Reforma una vivienda social dada por perdida, paga la deuda con la comunidad y el Gobierno le castiga

Cuando la situación económica de Cristo Vega se vio truncada por la falta de empleo y, tras conocer que iba a ser padre de nuevo, vio en una vivienda social vacía del edificio donde reside su padre, en el Polígono de Cruz de Piedra (Las Palmas de Gran Canaria), la oportunidad de comenzar una nueva vida. La casa había sido habitada por diferentes okupas que finalmente la destrozaron casi por completo. Los vecinos del inmueble firmaron entonces un escrito de conformidad para que este joven de 34 años la ocupara junto a su pareja, entonces embarazada. Además, se comprometía a asumir una deuda de más de 400 euros que anteriores inquilinos habían contraído con la comunidad y que ha ido pagando poco a poco. La casa experimentó un cambio radical con el esfuerzo de este hombre. Después de habilitarla, acudió al Instituto Canario de la Vivienda para intentar regularizar su situación y para que le pusieran la luz. Sin embargo, a su acto de buena fe, el Gobierno le respondió denunciándolo.

El cambio que se aprecia de la casa antes y después del arreglo puede constatarse gracias a la cantidad de fotos que el abogado que ha llevado este caso, Antonio González Yago, presentó en el juzgado como prueba. El letrado explica que basó su defensa en ello, en el esfuerzo que había realizado este hombre por restaurar una vivienda de la que además había desistido el Gobierno de Canarias, que no requirió a su cliente que la abandonara hasta unos pocos días antes del juicio. Precisamente fue en el momento en el que Cristo Vega dio cuenta al Instituto Canario de la Vivienda de que estaba residiendo allí cuando este organismo tuvo constancia de un nombre para poder denunciar y tratar de recuperar la casa y no antes. Sin previo aviso, al joven le llegó la denuncia del jefe de Servicios de Promoción Pública de Vivienda del Gobierno de Canarias, Juan Francisco Troya Ferrer.

El juicio por presunta “usurpación” se celebró el pasado mes de mayo y la jueza Victoria Rosell absolvió al joven de este delito. En la sentencia se recoge que “no consta en absoluto” que el denunciado ejerciera la fuerza para ocuparla, ni violencia o intimidación y tampoco consta que se mantuviera en ella contra la voluntad manifiesta del Instituto Canario de Vivienda, que no le requirió hasta pocos días antes del juicio oral para que abandonara la casa. Además, hasta ese momento tampoco había iniciado el expediente administrativo de desahucio.

La sentencia, que es firme ya que cabía interponer recurso en el plazo de cinco días pero no fue recurrida, también reconoce tanto el gasto como el esfuerzo y el trabajo invertido por el acusado, que ha prestado un servicio a la propia administración, que no tenía presupuesto para cuidar de sus propios bienes y que tenía una deuda con la comunidad de propietarios.

El abogado explica que otro de los elementos clave es el estado deplorable en el que se encontraba la vivienda antes de que Cristo Vega entrara a ocuparla, lo cual era una evidencia clara de que la casa no estaba en fase de adjudicación como alegaba el jefe de Promoción Pública y Vivienda en su denuncia.  Además, la familia consta como demandante de vivienda pública en el registro oficial.

Vivir en la incertidumbre

A pesar de que la Justicia ha considerado que Cristo Vega no es culpable del delito de usurpación y de que la Fiscalía mantuvo el mismo criterio, el futuro de la familia es ahora una incertidumbre. La vivienda está completamente habilitada pero la pareja no puede dormir tranquila y le apena pensar que el esfuerzo que ha realizado hasta ahora no vaya a valer de nada.

En la sentencia se recoge precisamente lo que el joven cuenta y pudo demostrar con pruebas, que la casa se había convertido antes de su llegada en un auténtico “fumadero de droga”, algo que se hacía la vida imposible a los vecinos del bloque. La vivienda era un “desastre” explica Vega, que subraya que las tuberías habían sido atascadas deliberadamente por los anteriores ocupantes, el suelo había sido levantado en gran parte y las puertas y ventanas habían sido arrancadas.

Con mucho esfuerzo y gracias al material que pudo reunir de vecinos, familiares y allegados, la casa se convirtió de nuevo en un lugar habitable, con las paredes pintadas, los enchufes y tuberías arregladas, el suelo en buen estado… algo que correspondía hacer al Gobierno de Canarias. En la vivienda reside actualmente la pareja con su bebé y ha habilitado una habitación para los fines de semana y vacaciones que le corresponde a Cristo pasar con su hija mayor, fruto de otra relación. Explica que es muy duro no tener electricidad y que, por ejemplo, un vecino le regaló una nevera que está sin usar por este motivo.

A Cristo le gustaría permanecer en esa vivienda ya que anteriormente vivía con su padre en el mismo bloque pero en una situación de hacinamiento familiar. Su padre además está enfermo por lo que le gustaría mantenerse cerca de él para poder cuidarle, así como de una de sus hermanas, que padece una discapacidad y también vive en ese portal. Asegura que es plenamente consciente de que hay muchas personas en su situación, esperando por una vivienda, pero añade que si él no hubiera entrado en ese piso ahora estaría cerrado u ocupado por personas que no daban tranquilidad al vecindario, como ocurría desde 2015, año desde el que han entrado a ocuparla distintas personas, explica.

Cristo cuenta que unos años se dedicaba a montar escenarios y ha trabajado muchos años para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Además, ha sido reconocido como rapero especialmente por una canción que le compuso a la UD Las Palmas en 2016.  Su ocupación sirvió para dar paz a este bloque de viviendas en el Polígono de Cruz de Piedra y acabar con ese punto de conflicto en el que se había convertido la casa. Ahora espera que ese esfuerzo que ha invertido en una vivienda social se le devuelva a su familia.