“Yo firmo lo que puedo firmar, porque lo dicen los responsables del área jurídica, y no firmo lo que no puedo firmar”. Con este argumento, esgrimido en el pleno del pasado 11 de abril en el Parlamento de Canarias, el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, se sacudió las críticas vertidas por parte de la oposición sobre su intervención en la orden que modifica las condiciones que deben cumplir las clínicas privadas para homologarse en el grupo de hospitalización de media estancia, un requisito para poder concurrir a los conciertos y recibir pacientes del Servicio Canario de Salud (SCS).
Antes de firmar esta orden de homologación, Baltar se había abstenido en un intervalo de catorce meses en siete procedimientos de la Consejería al incurrir en una causa legal de incompatibilidad, como el propio consejero reconoció, ya que antes de acceder al puesto, en enero de 2017, ocupaba un cargo directivo en Clínicas San Roque, un grupo hospitalario de titularidad privada que mantiene en vigor conciertos con el SCS desde 1978. La resolución que sí ha rubricado otorga a las clínicas privadas un año más de plazo para acreditar dos requisitos que deben cumplir desde hace doce años, cuando se publicó la primera orden de homologación (noviembre de 2006): disponer de aire acondicionado en los centros y un máximo de dos camas por habitación.
Los partidos de la oposición, fundamentalmente el PSOE y Podemos, cuestionaron que el consejero se hubiera apartado en el concurso para derivar pacientes a hospitales privados de media estancia, entre los que se encuentra su antigua empresa, pero no en la orden que modifica las reglas de ese procedimiento, ya que el SCS podrá concertar con esas clínicas aún sin estar homologadas, al menos en el plazo de un año desde su publicación. “Yo no intervengo en un pliego de un concurso en donde una empresa de la que procedo pueda participar y sí regulo las condiciones de calidad mínima que deben tener los centros homologados de este Archipiélago, porque no sólo los pacientes públicos asisten a las clínicas privadas”, se defendió Baltar en el Parlamento.
En aquella sesión, el consejero de Sanidad atribuyó su decisión de apartarse del concurso a razones éticas. La causa real, sin embargo, es una incompatibilidad legal por su reciente pasado en la empresa privada. Así consta en los siete decretos de sustitución que figuran en la respuesta ofrecida por el Gobierno a una pregunta parlamentaria formulada por la diputada del PSOE Patricia Hernández sobre sus abstenciones en el periodo comprendido entre enero de 2017 y mayo de 2018.
Se trata de cinco decretos de 2017 y dos de 2018. El primero nombra sustituta a la consejera de Hacienda, Rosa Dávila. El resto, al titular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Narvay Quintero.
Baltar se apartó por primera vez en marzo de 2017, en el procedimiento para formalizar, a través de una adenda, la ampliación del contrato con Clínica San Roque para la prestación de asistencia sanitaria con medios ajenos al SCS. “La causa de abstención viene motivada en el hecho de que antes de su nombramiento como consejero de Sanidad ostentó cargo en la referida empresa, Clínica San Roque”, expone el decreto.
Tampoco intervino, en julio de ese mismo año, en el expediente abierto a raíz de una resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos que estimó el recurso de San Roque contra los pliegos del concurso para la prestación del servicio de estudios diagnósticos a través de resonancia magnética. Esta resolución ordenaba retrotraer las actuaciones al momento previo de aprobación del gasto y la convocatoria de licitación. La Consejería de Sanidad cumplió el fallo y abrió el procedimiento para la contratación de este servicio en septiembre. Como San Roque podía participar en él, Baltar también se apartó, por tercera vez desde que asumió el cargo.
Las dos últimas abstenciones del consejero en 2017 se debieron a la prórroga del concierto suscrito con su antigua empresa y la aprobación de gasto para 2018 para la prestación del servicio de asistencia sanitaria con medios ajenos en centros concertados del área de Salud de Gran Canaria, entre los que se encontraba San Roque.
En 2018, Baltar no ha intervenido ni en la tramitación del mencionado concurso de hospitalización de media estancia, cuantificado en 220 millones de euros para cuatro años, ni en la formalización de la adenda del concierto con Clínica San Roque. El gasto autorizado en este ejercicio para los conciertos del área de Salud de Gran Canaria con las clínicas privadas, incluida la antigua empresa del consejero, asciende a 42 millones de euros.
La polémica ha perseguido a Baltar desde su nombramiento como consejero de Sanidad. Tras los recelos iniciales por la designación de un directivo de hospital privado para ocupar el puesto, las críticas han arreciado desde que se han ido conociendo datos sobre el incremento de las derivaciones hacia su antigua empresa, de hasta un 51% en las intervenciones quirúrgicas. El pasado fin de semana la marea blanca se manifestó en las capitales canarias para pedir la dimisión de Baltar por su “afán privatizador” y los presuntos tratos de favor hacia Clínicas San Roque, el hospital de donde procede.