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El juez vuelve a imputar al sospechoso del crimen del matrimonio de Guanarteme

Archivo - Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria

EFE

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El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha comunicado al principal sospechoso de la muerte de Antonio Quesada y María Artiles, los ancianos que desaparecieron del barrio de Guanarteme en 2012, que vuelve a estar imputado en dos delitos contra la vida (homicidio o asesinato, en función si acreditan agravantes).

El juez ha citado este miércoles a Rogelio S.T., que está en libertad, para comunicarle formalmente que ha reabierto el caso siguiendo las instrucciones de la Audiencia de Las Palmas, que revocó su auto de archivo al apreciar indicios de que fue él quien pudo matar a Antonio Quesada y María Artiles por motivos económicos.

Se trata de un trámite que hay que cumplir una vez reabierto el expediente, antes de poder convocar a una nueva comparecencia a las diferentes partes personadas en la causa para que informen si ven o no motivos para que Rogelio S.T. ingrese en prisión preventiva.

Este juzgado de la capital grancanaria había archivado el caso en junio de 2023 al no apreciar pruebas que pudieran incriminar a Rogelio S.T. en el homicidio de Quesada y Artiles, dos ancianos que tenían sus ahorros en la sucursal bancaria de la que él era subdirector.

Quesada, de 76 años, y Artiles, de 74, desaparecieron el 6 de marzo de 2012 tras acudir por la tarde a la sucursal del Banco Santander a reunirse con Rogelio S.T., que se encargaba de sus cuentas, y tras ser haber sido vistos caminando por la calle poco después unos metros detrás de él.

Pasados cinco años, el 20 de agosto de 2017, sus cuerpos fueron encontrados en una ladera del barranco de Las Vacas, cerca de la carretera Santa Lucía-Agüimes.

La investigación policial se fijó desde el primer momento en Rogelio S.T., por el hecho incontrovertido de que era la última persona con la que fueron vistos los dos ancianos la tarde en la que se perdió su pista, sobre las 18.30 horas, pero sin que fuera posible averiguar qué les pasó, porque durante cinco años no se supo si seguían con vida y, si habían muerto, cuándo y de qué forma.

La causa dio un giro en agosto de 2017, cuando un cazador encontró en el barranco de Las Vacas los esqueletos de dos personas que rápidamente fueron identificadas como Antonio y María, ya que junto a los cadáveres aparecieron sus DNI y algunos objetos personales.

La autopsia determinó que ambos habían muerto por un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza en una fecha “compatible con el momento de la desaparición, en marzo de 2012”.

Y Rogelio S.T. se convirtió formalmente en sospechoso de su asesinato porque la Policía averiguó que a las 20.44 horas del mismo día en que desaparecieron Antonio y María había recibido una llamada telefónica de su esposa en el móvil a través del mismo repetidor que da cobertura al barranco de Las Vacas; es decir, en el lugar donde aparecieron los cuerpos de los dos ancianos cinco años después.

El juzgado encargado del caso disponía ya de todos esos indicios, pero entendió que no eran suficientemente sólidos, ni se podían conectar con otras circunstancias que permitieran llegar a juicio a Rogelio S.T.

La Audiencia corrigió su apreciación: “Los datos objetivos valorados denotan la existencia de indicios racionales de criminalidad contra el investigado don Rogelio y no de un único indicio ni de meras sospechas, al margen de otros elementos indiciarios que, entendemos, se desprenden del examen de la causa”. 

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