El Gobierno de Canarias intenta enmendar su error después de dejar a 134 ONG sin ayudas para proyectos sociales

El Gobierno de Canarias intenta enmendar su error después de haber dejado a 134 ONG sin las subvenciones deducidas de la X solidaria del IRPF para desarrollar proyectos sociales de las 182 que concurrieron a la convocatoria. Este martes, a cuatro días de las elecciones autonómicas del 26M, once de las entidades excluidas se han reunido en Tenerife con la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, para exigirle soluciones y respuestas para evitar que las iniciativas se vean truncadas ante el reparto desigual de los más de seis millones de euros que el Gobierno central transfirió a la comunidad autónoma para iniciativas del tercer sector.

Laura Sosa, integrante de la asociación Nahia, especializada en la inserción social y laboral de jóvenes entre 16 y 18 años, afirma que en este encuentro, al que asistieron ocho ONG de Tenerife y tres de Gran Canaria, Valido delegó en las entidades la competencia de establecer cuáles son los criterios adecuados para valorar las solicitudes que concurren a esta subvención. “A partir de la próxima semana comenzaremos a trabajar para diseñarlos”, señala Sosa.

La consejera les aseguró que trasladará las propuestas a Madrid con el objetivo de que entren en vigor en la próxima convocatoria. Si bien es cierto que, desde 2017 y a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional, las competencias en cuanto a la gestión y distribución de las ayudas están distribuidas entre el Ejecutivo central y la comunidad autónoma.

Los requisitos exigidos en la convocatoria de 2018 fueron establecidos por el Gobierno de Canarias a partir de las directrices del Gobierno de España. Sin embargo, el Archipiélago fue la única comunidad autónoma que estableció entre estos criterios la cofinanciación de los proyectos hasta en un 25%. De este modo, se premiaron con tres puntos aquellos programas en los que más del 50% del presupuesto procediera de fondos propios de la ONG. Una medida que perjudicó a las propuestas de ONG que dependen de la financiación pública, en su mayoría locales y regionales.

Una de las alternativas planteadas en esta reunión para paliar la falta de fondos de las organizaciones excluidas es que estas soliciten las ayudas que dará la Consejería de Políticas Sociales en junio. Según lo pactado en el encuentro, la convocatoria saldrá “antes de lo previsto” para evitar que los proyectos sociales se retrasen aún más. “Nos han dicho que se priorizarán aquellas iniciativas que no puedan desarrollarse sin ayudas públicas”, relata Sosa.