Apoyo unánime en el Parlamento canario a una iniciativa para el reconocimiento de los técnicos en emergencias sanitarias

El Parlamento de Canarias aprobó este miércoles por unanimidad una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno regional a reconocer a todos los efectos la categoría profesional de técnicos de emergencia sanitaria en las Islas, a dignificar sus condiciones laborales y a implantar mecanismos de control para que las empresas de transporte sanitario cumplan íntegramente los convenios firmados.

La PNL fue presentada por Nueva Canarias (NC). En su redacción original, la formación canarista proponía otorgar a este colectivo, hasta ahora encuadrado como “camilleros” o “conductores”, la categoría de técnicos en emergencias sanitarias para “reflejar la realidad de una profesión esencial para garantizar la seguridad y la salud de la población canaria”.

En el trámite parlamentario se incorporaron tres enmiendas (dos individuales, de PSOE y Vox, y una conjunta de CC y PP) que se unieron en una transaccional respaldada por todos los grupos parlamentarios.

Los socialistas plantearon la necesidad de que los sindicatos de transporte sanitario (tanto urgente como no urgente) participaran en la mesa sectorial de sanidad cuando se aborden asuntos en materia de personal que les afecten, dejando los vinculados con el transporte a esa mesa específica.

La enmienda conjunta de CC y PP, los partidos que sustentan el Gobierno de Canarias, reclama que sea el Gobierno de España quien financie el incremento de gasto que conlleva esa categorización para los cerca de 3.000 técnicos de emergencias sanitarias.

También se incorporaron los dos puntos de la enmienda de Vox, referidos a la implantación de mecanismos de seguimiento y control para que las empresas adjudicatarias del transporte sanitario cumplan íntegramente con los convenios firmados y a la “mejora continua del servicio mediante la renovación y adecuación del material sanitario, garantizando así una atención segura y de calidad para la ciudadanía”.

Sobre este último apartado, durante la sesión parlamentaria se hizo alusión al ya bautizado como caso parches, la investigación que se sustancia en un juzgado de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria después de que un técnico de emergencias sanitarias y delegado de prevención laboral del sindicato SITES denunciara la presunta falsificación de material utilizado para la reanimación cardiopulmonar de pacientes pediátricos. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detectó durante sus pesquisas la existencia de numeroso material y medicamentos caducados tanto en los vehículos de transporte sanitario como en las bases de las ambulancias.

Antiguas reivindicaciones

La propuesta aprobada este miércoles no es la primera que aborda la falta de reconocimiento de los técnicos de emergencias sanitarias. En 2019 se presentó otra PNL que reclamaba en uno de sus puntos que este colectivo fuera contratado “de acuerdo con su titulación y sus competencias profesionales, reconociendo su profesión a todos sus efectos”.

Esa iniciativa, presentada por el sindicato UGT, contaba con el apoyo del PSOE, de Sí Podemos y de la Agrupación Socialista Gomera (ASG). En aquella ocasión, Nueva Canarias (NC), el otro socio del denominado Pacto de las Flores que gobernaba entonces en las Islas, presentó una enmienda de modificación que apoyaron todos los grupos y que supeditaba la pretensión principal de la PNL, la desprivatización del servicio de transporte sanitario en las Islas, la gestión directa de las ambulancias por parte del Gobierno de Canarias, a la elaboración de informes jurídicos y económicos. Esos informes nunca vieron la luz.

Uno de los promotores de la inciativa de 2019, Iván Amador (entonces en UGT y ahora en SITES), también compareció cinco años después en la Comisión de Sanidad para denunciar que, a pesar del tiempo transcurrido, los técnicos de emergencias sanitarias seguían siendo “conductores y camilleros” para el Gobierno de Canarias, a pesar de que se trata de una categoría regulada en el Real Decreto 1397/2007, que no sólo fija ese título, sino también sus enseñanzas mínimas (más de 2.000 horas de formación).

En esa comparecencia, Amador denunció las condiciones laborales de los técnicos, que perciben salarios de entre 1.100 y 1.300 euros al mes a pesar de la labor imprescindible que desempeñan en la atención de pacientes durante las emergencias.

También reclamó que se incrementara el número de inspecciones por parte de la administración pública a las empresas que prestan los servicios. Sostenía entonces que había numerosas deficiencias tanto en el parque móvil, en los vehículos, como en las condiciones de trabajo de los técnicos.

“Resuelven el 80% de las urgencias”

En la sesión parlamentaria de este miércoles, todos los grupos parlamentarios han coincidido en la necesidad de ese reconocimiento de la categoría profesional, no sólo para adecuar las retribuciones a su responsabilidad, sino también para permitirles “avanzar en su carrera”.

En este sentido, el diputado proponente, Yone Caraballo (NC), señaló que los trabajadores de este colectivo “no llegan a final de mes” y que muchos de ellos se ven en la necesidad de tener un segundo empleo o de marcharse a otras comunidades autónomas “donde sí se reconoce su categoría”. “No son transportistas, no son camilleros, salvan vidas”, ha remarcado.

Por su parte, el socialista Miguel Ángel Pérez ha señalado que los técnicos de emergencias sanitarias resuelven “en torno al 80% de las urgencias de manera autónoma” y que, a pesar de ello, su actividad “sigue invisibilizada”. “Desempeñan una labor vital, las vidas en riesgo son su responsabilidad”, ha añadido Rebeca Paniagua.