de la causa por revelación de secretos defiende que el estudio pericial de esta información ha sido puesta en manos de la Unidad Central Operativa “de cuya labor y celo no hay razones para dudar”, desestimando la alegación de que esa información será puesta a disposición de “terceros” ajenos al Tribunal Supremo.

La unidad de élite de la Guardia Civil entró en la Fiscalía General el pasado 30 de octubre por orden del juez Hurtado minutos después de que pusiera la causa bajo secreto de sumario. Una causa en la que investiga si fue personalmente Álvaro García Ortiz quien filtró a la prensa los correos que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso cruzó con la Fiscalía buscando un pacto en su caso de doble fraude fiscal. En un primer momento la investigación giró en torno a un comunicado que emitió sobre el caso la Fiscalía de Madrid, pero el Supremo decidió analizar esa supuesta filtración con el fiscal general como sospechoso.

En otros escritos, Álvaro García Ortiz ha lamentado a través de la Abogacía del Estado que ese registro haya puesto en manos de la policía judicial no solo comunicaciones relacionadas con el caso sino información que, según sus propias palabras, “puede comprometer la seguridad del Estado”. Tanto él como la fiscal provincial de Madrid, también imputada, habían pedido al juez que paralizara el análisis.

El magistrado no comparte las sospechas de Álvaro García Ortiz sobre que todo ese material vaya a filtrarse a terceras personas ajenas al Supremo: “Se puso en manos de una unidad de policía judicial, al servicio de este Instructor, de cuya labor y celo no hay razones para dudar”. “No niego que entre el material intervenido pueda haber información de otro tipo, que no sea de interés para la investigación”, reconoce el juez, pero eso también sucede, afirma, en otro tipo de diligencias invasivas como el pinchazo de una conversación telefónica. “En todo caso, hay que recordar que la diligencia se practica bajo el secreto del sumario en lo que a ella afecta y que, una vez realizada, se acordará lo que proceda, caso de que, efectivamente, aparezca este otro tipo de información”.

La UCO de la Guardia Civil, añade, es una unidad policial “a cuyo servicio es habitual acudir en colaboración para la investigación de asuntos como el que nos ocupa”, alabando también “su profesionalidad y experiencia”. Una unidad, zanja Hurtado, “de cuya labor y celo no hay razones para dudar, como la práctica judicial nos viene demostrando”.

La causa contra el fiscal general arrancó bajo secreto de sumario aunque el juez permitió recientemente que las partes accedieran a sus autos completos para poder recurrir y contestar a otros recursos, aunque después de que García Ortiz tuviera que impugnar a ciegas la resolución que autorizó el registro. Este lunes el instructor ha ceñido ese secreto solo a esa diligencia y el análisis pericial del material intervenido a ambos fiscales. “Se acuerda la formación de pieza separada, con esa condición de secreta, para lo que en ella se vaya actuando”. También tiene por personada a la Abogacía del Estado en defensa de García Ortiz.

Los bulos de Miguel Ángel Rodríguez

La causa arrancó hace meses en el Tribunal Superior de Madrid cuando Alberto González Amador y el Colegio de Abogados de Madrid denunciaron que los correos que el empresario cruzó con la Fiscalía, en los que reconocía su fraude fiscal de 350.000 euros y se ofrecía a aceptar una condena simbólica de cárcel, habían sido reflejados de forma irregular en un comunicado de la Fiscalía de Madrid. Un comunicado con el que el Ministerio Público buscaba desmentir varias informaciones falsas sobre esas negociaciones, difundidas por el propio Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso en la Comunidad de Madrid.

El caso se dirigió inicialmente contra el fiscal que investigó y denunció a Alberto González y también contra su superior, la fiscal provincial Pilar Rodríguez. Pero terminó en el Supremo cuando las actuaciones se dirigieron contra el fiscal general y no en torno al comunicado sino por la posible filtración previa a los medios de esa información.

En sus primeros escritos, el fiscal general ha alegado ante el Supremo que esa información ya estaba en circulación antes incluso de que el propio Álvaro García Ortiz la solicitara y obtuviera. El diario El Mundo difundió el contenido de esos correos y, según denuncia la Abogacía del Estado, citando unas fuentes próximas a la defensa de Alberto González Amador que hacen inviable que el fiscal general pueda ser acusado de revelación de secretos.